Corte de Apelaciones restablece ley de Arizona que permite cancelar registros de votantes

Por Zachary Stieber
21 de septiembre de 2024 12:58 PM Actualizado: 21 de septiembre de 2024 12:58 PM

Una corte federal de apelaciones restableció el 20 de septiembre dos disposiciones de una ley relativa a las elecciones en Arizona que habían sido bloqueadas.

El panel de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito restableció la ley que permite a los registradores del condado cancelar el registro de un votante si el condado se entera de que el votante se registró para votar en otro condado. El duplicado del registro debe confirmarse con el otro condado, según la ley.

En 2022, el juez de distrito G. Murray Snow dictó una medida cautelar que bloqueó las disposiciones, al considerar que entraban en conflicto con la Ley Nacional de Registro de Votantes, que solo permite revocar el registro de votantes si el propio votante confirma que se mudó o si el estado envía una notificación al votante y este no responde.

La mayoría del panel, sin embargo, dijo que los grupos que demandaron la disposición no tienen derecho a impugnarla.

El juez de circuito Kenneth K. Lee, citando una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de principios de este año, dijo que las organizaciones deben demostrar que están directamente afectadas por una ley para tener derecho a impugnarla y que los grupos «alegaron solo una misión frustrada y recursos desviados».

Incluso si tuvieran legitimación, la disposición no entra en conflicto con la Ley Nacional de Registro de Votantes, porque el votante está confirmando que ha cambiado de residencia al registrarse para votar en un nuevo condado, escribió Lee por separado en una opinión concurrente.

El juez de Circuito de Estados Unidos, Daniel P. Collins, se unió a Lee en el fallo sobre la legitimación.

La jueza Jacqueline H. Nguyen, que en parte disintió, escribió que, en su opinión, las organizaciones están legitimadas para impugnar la disposición de cancelación.

«Aunque los demandantes podrían seguir registrando y educando a los votantes sin cambiar sus prácticas en respuesta a la disposición de cancelación, los registros serían inadecuados, y la educación incompleta, bajo la visión de la ley de los demandantes», dijo la jueza Nguren.

«En última instancia, no importa que la desestimación concluyente del fondo por parte de la mayoría sea errónea. Basta, a efectos de legitimación, con que la interpretación legal de los demandantes sea al menos discutible. La mayoría se equivoca al exigir más».

La mayoría también retiró la medida cautelar contra otra parte de la ley, que expone a una acusación de delito grave a una persona que «a sabiendas proporciona un mecanismo para votar a otra persona que está registrada en otro estado, incluso mediante el reenvío de una papeleta de voto anticipado dirigida a la otra persona».

El juez de distrito Snow dictaminó que la disposición era inconstitucionalmente vaga porque los legisladores no habían definido el «mecanismo para votar».

«Por lo tanto, no es posible para una persona de inteligencia media, saber cómo se interpretará», escribió entonces. «Como resultado, muchos de los esfuerzos organizativos de los demandantes, como las campañas de registro de votantes, podrían entrar dentro de la disposición sobre delitos graves».

Si bien las organizaciones estaban legitimadas para impugnar la disposición de delito grave porque se enfrentan a la posibilidad de enjuiciamiento, el juez Lee dijo en la nueva decisión, es poco probable que prevalezcan en la impugnación porque la frase «mecanismo para votar» no es inconstitucionalmente vaga.

Interpretada en su sentido corriente, la expresión «mecanismo para votar» se refiere probablemente a un proceso, una técnica o un instrumento para emitir un voto», dijo Lee. «Esa interpretación en sentido llano de la frase no incluye actividades como el registro de votantes porque proporcionar un mecanismo para registrarse para votar es diferente de proporcionar un ‘mecanismo para votar’».

La oficina del secretario de Estado de Arizona, que defendió la ley, no respondió a una solicitud de comentarios. Un abogado que representa a las organizaciones que demandaron, entre las que se encuentra la Arizona Alliance for Retired Americans, no devolvió una consulta.


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