La Corte de Apelaciones de Georgia fijó una audiencia en octubre para la apelación del expresidente Donald Trump a la decisión de un juez del condado de Fulton de no inhabilitar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.
Los acusados fueron notificados para que presenten un escrito antes del 23 de junio, y la fiscal de distrito tendrá 20 días después para presentar un escrito de réplica. Los argumentos orales están programados para el 4 de octubre ante un panel de tres jueces.
El presidente Trump y ocho coacusados apelaron la decisión del juez Scott McAfee, de la Corte Superior del condado de Fulton, de que la Sra. Willis no fuera descalificada y renunciara Nathan Wade, el fiscal especial que ella contrató para llevar el caso.
El 9 de mayo, la corte de apelaciones del estado aceptó revisar la decisión y ahora posee todos los materiales relacionados con la moción de descalificación, incluidos los de una audiencia confidencial.
La Sra. Willis está llevando un caso de crimen organizado contra el expresidente y otras 14 personas, alegando que su impugnación de los resultados de las elecciones de 2020 equivalían a una conspiración criminal.
La moción de descalificación fue presentada a principios de enero por el acusado Michael Roman. Él alegó un romance entre la Sra. Willis y el Sr. Wade y una malversación de fondos, que desencadenó varias investigaciones de la fiscalía.
Alrededor de la mitad de los codemandados se unieron a la moción, planteando argumentos adicionales de mala conducta de la fiscal.
Los demandados que demandan una decisión de inhabilitación son el Sr. Roman, el presidente Trump, Rudy Giuliani, Mark Meadows, Jeffrey Clark, Robert Cheeley, David Shafer, Harrison Floyd y Cathleen Latham.
La Sra. Willis y el Sr. Wade reconocieron durante una audiencia probatoria que habían mantenido una relación amorosa, pero rebatieron la cronología presentada por la defensa. Ellos declararon que la relación ya no era romántica cuando se presentó la imputación de cargos a los acusados.
Tras la dramática audiencia, que duró varios días, el juez McAfee consideró que la aventura y la controversia que la rodeaba —que incluía las declaraciones públicas de la fiscal del distrito— constituían una apariencia de irregularidad, pero no una conducta indebida o un conflicto de intereses.
Él dictaminó que la apariencia de incorrección podía remediarse mediante la destitución de una de las partes, pero no de ambas, la Sra. Willis o el Sr. Wade, pero reconoció la inusual situación. A continuación, el juez permitió a los acusados impugnar su decisión ante una corte superior, escribiendo que, mientras tanto, seguirían atendiendo y resolviendo las peticiones previas al juicio.
Los acusados sostienen que el juez McAfee cometió un error que ahora viola sus derechos procesales. Es probable que el hecho de que la Sra. Willis y su oficina sigan trabajando en el caso sea el factor decisivo a la hora de decidir si el caso será juzgado o no.
Alegaciones de prejuicio
Más allá del asunto que inició los esfuerzos de descalificación, los acusados argumentan que las declaraciones extrajudiciales de la Sra. Willis son una mala conducta forense descalificadora. Además, sostienen que su presunto falso testimonio durante la audiencia probatoria de la moción de inhabilitación justifica la su inhabilitación.
La Sra. Willis ha hablado abiertamente del caso, concediendo entrevistas a los medios de comunicación y pronunciando discursos públicos en los que hace referencia a la moción de inhabilitación y a los acusados.
En un discurso muy publicitado días después de que se presentara la moción, la Sra. Willis insinuó que los acusados la tenían en el punto de mira por su raza. Se jactó de su equipo de «superestrellas», por tener una «tasa de condenas del 95 por ciento», lo que, según los acusados, implicaba que los acusados eran culpables antes de ser juzgados y condenados.
Dos semanas después, la Sra. Willis concedió una entrevista a escritores que trabajaban en un libro sobre la Sra. Willis como una fiscal «autoritaria» que perseguía a un «presidente canalla».
Poco después de la decisión del juez McAffee de no descalificar a la Sra. Willis, ella concedió una entrevista a la CNN durante un acto de Semana Santa en la que sugirió que los acusados habían intentado retrasar su caso.
«Yo creo que hay esfuerzos para frenar este tren, pero el tren está llegando», dijo la fiscal.
Los acusados argumentaron que ella tampoco mostró ningún remordimiento, señalando esa entrevista.
«Que conste en acta que no me avergüenzo de nada de lo que he hecho», dijo la fiscal. «Supongo que mi mayor delito es que tuve una relación con un hombre, pero eso no es algo que me avergüence de ninguna manera».
Los acusados argumentan que la fiscal del distrito «ya ha comprometido significativamente los derechos de los acusados al debido proceso».
«Ningún fiscal ha sido nunca tan imprudente e implacable en la búsqueda de beneficios personales como para conceder interminables entrevistas previas al juicio a los medios de comunicación, conceder un acceso sin precedentes previo al juicio a los autores de un libro, o intentar distraer la atención de su descalificadora conducta poco ética castigando pública e injustamente a los acusados como racistas por haberla desenmascarado, y proclamando que Dios la había ungido y estaba de su parte».
Ellos sostuvieron que los comentarios extrajudiciales previos al juicio son un ejemplo primario de mala conducta forense.
El testimonio suscita dudas
Los acusados también argumentaron que el testimonio supuestamente falso del fiscal del distrito ha planteado graves violaciones legales y éticas.
El juez de la corte de primera instancia había puesto en duda en el juicio y a través de su opinión escrita, el testimonio de la Sra. Willis, describiendo sus respuestas sobre la relación con el Sr. Wade como de «falsedad potencial».
Aunque el juez McAfee consideró que el testimonio era deficiente y reconoció que el público bien puede tener dudas persistentes sobre la naturaleza y la cronología de la relación, dictaminó que no era función de la corte «hurgar en cada caso de posible falta de honradez», refiriéndose a otras autoridades como la junta estatal de ética o el colegio de abogados de Georgia.
Si bien todos los abogados son funcionarios de la corte y tienen un deber de franqueza, los fiscales tienen un «mayor deber de franqueza a los tribunales y en el cumplimiento de otras obligaciones profesionales», argumentaron los acusados, citando las normas éticas para los fiscales.
«Los demandados sostienen que el testimonio falso de la fiscal para proteger sus intereses personales en este proceso, por encima y a expensas del propio caso, es como mínimo una mala conducta forense».
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas
noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
