La audiencia preparatoria de juicio en el caso del informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue retomada este miércoles en Quito con la validación y análisis de pruebas presentadas por la Fiscalía, luego de que la corte considerara que no hubo violación de derechos del imputado.
«Se reinstala audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el ciudadano sueco Ola B., por presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático telemático o de telecomunicaciones», informó la Fiscalía en un mensaje por redes sociales.
El proceso de validación de pruebas, que se celebra en el Complejo Judicial Norte, en Quito, se inició después de que la jueza Yadira Proaño anunciara hoy que no ve nulidades en la detención ni la fase de instrucción fiscal.
«La jueza de Garantías Penales declaró la validez del proceso», aseguró la Fiscalía.
El abogado defensor José Charry dijo en declaraciones a los medios, en el descanso de mediodía de la audiencia, que la jueza no argumentó las razones.
«No se declaró la nulidad, tampoco se fundamentó por qué, simplemente dijo que no se violaron los derechos constitucionales del Sr. Ola Bini, punto final», afirmó.
A continuación, explicó, la Fiscalía ha dado un «dictamen acusatorio, ha explicado las supuestas razones para la existencia del delito, y tocará responder».
Las audiencias en el caso fueron retomadas este miércoles después de que el pasado 3 de diciembre la jueza escuchara a la defensa en sus argumentos de nulidad de la fase de instrucción fiscal, que el tribunal consideró hoy improcedentes.
El proceso, en la que también está involucrado el ecuatoriano Marco Argüello, se inició por un delito de acceso no consentido a sistemas informáticos del país andino.
Bini, de 38 años y que niega los hechos que le atribuye la Fiscalía ecuatoriana, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que Ecuador pusiera fin al asilo en su embajada en Londres del fundador de WikiLeaks.
El informático, que se encuentra en libertad vigilada desde junio de ese año, tras la intervención a su favor de un tribunal que ordenó su salida de prisión tras 70 días, aseguró entonces que en Japón iba a hacer unas prácticas de artes marciales, aunque las autoridades ecuatorianas consideraron que trataba de huir.
En un principio lo acusaron de un delito grave de piratería informática, ataque a la integridad de sistemas informáticos, pero con el tiempo la Fiscalía redujo la gravedad a «acceso no consentido».
Su caso debió haber sido procesado en 2019, pero los disturbios populares de octubre de aquel año y otros elementos de agenda fueron aplazando el caso, hasta que la pandemia hizo imposible retomarlo.
Tras cinco aplazamientos, Proaño debe decidir ahora si las pruebas de la Fiscalía son consistentes como para abrir juicio al informático.
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