En el último reto legal contra los esfuerzos de amplio alcance del presidente Joe Biden para encontrar maneras de condonar la deuda estudiantil, una Corte Federal de Apelaciones bloqueó partes de una norma del Departamento de Educación que buscaba facilitar que los prestatarios estudiantiles obtuvieran ayuda si eran víctimas de fraude o habían sido engañados por las universidades.
En un caso que enfrenta a Career Colleges & Schools of Texas (CCST) en contra del Departamento de Educación de EE. UU., la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, el 7 de agosto emitió una orden (pdf) que suspende la aplicación de la llamada disposición de «defensa del prestatario» de una norma de la administración Biden que pretendía ampliar los factores desencadenantes para condonar una deuda estudiantil.
«Se ordena que se CONCEDA la moción de emergencia de oposición del apelante para una medida cautelar en apelación a las disposiciones de defensa del prestatario y disposiciones de escuela cerrada de una ‘regla’ que rige las descargas de préstamos estudiantiles”, escribieron los jueces en la decisión, que bloquea las disposiciones mientras se resuelve el caso que está bajo apelación.
El Departamento de Educación argumentó anteriormente que su renovada norma de defensa del prestatario logró el «equilibrio adecuado» entre la denegación de reclamaciones sin mérito por parte de los prestatarios estudiantiles, a la vez que facilita que aquellos que legítimamente experimentaron daños debido a las reclamaciones de contrataciones engañosas y otras formas de actividad cuestionable o ilícita por parte de las escuelas que reciben algún tipo de compensación.
Por otra parte, el demandante, la CCST, que representa a más de 70 instituciones educativas con fines de lucro en Texas, argumentó en los tribunales que la norma de defensa del prestatario —que ya no requiere que los prestatarios demuestren un daño individualizado en la mayoría de las circunstancias— impone una carga injusta de costos a las instituciones educativas y que esta formaba parte de la promesa electoral del Sr. Biden de condonar la deuda estudiantil a gran escala.
El Departamento de Educación no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Career Education Colleges and Universities (CECU), un grupo que se opuso a la regla de defensa del prestatario del Departamento de Educación durante el período de comentarios sobre la reglamentación propuesta, emitió una declaración señalando que estaba satisfecho con la decisión de la Corte de Apelaciones.
«La imposición de estas dos disposiciones habría sido perjudicial para las escuelas profesionales de Texas y de todo el país», declaró el presidente y CEO de la CECU, Jason Altmire.
Por el contrario, Aaron Ament, presidente de la Red Nacional de Defensa Legal de los Estudiantes y exabogado del Departamento de Educación, emitió una declaración en la que criticaba la sentencia.
«Hasta que se restablezcan estas protecciones, innumerables estudiantes corren el riesgo de que se aprovechen de ellos los especuladores de la enseñanza superior, que explotan a los estudiantes con escasa responsabilidad», dijo Ament en una declaración.
En principio, la norma debía entrar en vigor el 1 de julio, pero el recurso interpuesto por Career Colleges & Schools of Texas (CCST) frenó su aplicación.
«Amplia condonación de préstamos estudiantiles» sin posibilidades de recurso
La demanda presentada en febrero de 2023 (pdf) por la CCST se deriva de una norma adoptada por el Departamento de Educación en noviembre de 2022, que implementó el estatuto de defensa del prestatario, dando a los prestatarios nuevas formas de evitar el pago de su deuda federal de préstamos estudiantiles.
Específicamente, el estatuto de defensa del prestatario permite a los prestatarios buscar ayuda de su deuda federal de préstamos estudiantiles si fueron defraudados o engañados por una escuela. El programa ofrece a los prestatarios un proceso para que el Departamento de Educación les condone la totalidad de sus préstamos estudiantiles federales si pueden demostrar que su escuela incurrió en ciertos tipos de prácticas engañosas o ilegales.
Sin embargo, la CCST argumentó en su denuncia que el programa estaba muy sesgado hacia reclamaciones no probadas de los prestatarios, en detrimento de las escuelas. También señalaron que la administración Biden había prometido en sus promesas electorales condonar la deuda estudiantil a gran escala.
«Los objetivos aparentes de este nuevo marco son lograr la condonación masiva de préstamos a los prestatarios y reasignar la correspondiente responsabilidad financiera masiva a las instituciones de educación superior», escribieron los abogados del CCST en la demanda.
Ellos sostuvieron además que la norma «causaría daños financieros y de reputación a las escuelas, daños educativos a los estudiantes y daños presupuestarios al público», a la vez que representa una extralimitación «masiva» del gobierno.
La CCST también señaló que una de las partes más notables de la norma era la creación de una nueva forma de condonar los préstamos estudiantiles a través de un denominado «proceso de grupo», básicamente una forma de acción colectiva que carecía de procedimientos para que las escuelas la impugnaran, por ejemplo, como siendo parte de un proceso de presentación de pruebas o el interrogatorio individual de testigos.
Calificando la norma de parte del «arsenal de la administración Biden para perseguir una amplia condonación de los préstamos estudiantiles», el CCST argumentó en su demanda que la norma renovada de defensa del prestatario crea resultados más favorables para los prestatarios en los procedimientos de grupo frente a los individuales, por lo que es «arbitraria y caprichosa, y viola los principios fundamentales del debido proceso».
«Cargas irrazonables para los prestatarios»
Por el contrario, el Departamento de Educación dijo en un anuncio de noviembre de 2022 que en el curso de los comentarios públicos sobre la propuesta de reglamento, muchos de los comentaristas apoyaron la reforma de la regla de defensa del prestatario porque la versión anterior «requería que los prestatarios cumplieran con un estándar poco realista que hacía extremadamente difícil demostrar el daño».
«Otros comentarios apoyaron las regulaciones propuestas, citando que son más ágiles, más fáciles de administrar, menos confusas, y eliminan cargas irrazonables para los prestatarios», dijo el Departamento de Educación en ese momento.
Antes de la demanda de la CCST, también se expresó cierta oposición a la nueva norma como parte del proceso de comentarios, incluido el argumento de que el Departamento de Educación carecía de autoridad legal para emitirlos, que las normas son demasiado vagas, y que a las instituciones no se les dio suficiente debido proceso.
Los comentaristas que se opusieron a la norma también argumentaron que daría lugar a reclamaciones frívolas e impondría mayores costos a las instituciones, tanto en términos de defensa contra los esfuerzos de recuperación como de daño a la reputación de las instituciones, así como la posibilidad de acciones por parte de otros reguladores, la pérdida de financiación privada y la posibilidad de demandas de los prestatarios.
En su resolución del 7 de agosto, la Corte de Apelaciones fijó para el 6 de noviembre la audiencia del caso. El jefe ejecutivo de la CECU dijo que cree que hay «muchas posibilidades» de que la norma sea finalmente anulada en una sentencia definitiva.
«El caso de la CCST contra la norma ilegal BDR del Departamento de Educación es fuerte y estamos seguros de que cuando se presente el caso, los hechos demostrarán que la nueva norma es una extralimitación de la agencia en violación de la autoridad del Departamento, la Ley de Procedimiento Administrativo, y la Constitución», dijo el Sr. Altmire en una declaración.
«Sabiendo que esta norma tiene muchas posibilidades de ser anulada durante el próximo proceso judicial, es injustificable permitir su aplicación mientras continúan los procedimientos judiciales», añadió el Sr. Altmire.
Por el contrario, el Sr. Ament, del grupo de defensa estudiantil, dijo que la medida cautelar de la Corte de Apelaciones equivalía a abrir la temporada en contra de los estudiantes por parte de instituciones sin escrúpulos.
«No podemos permitirnos que las escuelas deshonestas sigan perjudicando a los estudiantes. Los prestatarios defraudados tienen derecho a una reparación y sus instituciones deben rendir cuentas», afirmó el Sr. Ament.
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