Una Corte de apelaciones estadounidense decidió el 3 de agosto que por ahora podrá seguir en vigor una cuestionada norma de la administración Biden para las personas que solicitan asilo en la frontera con México.
La Corte de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, votó 2-1 a favor de suspender temporalmente la decisión de un juez de distrito.
El juez de distrito —Jon Tigar, nombrado por Obama— dictaminó el 25 de julio que el gobierno de Biden había violado la ley federal y los tratados internacionales que exigen que Estados Unidos permita solicitar asilo a cualquier persona que cruce la frontera entre México y Estados Unidos.
El juez Tigar suspendió la medida cautelar contra la política de asilo durante 14 días para permitir una posible apelación, que el gobierno de Biden emprendió rápidamente.
El 9º Circuito declaró el 3 de agosto que el gobierno de Biden puede aplicar las restricciones al asilo hasta que se resuelva el recurso de la apelación.
El panel de apelación, compuesto por tres jueces, añadió que aceleraría el examen del caso, y que se espera que ambas partes envíen sus argumentos a la corte a mediados de septiembre y que se celebre una audiencia en una fecha no especificada.
El gobierno de Biden había argumentado que su política era parte integrante de sus esfuerzos por mantener el orden a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Cuestionan la política de asilo
La nueva regulación, que entró en vigor el 11 de mayo, niega el asilo a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos si pasaron por otro país sin buscar protección allí primero o si no utilizaron otras vías legales para llegar a Estados Unidos, incluida la solicitud en línea a través de una aplicación gubernamental llamada CBP One.
La política no se aplica a los niños que viajan solos y también tiene otras excepciones.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos impugnaron la normativa de Biden, alegando que la política de asilo deniega ilegalmente el asilo a algunas personas que cruzan ilegalmente la frontera. Los grupos argumentaron que las personas pueden solicitar asilo independientemente de por dónde o cómo crucen la frontera.
También argumentaron que la norma de asilo de la administración Biden refleja dos normas anteriores que pretendían limitar el asilo, presentadas por el expresidente Donald Trump. Esas dos normas también fueron bloqueadas anteriormente en los tribunales. El juez Tigar ya había fallado en contra de las anteriores políticas de Trump.
Además sostienen que la aplicación gubernamental CBP One es defectuosa, ya que los migrantes quedan en peligro mientras esperan en el norte de México por conseguir una cita a través esta, que les concede la oportunidad de llegar a la frontera y solicitar asilo.
El grupo a su vez argumenta que la administración Biden está sobrestimando la importancia de la nueva norma en el control de la migración, añadiendo que cuando Estados Unidos puso fin al uso del Título 42 el 11 de mayo, pasó a la ley de inmigración del Título 8, que tiene repercusiones mucho más fuertes. En virtud del Título 8, los ilegales que cruzan la frontera pueden ser «expulsados rápidamente» y se les puede prohibir la entrada en Estados Unidos durante cinco años. Esas consecuencias —y no la nueva norma de asilo— fueron más importantes para frenar la migración después del 11 de mayo, sostuvo el grupo.
Designado por Trump disiente
El juez de circuito Lawrence VanDyke, un magistrado designado en el panel por Trump, disintió de la decisión del panel y criticó a sus dos colegas por mantener la política fronteriza del presidente Joe Biden en su lugar, a pesar de que el Noveno Circuito falló en contra de la política similar de la era Trump años antes.
«La ‘Pathways Rule’ de la administración Biden, ante nosotros, en esta apelación, no es significativamente diferente de las reglas de la administración anterior que fueron respaldadas por mis dos colegas», dijo el juez VanDyke en su disidencia.
«Esta nueva regla parece como si la Regla de Puerto de Entrada y la Regla de Tránsito de la administración Trump se unieron, tuvieron un bebé, y luego lo ataviaron con un elegante traje moderno, completo con una aplicación de teléfono», dijo el juez.
«Me gustaría poder unirme a la mayoría en la concesión de una suspensión. Es el resultado correcto. Pero ese resultado, por correcto que sea, no está permitido por el desorden orientado a los resultados que hemos hecho de nuestro precedente de inmigración», añadió el juez VanDyke, señalando que «es difícil deshacerse de la impresión de que algo más que la ley está trabajando aquí».
Los otros dos miembros del panel —los jueces William Fletcher y Richard Paez, ambos nombrados por el presidente Bill Clinton— no explicaron su decisión. Solo se refirieron brevemente a las normas del tribunal usadas para las suspensiones pendientes de apelación.
La ACLU podría recurrir la última sentencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los jueces conservadores superan en número a los liberales (6-3).
Con información de Reuters y The Associated Press.
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