Una ley federal que prohíbe a las personas acusadas recibir armas de fuego es legal, incluso a la luz de las recientes sentencias de la Corte Suprema de EE. UU., según concluyó una Corte Federal de Apelaciones.
La sección 922(n) del Código 18 de los EE. UU. prohíbe a las personas recibir un arma o munición si están acusadas de un delito punible con más de un año de prisión.
«Consideramos que el gobierno ha cumplido con su carga de demostrar que la sección 922(n) es relevantemente similar a la detención preventiva en la fundación», dijo la juez de circuito Priscilla Richman, de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., en la opinión unánime publicada el 13 de enero.
«Esta regulación moderna ‘encaja perfectamente’ en la tradición histórica de nuestra nación de proteger al público de acusados de delitos graves».
Los jueces de la Corte Suprema en 2022, en un fallo que anuló una ley de armas de Nueva York, dijeron que las leyes que implican el derecho constitucional a portar armas, deben demostrar que son «coherentes con la tradición histórica de esta nación de regulación de armas de fuego». Los magistrados añadieron en una decisión de 2024 que confirmaba una ley federal de armas que «encaja perfectamente en la tradición» de restricciones de armas de fuego en Estados Unidos y que los funcionarios solo necesitan demostrar un «análogo histórico» en lugar de un «gemelo histórico».
Las restricciones de la época de los fundadores, que encarcelaban regularmente a personas acusadas de delitos graves, son muy similares a la ley federal que prohíbe recibir armas de fuego si uno está acusado, escribió Richman en la nueva decisión. Señaló que, en la época de la fundación, a los acusados de robo se les denegaba la libertad bajo fianza y por lo tanto eran desarmados antes de sus juicios, en al menos cinco estados, mientras que el robo era un delito capital en siete estados.
«Basta con que el Gobierno haya demostrado que muchos delitos modernos eran delitos capitales en la época de la fundación y que a los acusados de delitos capitales normalmente se les denegaba la libertad bajo fianza», afirma la sentencia.
A Richman se unieron los jueces de circuito Carolyn Dineen King y Stephen A. Higginson.
El fallo se produjo en un caso presentado por José Gómez Quiroz, acusado en virtud de la ley. Tras ser acusado en Texas de robo con allanamiento de morada y evasión de fianza, Quiroz compró una pistola, según documentos judiciales. Quiroz escribió en un formulario federal que no estaba acusado de un delito por el que pudiera ser encarcelado durante más de un año.
El primer intento de Quiroz de impugnar la ley federal fue desestimado por una corte de distrito de Estados Unidos. Sin embargo, después que los jueces anularan la ley de Nueva York, un nuevo intento obtuvo la opinión favorable del juez de distrito David Counts, quien afirmó que había «pocas pruebas de que la sección 922(n)… se ajuste a la tradición histórica de esta nación».
Las autoridades estadounidenses apelaron, argumentando que la sentencia era incorrecta.
El panel del Quinto Circuito dijo que revocaba la decisión de la corte inferior en parte porque las restricciones de la ley federal están limitadas temporalmente, o solo se aplican al período entre la acusación y el juicio.
«Las restricciones de la ley también tienen un alcance limitado —no prohíben la posesión de armas, solo su envío, transporte o recepción», dijo Richman.
Un abogado de oficio que representa a Quiroz no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.
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