La Corte federal de Oregón confirmó el jueves una exención del Título IX que permite a las universidades religiosas recibir fondos federales, incluso cuando siguen sus creencias en lo que se refiere al matrimonio, la identidad sexual y el género.
Un grupo de 40 personas LGBT demandó en 2021 al Departamento de Educación de Estados Unidos para impugnar una excepción o resquicio legal del Título IX que permite a las universidades religiosas solicitar exenciones de la restricción de la ley de derechos civiles contra la discriminación por razón de sexo.
La jueza Ann Aiken, de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Oregón, consideró que el resquicio legal es «una estrecha excepción» al Título IX que el Congreso diseñó para salvaguardar las instituciones controladas por una organización religiosa y evitar interferir en sus convicciones que puedan entrar en conflicto con la normativa.
«Eximir a las instituciones educativas controladas religiosamente en el resquicio legal del Título IX, y solo en el punto en que una aplicación concreta del Título IX no sea coherente con un principio específico de la organización religiosa que la controla, está sustancialmente relacionado con el objetivo del gobierno de dar cabida al ejercicio religioso», escribió Aiken en su fallo (pdf).
El grupo LGBT, el grupo Religious Exemption Accountability Project (Proyecto de Responsabilidad de la Exención Religiosa), los demandantes en el caso, argumentaron que la exención viola los derechos de igualdad de protección de los estudiantes en virtud de la Constitución de Estados Unidos, al tratarlos de forma diferente a otros estudiantes debido a su sexo, orientación sexual e identidad de género.
No demostraron intención discriminatoria
Aunque el grupo hizo muchas alegaciones de maltrato en las escuelas religiosas, la jueza consideró que el grupo no pudo probar ninguna motivación discriminatoria por parte del Congreso al promulgar la exención del Título IX en cuestión.
«La Corte no puede concluir que la afirmación de los demandantes de que ‘el Congreso promulgó la exención religiosa para permitir la discriminación por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género’ sea suficiente», escribió Aiken.
Aiken, nombrada por el expresidente Bill Clinton, también rechazó su argumento de que la exención violaba la restricción de la Primera Enmienda del establecimiento de la religión, por el Congreso, afirmando que no probaba que el gobierno federal, en contraste con las escuelas, promoviera religiones.
«Los demandantes no aportan ningún análisis desarrollado, ni hechos que arrojen luz sobre esas afirmaciones, ni explican cómo los demandados han promovido la religión a través de sus propias actividades e influencia», escribió Aiken.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió la exención, pero estuvo de acuerdo en que viola potencialmente el Título IX.
El grupo Religious Exemption Accountability Project dijo que estaba estudiando la posibilidad de apelar el dictamen.
Título IX
El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 es una ley federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en cualquier programa o actividad educativa que reciba ayuda financiera federal. Sin embargo, las instituciones religiosas pueden solicitar exenciones para cumplir con sus creencias, aunque entren en conflicto con las disposiciones del Título IX.
Bajo la presidencia del demócrata, Joe Biden, el Departamento de Educación de EE. UU. publicó en junio de 2021 unas directrices que interpretan que la discriminación por razón de sexo incluía la orientación sexual y la identidad de género, que son conceptos menos claros
El gobierno de Biden lo hizo citando la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Bostock vs. Condado de Clayton, en Georgia, que se decidió en 2020. En ese caso, la Corte Suprema sostuvo que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por razón de sexo en el lugar de trabajo y utiliza un lenguaje similar al del Título IX, también se aplica a la discriminación contra los trabajadores homosexuales y transexuales.
El Departamento de Educación, por lo tanto, adoptó la postura de que el razonamiento de la Corte Suprema en Bostock también debería aplicarse al Título IX, que cubre la discriminación en las instituciones educativas que reciben financiación federal.
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