Una corte federal de apelaciones declaró inconstitucional un mandato de la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles, aunque se ha negado a bloquear el requisito.
Un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. dictaminó el 21 de junio que el mandato que obliga a las aseguradoras a cubrir los servicios preventivos, como las pruebas de detección del cáncer y los medicamentos para la prevención del VIH, es inconstitucional porque el grupo de trabajo que establece estos requisitos no fue nombrado por el presidente ni confirmado por el Senado.
La Ley de Cuidados de la Salud Asequibles, conocida comúnmente como Obamacare, exige la cobertura de la «atención preventiva», pero no incluye una definición de dicha atención. En su lugar, exige la cobertura de los servicios y medicamentos preventivos que reciban una calificación A o B del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos.
Los miembros del grupo de trabajo tienen un poder similar al de los cargos presidenciales, pero no son nombrados por los presidentes. El grupo de trabajo es totalmente independiente y emite calificaciones jurídicamente vinculantes sin supervisión, según el panel.
«El poder irrevocable que ejerce —el poder de emitir recomendaciones de atención preventiva que las aseguradoras deben cubrir por ley— convierte a sus miembros en funcionarios principales de Estados Unidos que no han sido nombrados válidamente en virtud del artículo II de la Constitución de Estados Unidos», escribió el juez de circuito Don Willett.
El secretario de Sanidad, Xavier Becerra, intentó resolver los problemas constitucionales emitiendo una ratificación post-hoc de las calificaciones del grupo de trabajo. Sin embargo, ese memorando tiene múltiples defectos, y la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles no autoriza al secretario de Salud a examinar o revisar las calificaciones, según el nuevo fallo.
Gene Hamilton, un abogado de America First Legal que representa a las empresas cristianas que demandaron por la ley, dijo en un comunicado que el fallo «es una victoria para la Constitución, el estado de derecho y todos los estadounidenses que no quieren que burócratas no elegidos tomen decisiones sobre su cobertura de salud».
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. no respondió a una solicitud de comentarios.
La sentencia solo bloquea el mandato para las empresas que interpusieron una demanda por la cobertura obligatoria, aunque el caso podría llevar en última instancia a la anulación de la cobertura para todos.
El juez Willett estuvo acompañado en la decisión unánime por los jueces del Circuito de EE. UU. Cory Wilson e Irma Carrillo Ramirez.
El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos otorgó en 2019 una calificación A a los medicamentos que previenen la transmisión del VIH, lo que provocó una demanda de empresarios y negocios cristianos, entre ellos Braidwood Management. Los demandantes alegaron que estar obligados a cubrir los medicamentos violaba sus creencias al «hacerlos cómplices de facilitar el comportamiento homosexual, el consumo de drogas y la actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer».
El juez de distrito estadounidense Reed O’Connor dictaminó en 2023 que la cobertura obligatoria del grupo de trabajo violaba los derechos de libertad religiosa de las empresas. Bloqueó la cobertura recomendada por el grupo de trabajo desde que se promulgó la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles, no solo para los demandantes, sino también en todo el país.
La corte de apelaciones, que previamente había suspendido ese bloqueo, dictaminó el viernes que el juez no debería haber emitido una orden judicial a escala nacional, en parte porque el caso no cae dentro de las estrechas categorías que el circuito ha identificado como apropiadas para un alivio tan amplio.
La sentencia no afecta a otras coberturas obligatorias del Obamacare, como las vacunas recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y los servicios recomendados por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés)
El juez O’Connor consideró válidos esos requisitos, ya que las recomendaciones del comité deben ser aceptadas por los CDC, y la HRSA es una agencia gubernamental bajo la supervisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los jueces de la corte de apelaciones, sin embargo, no estaban seguros, señalando que los demandantes habían presentado «argumentos convincentes y esencialmente no refutados» que indicaban que esas recomendaciones también podían adolecer de problemas constitucionales.
Los jueces se negaron a pronunciarse sobre la cuestión, encargando en cambio al juez O’Connor que los examinara.
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