A última hora del 20 de junio, una corte federal de apelaciones denegó la petición urgente de Steve Bannon de aplazar su pena de prisión.
En un fallo dividido, un panel de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia dijo que la solicitud del Sr. Bannon «no justifica una desviación de la regla general de que un acusado ‘deberá … ser detenido’ tras la condena y la imposición de una pena de prisión».
El señor Bannon, de 70 años, quien fue asesor del presidente Donald Trump, fue declarado culpable de desacato al Congreso y condenado a cuatro meses de prisión.
Se le había permitido permanecer en libertad a la espera de una apelación, pero después de que la corte de apelaciones rechazara en mayo su apelación, el juez le ordenó recientemente que se presentara en prisión el 1 de julio.
Los demandados pueden permanecer en libertad si plantean una «cuestión sustancial de derecho o de hecho que pueda dar lugar a la revocación [o] a una orden de un nuevo juicio» y el Sr. Bannon lo había hecho, dijo anteriormente el juez de distrito Carl Nichols. Sin embargo, a la luz de la sentencia de la corte de apelación, ese ya no era el caso, dijo el juez Nichols el 6 de junio.
Dio permiso a Bannon para solicitar una suspensión de su orden, que, de concederse, retrasaría la pena de prisión.
Bannon ha dicho que se basó en un abogado cuando se negó a cooperar con las citaciones del Congreso. En una moción de emergencia ante la corte de apelaciones, sus abogados dijeron que existe una cuestión sustancial en torno a si las personas que confían en el asesoramiento de un abogado pueden ser procesadas en virtud de una ley que prohíbe no cumplir “intencionadamente” con las citaciones de la Cámara de Representantes o el Senado de Estados Unidos.
En Licavoli contra Estados Unidos, una sentencia de 1961, la corte de apelaciones concluyó que negarse deliberadamente a acatar las citaciones del Congreso constituía una violación de la ley. Que un acusado lo hiciera «por consejo de un abogado no es defensa», dijo entonces la corte.
Aunque tanto el juez Nichols como la corte de apelaciones citaron el caso Licavoli para rechazar los argumentos de Bannon, sus abogados dijeron que la Corte Suprema probablemente rechazaría el precedente si se le presentara el caso.
«Como reconoció el panel, la Corte Suprema ha enfatizado desde entonces la regla ‘general’ de que ‘voluntariamente’ significa que un acusado debe actuar con ‘conocimiento de que su conducta era ilegal’, una interpretación que favorece fuertemente al Sr. Bannon», escribieron.
«Pero la corte se sintió obligada a ignorar la ‘regla general’ de la Corte Suprema debido a la decisión de hace sesenta años en el caso Licavoli. La Corte Suprema no está tan obligada, sin embargo, y hay al menos una buena posibilidad de que la corte se adhiera a su regla general y adopte la interpretación del Sr. Bannon del artículo 192, lo que necesariamente hace que la cuestión sea ‘sustancial'».
Por su parte, los fiscales instaron a la corte a denegar la petición del Sr. Bannon, afirmando que no ha demostrado que haya planteado una cuestión sustancial de hecho o de derecho según sea necesario.
Los jueces Cornelia Pillard, nombrada por el presidente Barack Obama, y Bradley Garcia, nombrado por el presidente Joe Biden, se pusieron del lado del gobierno.
El Sr. Bannon «argumenta que es probable que la Corte Suprema, o esta corte reunida en pleno, anule nuestra decisión claramente aplicable en el caso Licavoli contra Estados Unidos», dijeron. Pero los jueces dijeron que el máximo tribunal de la nación «ha tratado el requisito de intencionalidad del estatuto de desacato al Congreso de manera que ‘apoya firmemente … la sentencia de Licavoli'».
En una disidencia, el juez de circuito de Estados Unidos Justin Walker, nominado por el presidente Trump, escribió que la Corte Suprema bien podría terminar fallando a favor del Sr. Bannon.
«Para una corte que no está sujeta a Licavoli, como la Corte Suprema, la interpretación adecuada de ‘intencionadamente’ en la Sección 192» es «una cuestión ‘restringida’ o que muy bien podría decidirse en sentido contrario», dijo. Por ello, «Bannon no debería ingresar en prisión antes de que la Corte Suprema examine su próxima petición de certiorari» o apelación, añadió el juez.
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