Una corte federal de apelaciones dictaminó el 29 de octubre que un esfuerzo republicano para impugnar 225,000 registros de votantes de Carolina del Norte será atendido en una corte federal, por lo que rechazó la solicitud del GOP para que el caso se decida bajo la ley estatal.
El Comité Nacional Republicano (RNC) y el Partido Republicano de Carolina del Norte presentaron inicialmente su demanda ante la costa estatal de Carolina del Norte en agosto. Ellos argumentaron que casi un cuarto de millón de registros de votantes no son válidos porque se presentaron en un formulario antiguo que no exigía a los solicitantes proporcionar un número de permiso de conducir o los cuatro últimos dígitos de un número de la Seguridad Social.
Antes de diciembre de 2023, los formularios de solicitud utilizados por Carolina del Norte no informaban a los solicitantes de estos requisitos.
El GOP argumentó que la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte reconoció el problema, pero se negó a actuar de inmediato para identificar y eliminar los registros no válidos de las listas de votantes del estado y que estos registros incompletos podrían permitir que 225,000 personas no elegibles voten. El Partido Republicano espera que esas personas sean dadas de baja como votantes registrados o que emitan votos provisionales hasta que se confirme su elegibilidad.
En su decisión del martes, el Cuarto Circuito dictaminó que, si bien el caso del GOP se enmarca en la legislación estatal, requiere fundamentalmente la interpretación de las leyes federales, en concreto la Ley Ayuda a América a Votar de 2002 (HAVA) y la Ley Nacional de Registro de Votantes.
«Se trata de una cuestión sustancial de derecho federal, cuya resolución corresponde a las cortes federales porque respeta el equilibrio federal-estatal previsto por el Congreso y la propia HAVA», escribió la jueza de circuito, Nicole Berner.
La Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte, con el apoyo del Comité Nacional Demócrata, afirmaron anteriormente que los argumentos del GOP dependen de las leyes electorales federales, incluida la HAVA.
Ellos argumentaron el 25 de octubre que la solicitud del GOP para la cancelación generalizada del registro o el voto provisional implica directamente la interpretación de las disposiciones federales, que son «más adecuadas para la interpretación de los tribunales federales».
Además, argumentaron que las cuestiones centrales del caso, arraigadas en la ley federal, tienen implicaciones nacionales, sobre todo porque el alivio solicitado podría afectar el derecho al voto de miles de personas en Carolina del Norte durante una elección en curso.
En una presentación ante el tribunal, sus abogados escribieron que «no hay razón para suponer que el Congreso» tenía la intención de que las cortes estatales manejaran tales disputas.
El Partido Republicano, por su parte, argumentó que el caso se basa en la legislación de Carolina del Norte y que corresponde legítimamente a las cortes estatales abordar las cuestiones relacionadas con la aplicación de los requisitos electorales locales.
El GOP argumentó que la reparación solicitada se basa en un mandato estatal para mantener listas precisas de votantes, y eso no es un asunto federal.
Basándose en esos argumentos, un juez federal de distrito devolvió inicialmente parte del caso a la corte estatal, pero la Junta Electoral apeló, y la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito acordó finalmente el martes que el caso debía verse en la corte federal.
La votación anticipada en Carolina del Norte está en marcha y concluirá el 2 de noviembre.
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