Una corte federal de apelaciones revocó un fallo que bloqueaba varias leyes de Arkansas que creaban barreras para las mujeres que buscaban abortos en el estado.
El viernes, los jueces de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos (pdf) anularon el mandato preliminar de una corte inferior, permitiendo al estado hacer cumplir efectivamente algunas de sus restricciones sobre el aborto. El panel de tres jueces dijo que su decisión se derivaba de la «opinión separada del presidente del Tribunal Supremo Roberts en [el caso] June Medical» y de otro caso anterior de la Corte Suprema.
En esa opinión emitida en junio, citada como June Medical Services LLC vs Russo (pdf), la corte rechazó una ley que pone restricciones a los proveedores de aborto en Louisiana. Roberts, en ese caso, votó con los jueces liberales en el fallo de 5-4, pero emitió su propia opinión concurrente que estaba de acuerdo con el fallo pero no con el razonamiento de la opinión de la mayoría.
Roberts dijo que su decisión se guiaba por el principio de que la corte debería tratar casos similares de la misma manera, también conocido como la doctrina legal de stare decisis.
«La doctrina legal de stare decisis requiere que, en ausencia de circunstancias especiales, tratemos casos similares de la misma manera. La ley de Louisiana impone una carga sobre el acceso al aborto tan severa como la impuesta por la ley de Texas, por las mismas razones. Por lo tanto, la ley de Louisiana no puede estar bajo nuestros precedentes», escribió Roberts.
El panel del 8º Circuito señaló que Roberts discutió ampliamente el papel de la corte en la decisión de los casos sobre la regulación del aborto, diciendo que las legislaturas estatales y federales tienen «amplia discreción para aprobar la legislación en áreas donde hay incertidumbre médica y científica».
El presidente del Tribunal Supremo dijo que la investigación apropiada de la corte superior, según un caso judicial anterior, es decidir si la ley plantea un «obstáculo sustancial» o una «carga sustancial, no si los beneficios superan las cargas».
El panel dijo que cuando la corte de distrito se pronunció sobre el caso de Arkansas, lo hizo sin la guía de la opinión separada de Robert en June Medical. Los jueces, por lo tanto, anularon la orden de la corte de distrito y la devolvieron a esa corte para que la reconsidere a la luz del fallo de Robert.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos Reproductivos en nombre del Dr. Frederick Hopkins, un proveedor de abortos de Little Rock.
Los abogados de la ACLU expresaron su decepción con la decisión, diciendo que están evaluando sus próximos pasos para continuar luchando contra las leyes.
«Estas onerosas restricciones fueron diseñadas con la singular intención de quitar el derecho al aborto y castigar a las personas por buscar atención médica», dijo Holly Dickson, directora legal y directora ejecutiva interina de la ACLU de Arkansas, en un comunicado.
«Este fallo es un recordatorio de que la lucha contra estas restricciones extremas al aborto está lejos de haber sido ganada. Estamos evaluando nuestros próximos pasos y continuaremos luchando para asegurar que estas leyes perjudiciales e inconstitucionales no entren en vigor», dijo.
Hillary Schneller, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, expresó sentimientos similares, diciendo que agotarán sus opciones legales para asegurar que las leyes no entren en vigor. Las restricciones permanecen bloqueadas hasta después del 28 de agosto, cuando la decisión de la corte de apelaciones entre en vigor.
«No hay duda de que estas leyes harían más difícil el acceso al aborto en Arkansas. La Corte Suprema hace apenas unas semanas reafirmó que un estado no puede aprobar leyes que agobien indebidamente el acceso de una persona al aborto, y eso es exactamente lo que hacen estas leyes», dijo Schneller.
Mientras tanto, el fiscal general de Arkansas, Leslie Rutledge, aplaudió la decisión, diciendo que como oficial principal de asuntos jurídicos del estado continuará defendiendo el derecho legal del estado de proteger a los niños no nacidos.
«Ningún bebé indefenso debería enfrentarse nunca al inimaginable y horrible destino de la muerte por desmembramiento», dijo Rutledge en un comunicado.
Las leyes en cuestión fueron aprobadas en 2017 e incluyen la Ley de Arkansas de «Protección de niños no nacido de actos de abortos de desmembramiento»; la Ley de «Prohibición del aborto por discriminación sexual»; una enmienda relativa a la eliminación de restos fetales; y una enmienda relativa al mantenimiento de muestras de restos fetales.
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