Un tribunal federal de apelaciones ha bloqueado permanentemente el intento de la Administración Biden de obligar a médicos y aseguradoras a realizar o pagar procedimientos de transición de género aunque se opongan por motivos de conciencia y criterio médico, basando su decisión en la protección constitucional de la libertad religiosa.
El 9 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito de Estados Unidos emitió una sentencia unánime (pdf) que bloquea el controvertido mandato sobre transexualidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).
Emitido en 2016, el mandato interpretaba la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles de manera que obligaba a los médicos a realizar procedimientos de transición de género a cualquier paciente, incluidos los niños, incluso si el médico estaba convencido de que el procedimiento podría perjudicar al paciente.
Mandato controvertido
El mandato también obligaba a la gran mayoría de las compañías de seguros privadas y a muchos empleadores a cubrir los costos de la terapia de transición de género o enfrentarse a sanciones.
El propio panel de expertos médicos del HHS reconoció que los procedimientos de transición de género pueden ser perjudiciales y, en muchos casos, no están justificados desde el punto de vista médico, por lo que el HHS determinó que Medicare y Medicaid no debían verse obligados a cubrir dichos procedimientos.
La investigación ha demostrado que los procedimientos de transición de género conllevan riesgos significativos para los niños, como la pérdida de densidad ósea, enfermedades cardíacas y cáncer.
«No hacer daño»
Las organizaciones religiosas y los estados demandaron para bloquear el mandato, el Fondo Becket para la Libertad Religiosa y la oficina del fiscal general de Dakota del Norte representando a algunos de los grupos.
«El gobierno federal no tiene por qué obligar a los médicos a violar su conciencia o a realizar procedimientos controvertidos que podrían dañar permanentemente a sus pacientes», dijo en un comunicado Luke Goodrich, vicepresidente y abogado principal de Becket.
«Este es un fallo de sentido común que protege a los pacientes, se alinea con las mejores prácticas médicas y garantiza que los médicos puedan seguir su juramento hipocrático de ‘no hacer daño'», agregó.
Becket presentó la demanda en 2016 en nombre de una coalición de hospitales católicos, una universidad católica y monjas católicas que dirigen clínicas de salud para los pobres.
Un tribunal federal de distrito bloqueó la entrada en vigor del mandato, lo que llevó a la Administración Biden a apelar el caso ante el 8º Circuito, que en su fallo del 8 de diciembre concluyó que el tribunal inferior «sostuvo correctamente que la ‘intrusión en el ejercicio de la religión del demandante católico» justificaba una orden judicial permanente.
El gobierno de Biden dispone de 90 días para apelar la decisión ante la Corte Suprema de EE. UU. o de 45 días para pedir al 8º Circuito que reexamine el caso.
La Casa Blanca no ha reaccionado inmediatamente a la sentencia.
Goodrich dijo en una llamada con periodistas que duda que la «Administración Biden siga cualquiera de estas vías».
El caso es Religious Sisters of Mercy vs Becerra, caso nº 21-1890.
Otros casos
Además del caso Religious Sisters of Mercy vs Becerra, Becket también representa a los demandantes en otro caso distinto pero relacionado, presentado inicialmente ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Texas.
En ese caso, conocido como Franciscan Alliance vs Becerra, el tribunal de Texas emitió un fallo preliminar en diciembre de 2016 que el mandato era una probable violación de la libertad religiosa, pero se detuvo antes de emitir una orden que habría bloqueado la aplicación de la política.
Tras una apelación de los demandantes, que solicitaban una orden judicial permanente para bloquear el mandato, el tribunal acordó en 2021 conceder una exención permanente a médicos y hospitales.
El gobierno de Biden apeló, pero perdió.
El 26 de agosto de 2022, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito confirmó la decisión del tribunal de distrito y emitió una orden judicial permanente que permite a médicos y hospitales decidir si llevan a cabo procedimientos de transición de género basándose en su conciencia y criterio médico.
«El intento del gobierno de obligar a los médicos a ir en contra de su conciencia es malo para los pacientes, malo para los médicos y malo para la libertad religiosa», declaró Goodrich en un comunicado.
El gobierno de Biden ha hecho de las cuestiones transgénero un pilar político clave, defendiendo firmemente a las personas que desean someterse a procedimientos y terapias de transición de género y oponiéndose a políticas como la llamada «terapia de conversión», como la denominan sus detractores, y la «terapia de cambio», como la suelen llamar sus defensores.
Este tipo de terapia es básicamente un asesoramiento que ayuda a las personas que quieren cambiar su orientación sexual o que quieren dejar de serlo tras haber cambiado antes su identidad o expresión de género.
«La expresión ‘terapia de conversión’ es provocativa, peyorativa y está mal definida», escribió André Van Mol, médico de familia colegiado y copresidente del Comité sobre Sexualidad Adolescente del Colegio Americano de Pediatras.
«Es una táctica de bloqueo que combina tanto alusiones antirreligiosas (‘conversión’, implícitamente forzada) como intimidación contra los terapeutas que permiten la investigación dirigida por el paciente de un posible cambio», añadió Van Mol.
Ataque a la «terapia de conversión»
En una orden ejecutiva de 10 páginas emitida el 15 de junio de 2022, el presidente Joe Biden se comprometió a defender a la comunidad LGBT de diversas formas de discriminación y expresó su oposición a la «terapia de conversión».
La orden, que iba acompañada de una explicación de siete páginas, describe la terapia de conversión como «los esfuerzos para suprimir o cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de un individuo».
En la orden, Biden pidió un impulso de toda la administración para eliminar el uso de este tipo de terapia por parte de los terapeutas en todo el país, describiendo la práctica como «perjudicial» y «desacreditada» y que «puede causar daños significativos, incluyendo mayores tasas de suicidio».
Veinte estados y más de 100 municipios han prohibido la «terapia de conversión» en menores.
La Asociación Americana de Psicología, en un informe publicado en 2009, afirmó que las terapias utilizadas para intentar cambiar la orientación sexual pueden ser perjudiciales y que la mayoría no tienen éxito.
Pero algunos miembros de la comunidad médica han criticado que se recurra al informe de la Asociación Americana de Psicología para atacar la terapia de cambio.
«El informe de 2009 del Grupo de Trabajo de la Asociación Americana de Psicología (en la página 43), habitualmente citado de forma errónea, afirmaba específicamente que la terapia moderna de cambio permitido ‘desde 1978’ era ‘no desagradable’, es decir, que no infligía dolor ni vergüenza», escribió Van Mol en un correo electrónico a The Epoch Times.
Van Mol dijo que el informe del Grupo de Trabajo afirma explícitamente en las páginas 43 y 82 que la investigación que cumple con los estándares científicos no permite atribuir daño o ayuda, ineficacia o eficacia, a la terapia de cambio.
«Prohibir la elección de asesoramiento para la disforia de género condena a los jóvenes de minorías sexuales, ya en situación de riesgo, a una terapia de afirmación de género (TAG) experimental y no probada, hormonal y quirúrgica, que medicaliza de forma permanente y prematura a los niños para una afección que se resuelve de forma abrumadora en la edad adulta», dijo.
Van Mol afirmó que no se ha demostrado que la TAG sea segura y eficaz. No reduce los suicidios y no es la norma internacional de atención a los menores con disforia de género».
«Discriminación de puntos de vista aprobada por el Estado»
Elizabeth Woning, de California, es cofundadora de Changed Movement, una red internacional de personas que ya no se identifican como LGBT.
«La llamada terapia de conversión es una frase peyorativa que se está utilizando para promover la discriminación de puntos de vista aprobada por el Estado», dijo Woning a The Epoch Times en una entrevista anterior. «Las personas que se identifican como LGBTQ merecen el derecho a seguir su conciencia, incluso cuando eso signifique recibir apoyo para disminuir sentimientos sexuales no deseados».
«Estas prohibiciones simplifican drásticamente la experiencia vivida por cualquiera que se identifique como LGBTQ. Solo ofrecen un camino a seguir, independientemente de la fe o la conciencia de cada uno», afirmó.
Robert Vazzo, terapeuta de Nevada, declaró a The Epoch Times que se opone a que la Administración Biden se oponga a la «terapia de conversión», un concepto que, en su opinión, no está claramente definido y abre la puerta a que el gobierno se extralimite y abuse.
«No prohibamos nada que no esté bien definido y que pueda dar lugar a una cacería de brujas entre los terapeutas cuya visión del mundo respecto a la homosexualidad sea diferente de la corriente dominante», afirmó.
Vazzo dijo que los tribunales han afirmado sistemáticamente el derecho de un terapeuta a dar su opinión durante una sesión como parte de la libertad de expresión.
Con información de Steven Kovac.
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