Una corte federal de apelaciones reactivó una demanda contra la moratoria de desalojo de un mes de duración impuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., dictaminando que una corte inferior había desestimado erróneamente el caso.
El 7 de agosto, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU. declaró que los propietarios que impugnaban la moratoria, que en un principio se presentó como temporal pero que finalmente se mantuvo durante casi un año, argumentaban adecuadamente que la moratoria de los CDC equivalía a una confiscación física de sus propiedades de alquiler.
Una parte de la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU., conocida como cláusula de expropiación, establece que “no se expropiará propiedad privada para uso público sin una compensación justa”.
“La orden de los CDC constituye una toma compensable de la propiedad y los derechos de propiedad de los Demandantes sin una compensación justa”, dijeron los propietarios en su demanda.
El juez de distrito, Armando O. Bonilla, desestimó el caso en 2022, al considerar que las impugnaciones en virtud de la cláusula de la enmienda no podían presentarse a menos que la acción gubernamental impugnada estuviera autorizada por el Congreso.
“Los CDC carecían de la autoridad requerida por el Congreso para dictar la moratoria nacional de desalojos residenciales que constituye el núcleo de este caso”, declaró Bonilla.
La corte de apelaciones, sin embargo, dijo que los CDC “estaban actuando dentro del ámbito normal de sus funciones” cuando emitió la moratoria, que detuvo los desalojos desde el 4 de septiembre de 2020 hasta mediados de 2021.
Una ley federal, por ejemplo, confiere a los CDC y a su director la facultad de “establecer y hacer cumplir los reglamentos que, a su juicio, sean necesarios para prevenir la introducción, transmisión o propagación de enfermedades transmisibles… de un estado o posesión a cualquier otro estado o posesión”, y los CDC citaron esa ley, la Ley de Servicios de Salud Pública (PHSA), en su orden.
“En conjunto, las circunstancias aquí indican que los CDC emitieron la orden en un intento de buena fe de prevenir la propagación interestatal de COVID-19, basándose en una interpretación de buena fe de su autoridad en virtud de la PHSA. Esto basta para concluir que los CDC emitieron la orden dentro del ámbito normal de sus funciones a efectos de la demanda sobre expropiaciones”, escribió la jueza de circuito Sharon Prost para la mayoría del panel de la corte de circuito que examinó el recurso.
Los funcionarios tampoco contravinieron ninguna prohibición explícita del Congreso al emitir la orden, dijo también la mayoría, señalando que los miembros nunca se solicitaron revocar la moratoria y de hecho aprobaron ampliarla un mes.
“Justo antes de que la orden expirara por sus propios términos, el Congreso intervino y la prorrogó. Posteriormente, los CDC (ahora bajo una administración diferente) la prorrogaron varias veces más”, dijo Prost. “En todo momento, el gobierno defendió con vehemencia la legalidad de la orden frente a las impugnaciones. En conjunto, estos actos demuestran que la orden es un esfuerzo gubernamental sostenido y exhaustivo que lleva el sello distintivo de la acción gubernamental oficial. En estas circunstancias, existe realmente ‘un poco de reticencia natural a encontrar falta de autoridad’” por parte de los CDC.
A Prost se unió la juez de circuito Kara F. Stoll.
Los CDC, el Departamento de Justicia de EE.UU., que representa a los organismos gubernamentales en los litigios, y un abogado de los propietarios no devolvieron las solicitudes de comentarios.
La Corte Suprema de EE.UU., en un caso separado, dictaminó anteriormente que los CDC no tenían autoridad para decretar la pausa de los desalojos.
“Una cosa sería que el Congreso hubiera autorizado específicamente las medidas adoptadas por los CDC. Pero no ha sido así”, dijo el tribunal en un dictamen sin firma. La mayoría del tribunal de apelaciones tomó nota de ese dictamen, pero dijo que no entraba en conflicto con su sentencia.
“La cuestión de la autoridad legal es distinta de la cuestión de la autoridad a efectos de la demanda de expropiación. Sólo la primera estaba implicada” en el caso en el que falló la Corte Suprema, escribió Prost, añadiendo después que “no estamos dispuestos a asumir que la Corte Suprema, al evaluar el fondo de la cuestión de la autoridad estatutaria de la PHSA, también decidió implícitamente (o incluso sugirió) que la orden no estaba autorizada en el sentido de expropiación”.
El Juez del Circuito de EE.UU. Timothy B. Dyk dijo en un voto particular que la decisión de la mayoría sí entraba en conflicto con la decisión de la Corte Suprema.
“En resumen, la decisión de la Corte Suprema sostuvo específicamente que la moratoria de desalojos estaba fuera del ámbito normal de las funciones de la agencia o de cualquier interpretación razonable de sus poderes”, escribió, y añadió que “no puede haber una demanda de expropiación por tales actos no autorizados de un funcionario del gobierno”.
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