Un tribunal de apelación de California tachó de inconstitucional una ley estatal que penalizaba a los trabajadores de la atención a los ancianos por utilizar pronombres incompatibles con la identidad de género alegada por los pacientes de atención a largo plazo.
La identidad de género es un concepto controvertido. La falta de claridad lingüística ha enturbiado la cuestión en los últimos años, ya que los conceptos de sexo e identidad sexual, o de género, un concepto política y científicamente controvertido cuya definición no es objeto de acuerdo universal, se han vuelto difíciles de separar. A pesar de los distintos significados de las dos palabras, muchas instituciones y personas utilizan «género» para referirse al sexo biológico, especialmente en los formularios y documentos que se rellenan.
No utilizar el género en su nuevo significado puede resultar costoso hoy en día.
Una ley de derechos humanos de Nueva York que prohíbe la discriminación por identidad de género impone multas de hasta 250,000 dólares por no utilizar los pronombres personales preferidos de una persona.
El gigante de las redes sociales Twitter suspende las cuentas de los usuarios por «equivocarse de género» o «deadnaming» a las personas transgénero, calificándolo de acoso y abuso. Deadnaming es referirse a las personas por los nombres que usaban antes de cambiar su identidad de género (por ejemplo, llamar a Caitlyn Jenner por el nombre de nacimiento de esa persona, Bruce Jenner).
Según se informa, Facebook reconoce al menos 58 géneros, lo que permite a los usuarios seleccionar qué género utilizar en las autodescripciones de sus perfiles. Entre ellos están el andrógino, el bigénero, el cisgénero, el género fluido, el género queer, el no binario, el pangénero, el trans y el biespíritu.
Pero en una rara derrota legal para el movimiento transgénero, un fallo de la Corte de Apelaciones del Estado de California del 3er Distrito de Apelaciones se puso del lado de las protecciones de expresión de la Primera Enmienda en detrimento de los activistas. El fallo del panel de tres jueces fue unánime.
La decisión del tribunal en Taking Offense contra el Estado de California, se produjo el 16 de julio. Taking Offense es un grupo informal de contribuyentes del estado.
La decisión del tribunal afecta a la Declaración de Derechos de los Residentes de Centros de Atención a Largo Plazo Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGTB), declaración que la Legislatura de California añadió al Código de Salud y Seguridad del estado en 2017.
El senador estatal Scott Wiener, un demócrata, dijo en 2017 que escribió el proyecto de ley porque los ancianos LGTB se enfrentan a desafíos especiales que no estaban cubiertos por las leyes existentes de los hogares de ancianos, informaron medios locales.
Wiener dijo que había recibido informes de ancianos LGTB que eran maltratados.
«Tenemos una serie de organizaciones de defensa que están muy entusiasmadas con el proyecto de ley, que nos ayudaron a conseguir que se aprobara, y definitivamente están haciendo correr la voz de que las personas que viven en centros de atención a largo plazo tienen estas protecciones y deben ser conscientes de ellas», dijo.
La sección 1439.51 del Código de Salud y Seguridad, subdivisión (a)(5), «prohíbe a los miembros del personal de los centros de cuidados de larga duración referirse voluntaria y repetidamente a un residente del centro por otro nombre o pronombre que no sea el preferido por el residente cuando se le haya informado claramente del nombre y el pronombre», según los documentos del tribunal.
Taking Offense impugnó esa disposición, argumentando que viola los derechos de los miembros del personal de los centros de atención a la libertad de expresión, el libre ejercicio de la religión y las libertades de pensamiento y creencia, y que es vaga y excesivamente amplia.
El tribunal dijo que «reconocía el objetivo legítimo y loable de la Legislatura de erradicar la discriminación contra los residentes LGTB de los centros de cuidados de larga duración», pero declaró que «estamos de acuerdo con Taking Offense en que (…) la disposición sobre el pronombre, es una restricción de la expresión basada en el contenido que no sobrevive al escrutinio estricto».
«La disposición sobre el pronombre —ya sea aplicada mediante sanciones penales o civiles— es excesivamente inclusiva en el sentido de que restringe más expresión de la necesaria para lograr el interés imperioso del gobierno de eliminar la discriminación, incluido el acoso, por razón de sexo. En lugar de prohibir conductas y discursos que constituyan acoso o discriminación procesables, tal y como se definen legalmente esos términos, la ley penaliza incluso los casos ocasionales, aislados y fuera de lugar de faltas de expresión por razón de sexo —siempre que haya habido al menos un caso anterior— sin exigir que esos casos ocasionales de faltas de expresión constituyan una conducta de acoso o discriminación».
«Utilizando el contexto del lugar de trabajo como analogía, el estatuto prohíbe el tipo de declaraciones aisladas que no son lo suficientemente graves o generalizadas como para crear un entorno laboral objetivamente hostil».
«No hay ningún requisito en el estatuto de que los comentarios erróneos en cuestión aquí afecten negativamente al acceso de cualquier residente a la atención o al curso del tratamiento. De hecho, no hay ningún requisito de que el residente sea siquiera consciente de la falta de distinción de género».
En este caso, el fiscal general «no ha demostrado que la penalización de los casos ocasionales, de improviso o aislados de uso indebido de los géneros, que no tienen por qué producirse en presencia del residente y no tienen por qué tener un efecto acosador o discriminatorio sobre el tratamiento o el acceso a la atención del residente, sea necesaria para promover ese objetivo».
The Epoch Times solicitó durante el fin de semana una solicitud de comentarios al fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
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