Una corte federal de apelaciones rechazó el 30 de octubre una demanda presentada por la ciudad de Huntington Beach que cuestionaba la constitucionalidad de las leyes de vivienda de California que obligan a las ciudades a crear un plan para aumentar los niveles de vivienda asequible.
La corte del Noveno Circuito, compuesta por tres jueces, emitió un dictamen unánime en el que se citaban los precedentes y la falta de legitimación activa como razones para rechazar las demandas de la ciudad.
El gobernador Gavin Newsom recibió con satisfacción la decisión, diciendo que el fallo hace retroceder el «intento cínico de la ciudad para evitar que el estado haga cumplir nuestras leyes de vivienda».
«No más excusas», dijo en una declaración del 30 de octubre . «Todas las ciudades deben cumplir la ley estatal y hacer lo que les corresponde».
California demandó a la ciudad playera en marzo de 2023 alegando que la ciudad estaba violando las leyes de vivienda. Los funcionarios de Huntington Beach respondieron con una demanda contra el estado, que fue inicialmente desestimada en noviembre de 2023 por una corte de distrito de Los Ángeles.
Ahora, una corte de apelaciones ha confirmado esa decisión. En el dictamen, los jueces dijeron que los fallos anteriores establecen que las ciudades y sus funcionarios tienen prohibido impugnar si las leyes estatales son constitucionales en una corte federal. La corte rechazó el argumento de Huntington Beach de que su condición de corporación municipal y ciudad con estatuto de autonomía le da potestad para hacerlo.
Funcionarios de Huntington Beach no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el fallo actual.
El abogado de la ciudad, Michael Gates, dijo anteriormente a The Epoch Times que cree que la ciudad está legitimada.
«Debido a que somos una ciudad autónoma tenemos nuestra propia legitimación para presentar demandas federales en las cortes federales», dijo.
La ciudad ha argumentado que el requisito del estado de que la zona para más de 13,000 unidades de vivienda fue la mayor asignación en el estado, y desproporcionada con respecto a otras ciudades, entre otras cuestiones.
Dado que 8000 de esas unidades debían reservarse como «asequibles» para residentes con ingresos muy bajos, bajos y moderados, la ciudad afirmó que, para alcanzar esa cifra, tendrían que construirse potencialmente 40,000 unidades, ya que los promotores normalmente solo pueden incluir como asequibles unas 20 de las unidades de un proyecto urbanístico para seguir siendo rentables.
El máximo responsable de la aplicación de la ley en California afirmó que la sentencia del 30 de octubre estaba bien fundamentada.
«Me complace que otra corte más haya rechazado rotundamente el intento de Huntington Beach de eximirse de las leyes estatales de vivienda», dijo el fiscal general Rob Bonta en un comunicado.
Dijo que la demanda del estado contra la ciudad se mantiene, y que está comprometido a «buscar todos los recursos» para las violaciones de la ley de vivienda.
En mayo, un juez de la Corte Superior de San Diego falló a favor del estado en esa demanda. La sentencia habría obligado al ayuntamiento a presentar un plan de vivienda en un plazo de 120 días. Sin embargo, la ciudad apeló también en ese caso.
En ese momento, los funcionarios de Huntington Beach dijeron que seguirían trabajando para oponerse a los mandatos de vivienda del estado.
«Estamos comprometidos a oponernos a la extralimitación de Sacramento», dijo la alcaldesa Gracey Van Der Mark en un comunicado. «Los ‘mandatos’ estatales de viviendas de alta densidad en nuestra ciudad ponen en peligro nuestro suministro de aguas subterráneas, dañan nuestra fauna y flora y nuestros humedales, y amenazan con aumentar la contaminación y el ruido».
Michael Gates, abogado de la ciudad playera también conocida como Surf City, también declaró a principios de año que los desafíos legales seguirán adelante.
«Continuaremos estas batallas en todos los frentes, y no nos dejaremos disuadir ni intimidar», afirmó Gates en el comunicado de la ciudad tras la sentencia anterior.
Afirmó que las leyes de vivienda son «perjudiciales» para la calidad de vida de los residentes y para el medio ambiente y los recursos naturales de la ciudad.
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