Una corte federal de Florida bloqueó temporalmente una orden de vacunación contra el COVID-19 de la administración Biden dirigida a los contratistas federales, lo que supone una parcial victoria para el estado del Sol mientras el litigio sobre el tema continúa.
Florida es uno de los 19 estados que demandaron al gobierno de Biden a fines de octubre por la orden federal de vacunación para los contratistas del gobierno, esbozada en la Orden Ejecutiva 14042 que el presidente Joe Biden emitió el 9 de septiembre.
La orden ejecutiva exige que casi todos los empleados federales se vacunen contra el COVID-19 como condición de empleo, incluidos los empleados federales civiles y los contratistas. La prueba regular de detección de COVID-19 no sería una opción, pero se podrían conceder exenciones religiosas o médicas de la vacunación.
El juez de distrito, Steven Merryday, aceptó el miércoles una moción de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, para que se dicte una medida cautelar. Florida presentó su causa el 28 de octubre, nombrando como demandados a Biden, al administrador de la NASA Bill Nelson, a otros seis funcionarios y a cinco agencias federales.
En su dictamen (pdf) del miércoles, Merryday dijo que Florida «demuestra una probabilidad sustancial» de que una orden ejecutiva de Biden (Orden Ejecutiva 14042) «excede la autoridad del presidente» bajo la Ley Federal de Adquisiciones y Servicios Administrativos (FPASA).
«Los demandados no identifican ninguna sección de la FPASA que demuestre que el Congreso ‘tenga la clara intención’ de autorizar al Presidente (suponiendo que el Congreso pueda) imponer un requisito de salud pública como condición para que un contratista suministre servicios», escribió Merryday.
«Por supuesto, los demandados mantienen que los contratistas siguen siendo libres de negarse a un acuerdo con el mayor comprador de bienes y servicios del mundo», continuó. «Pero dado que el Presidente debe basarse, en el mejor de los casos, en la autorización del Congreso en virtud de la FPASA, el intento del Presidente de imponer en virtud de [la FPASA] un requisito que el propio Congreso probablemente carece de poder para imponer y que tradicionalmente sigue estando encomendado textualmente por la Constitución con los estados lo que exige una justificación más allá de la requerida al publicar avisos en el lugar de trabajo, en el uso del sistema centralizado de elegibilidad de empleo, y similares».
«Dado que el expediente solo presenta una débil racionalización que no se corresponde con la amplia aplicación de la orden ejecutiva, con la invasión del requisito de la orden ejecutiva y con la intrusión de la orden ejecutiva en una prerrogativa estatal en la que el Congreso probablemente no puede inmiscuirse, la Orden Ejecutiva 14042 probablemente excede la estructura y el propósito de la FPASA y queda fuera de la concesión de autoridad contemplada por el Congreso en virtud de la FPASA», añadió.
La fiscal general de Florida dijo que estaba «orgullosa de conseguir la medida cautelar».
«Los floridanos no deberían tener que elegir [entre] la vacuna y sus carreras. Todavía nos queda mucha lucha y seguiremos luchando contra la exageración ilegal de los federales», escribió Moody en Twitter.
Orden bloqueada en todo el país
Ya existe una medida cautelar a nivel nacional que bloquea la orden de vacunación de la administración Biden dirigida a los contratistas federales, después de que una corte federal de Georgia, en otra demanda, concediera el 7 de diciembre la medida solicitada por siete estados liderada por Georgia. Alabama, Georgia, Idaho, Kansas, Carolina del Sur, Utah y Virginia Occidental fueron los otros demandantes.
La corte decidió bloquear la orden de vacunación para todo Estados Unidos porque una organización comercial nacional —Associated Builders and Contractors (ABC)— fue autorizada por el tribunal para intervenir en el caso como demandante.
«Dada la extensión de los miembros de ABC [a nivel nacional] (…), al limitar el desagravio solo a los que están ante la Corte resultaría difícil de manejar y solo causaría más confusión. Por lo tanto, en vista de los hechos singulares que se tienen ante sí, la Corte considera necesario, para ofrecer realmente una medida cautelar a las partes que tiene ante sí, emitir una orden judicial de aplicación nacional», escribió el juez de distrito Stan Baker en el dictamen (pdf).
También este mes, un juez federal de Missouri emitió el 20 de diciembre una medida cautelar a la orden de vacunación COVID-19 dirigida a los contratistas federales. La medida se aplica a 10 estados de Estados Unidos: Alaska, Arkansas, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming.
Otra sentencia del 30 de noviembre bloqueó la orden de vacunación COVID-19 de Biden para los contratistas federales en tres estados: Kentucky, Ohio y Tennessee.
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