Un juez de la Corte Suprema dictaminó que Australian Broadcasting Corporation (ABC) no es una entidad de la Commonwealth, lo que permite que siga adelante una demanda que acusa a la cadena pública de incitar al odio contra un grupo religioso local.
ABC está actualmente inmersa en una demanda por discriminación después que en 2020 emitiera una serie de programas sobre la disciplina de meditación espiritual Falun Gong y sus practicantes.
En 2021, practicantes australianos de Falun Gong demandaron a ABC por supuesta información inexacta y tendenciosa.
Alegaron que la emisora pública infringió el artículo 8 de la Ley de Tolerancia Racial y Religiosa de Victoria de 2001, alegando que sus programas incitaban al odio y la hostilidad del público hacia los practicantes, muchos de los cuales llegaron a Australia huyendo de la persecución del Partido Comunista Chino.
La demanda se vio por primera vez en la Corte Civil y Administrativa de Victoria (VCAT) en agosto de 2023.
Sin embargo, cuando el procedimiento judicial estaba a punto de concluir, ABC planteó una cuestión jurisdiccional.
Durante una vista celebrada en noviembre de 2023, el representante legal de ABC alegó que el VCAT no tenía competencias para decidir sobre el asunto porque la cadena pública formaba parte del gobierno federal y, por tanto, estaba bajo jurisdicción federal.
El miembro principal del VCAT estuvo de acuerdo y suspendió la vista mientras la trasladaba a la Corte Suprema de Victoria.
En agosto de 2024, la Corte Suprema de Victoria celebró una vista para determinar el asunto y la jueza Claire Harris dictó sentencia el 30 de agosto.
ABC no es una entidad de la Commonwealth
En su decisión, la juez Harris dijo que ABC no era una entidad de la Commonwealth.
Consideró que, a pesar de ser creada por ley parlamentaria (Ley de Radiodifusión Australiana de 1942), la cadena pública no estaba bajo el control directo del gobierno federal.
En concreto, en virtud de la parte III de la Ley ABC de 1983, el consejo de administración de la radiotelevisión pública se nombra mediante un proceso basado en los méritos llevado a cabo por un panel de nombramientos, independiente de la dirección del gobierno federal.
Además, la juez consideró que la Ley ABC imponía a la cadena nacional y a su consejo de administración la obligación de actuar con independencia.
La cadena pública tampoco está sujeta a la auditoría del Auditor General de la Commonwealth, que es un criterio que indica el grado de control por parte del gobierno federal.
«Está claro que la ABC tiene un alto grado de autonomía e independencia del control de la Commonwealth», escribió la jueza Harris.
La juez también consideró que el personal de ABC no se consideraba funcionario público, ya que no estaba contratado en virtud de la Ley de la Función Pública de 1999.
En comparación, el organismo de control del sector financiero, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), fue reconocida como entidad de la Commonwealth y su personal está contratado en virtud de la Ley de los servicios públicos.
«Consideradas en su conjunto, y haciendo especial hincapié en las disposiciones que limitan el control que puede ejercer el ejecutivo de la Commonwealth sobre ABC y su Consejo, las consideraciones anteriores tienen como consecuencia que ABC no puede calificarse de entidad a través de la cual la Commonwealth ejerce sus funciones», concluyó la juez Harris.
«Es más bien una entidad establecida por la Commonwealth para operar como entidad independiente».
La demanda vuelve al VCAT
La juez Harris dijo, por tanto, que el presente caso no entraba dentro de la jurisdicción federal.
Además, la propia ABC declaró que, si la corte dictaminaba que no era la Commonwealth, se resolverían todas las cuestiones de jurisdicción, lo que significa que el VCAT tendrá ahora que reanudar el procedimiento y dictar una resolución.
Harris también concedió a los demandantes –practicantes de Falun Gong– un certificado de indemnización para recuperar los costos del asunto de jurisdicción de la Junta de Costos de Apelación.
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