Una corte de apelaciones asestó un duro golpe a la administración Biden en una demanda de censura por delegación interpuesta por dos fiscales generales republicanos. La corte amplió la prohibición a la administración Biden de contactarse con empresas de redes sociales, incluyendo a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA), por presionar a las plataformas para que tomaran medidas enérgicas contra la «información errónea, desinformación y mala-información».
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito añadió a CISA a la lista de agencias gubernamentales a las que una medida cautelar emitida a principios de este año prohibió ponerse en contacto con las empresas de redes sociales para censurar la libertad de expresión protegida por la Constitución.
«La sentencia de la corte de distrito es CONFIRMADA con respecto a la Casa Blanca, el Director General de Salud Pública, los CDC, el FBI, y CISA y REVOCADA con respecto a todos los demás funcionarios», se lee en el fallo del 3 de octubre (pdf) del Quinto Circuito.
La medida cautelar inicial respondía a una demanda de censura por poderes interpuesta por los fiscales generales de Luisiana y Missouri, quienes acusaron a funcionarios de la administración Biden y a varios organismos públicos de presionar a las empresas de redes sociales para que suspendieran cuentas o retiraran posteos.
La administración Biden argumentó que no hizo nada ilegal y que solo trató de mitigar los riesgos de la desinformación en línea alertando a las empresas de redes sociales sobre contenidos que infringían sus propias políticas.
Los analistas esperan que el Departamento de Justicia (DOJ), que representa a la administración Biden en este caso, se dirija ahora a la Corte Suprema de Estados Unidos y pida que se paralice la medida cautelar.
Un portavoz de CISA dijo que la agencia no haría comentarios sobre litigios en curso, pero ofreció una declaración general del director ejecutivo de CISA, Brandon Wales.
«CISA no censura ni ha censurado nunca la expresión ni ha facilitado la censura; tales afirmaciones son patentemente falsas», dijo el Sr.Wales. «Todos los días, los hombres y mujeres de CISA ejecutan la misión de la agencia de reducir el riesgo para la infraestructura crítica de Estados Unidos de una manera que protege la libertad de expresión, los derechos civiles, las libertades civiles y la privacidad de los estadounidenses».
«En respuesta a las preocupaciones de los funcionarios electorales de todos los partidos sobre las operaciones de influencia extranjera y la desinformación que pueden afectar a la seguridad de la infraestructura electoral, la CISA mitiga el riesgo de desinformación compartiendo información sobre conocimientos electorales y seguridad electoral con el público y amplificando las voces de confianza de los funcionarios electorales de todo el país», añadió el Sr. Wales.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
El caso —descrito por algunos como de importancia clave para las protecciones de la Primera enmienda— ha seguido un camino serpenteante hasta este punto.
Sinuoso camino de la censura por delegación
Dos fiscales generales republicanos de Luisiana y Missouri presentaron originalmente el caso el 5 de mayo de 2022 ante la corte del distrito occidental de Luisiana (caso nº 3:22-cv-01213), acusando al gobierno de Joe Biden de violar los derechos de libertad de expresión de los estadounidenses al presionar a las empresas de redes sociales para que tomaran medidas enérgicas contra los usuarios y los posteos que consideraban dignos de ser censurados.
Una corte concedió entonces a los fiscales generales una importante victoria en forma de una histórica medida cautelar que prohibía a varios funcionarios y organismos de la administración Biden ponerse en contacto con las empresas de redes sociales para tomar medidas enérgicas contra la libertad de expresión protegida por la Constitución.
«La Corte concedió nuestra moción para PROHIBIR que altos funcionarios del gobierno federal violen los derechos de la Primera enmienda de millones de estadounidenses», escribió el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, en un posteo en las redes sociales celebrando la victoria.
La administración Biden apeló la decisión el 6 de julio de 2023 ante la Quinta Corte de Apelaciones, donde el caso está siendo examinado (caso nº 23-30445).
El Quinto Circuito confirmó entonces partes fundamentales de la medida cautelar en una decisión dictada el 8 de septiembre (pdf), al considerar que el gobierno de Biden amenazó y coaccionó a las empresas de redes sociales para que retiraran contenidos. Sin embargo, excluyó a la CISA de la lista de organismos que tienen prohibido ponerse en contacto con las empresas de redes sociales.
En aquel momento, el Quinto Circuito consideró que la CISA «señalaba contenidos» para que se tomaran medidas, pero estimó que la conducta de la agencia no entraba en la categoría de «coacción» porque no tenía ningún poder sobre las empresas de redes sociales. La corte también encontró escasas pruebas de que las empresas de redes sociales tomaran medidas sobre los posteos.
«Aunque CISA marcó contenidos para las plataformas de redes sociales como parte de las operaciones de su centralita, sobre la base de este expediente, su conducta cae en el lado de los ‘intentos de convencer’, no en el de los ‘intentos de coaccionar’.
«Tampoco hay ninguna indicación de que CISA tuviera poder sobre las plataformas en ninguna capacidad, o que sus peticiones fueran amenazadoras en tono o forma», escribió la quinta corte en la opinión del 8 de septiembre. «Del mismo modo, en este expediente, sus peticiones —aunque ciertamente equivalen a un nivel no trivial de participación— no equivalen a un control significativo. No hay pruebas claras de que el contenido se moderara realmente a petición de CISA o de que dicha moderación se realizara con arreglo a normas no independientes».
La administración Biden pidió entonces a la Corte Suprema de EE. UU. que suspendiera la prohibición de contactos en las redes sociales mientras apelaba, lo que accedió el alto tribunal. En una decisión del 14 de septiembre, la Corte Suprema suspendió temporalmente la orden.
Esto provocó una apelación por parte de los fiscales generales republicanos, que argumentaron que la CISA debía incluirse en la prohibición de contactos en redes sociales de la administración Biden. En su decisión del 3 de octubre, el Quinto Circuito accedió a su petición.
«CISA es el ‘centro neurálgico’ de la empresa de censura, la misma entidad que silenció la historia del laptop de Hunter Biden junto con el FBI», escribió Bailey en un mensaje en cadena en X, el 3 de octubre.
La opinión del Quinto Circuito del 3 de octubre afirma que la corte ha encontrado posteriormente que CISA, de hecho, presionó a las plataformas de redes sociales para que retiraran contenidos.
«Las decisiones de censura de las plataformas se tomaron en virtud de políticas que CISA les presionó a adoptar y sobre la base de la determinación de CISA de la veracidad de la información marcada», escribieron los jueces.
«Por lo tanto, es probable que CISA alentara significativamente las decisiones de moderación de contenidos de las plataformas y, por lo tanto, violara la Primera enmienda», añadieron los jueces.
El fiscal general Bailey dijo que la administración Biden probablemente apelará.
«Joe Biden ha prometido apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos», escribió el Sr. Bailey en un posteo en X. «Nosotros esperamos defender sus derechos de la Primera enmienda en el más alto tribunal de la nación».
«Cuando se trata de defender la Constitución, Missouri no se echa atrás», añadió el fiscal.
Medida cautelar
El juez Terry A. Doughty, de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Luisiana, escribió en la medida cautelar del 4 de julio (pdf) que se prohíbe a varias agencias gubernamentales llevar a cabo una serie de acciones en relación con las empresas de redes sociales.
En concreto, se prohíbe a los organismos y a los miembros de su personal reunirse o ponerse en contacto por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto o «entablar cualquier tipo de comunicación con empresas de redes sociales para instar, alentar, presionar o inducir de cualquier modo a la retirada, eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida», según la medida cautelar.
También se prohíbe a las agencias marcar el contenido de los posteos en las plataformas de redes sociales y reenviarlos a las empresas con solicitudes de acción, como retirar o de otro modo suprimir su alcance.
Tampoco está permitido animar o incitar a las empresas de redes sociales a que cambien sus directrices para la eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida por el gobierno.
«Este podría ser uno de los casos más importantes de la Primera enmienda en la historia moderna», dijo el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, uno de los demandantes, en el programa American Thought Leaders de The Epoch Times, en una entrevista tras la sentencia del 4 de julio.
«Si nos fijamos en la opinión que el juez expone, él toma de nuestro argumento de que esto es básicamente una de las empeños más masivos del gobierno federal para limitar el discurso estadounidense en la historia de nuestro país. Las cosas que descubrimos, en este caso, deberían ser a la vez chocantes, espantosas y preocupantes para todos los estadounidenses».
El juez escribió en un memorando adjunto que los demandantes tienen «probabilidades de tener éxito en el fondo al establecer que el Gobierno ha utilizado su poder para silenciar a la oposición».
«La oposición a las vacunas contra COVID-19; la oposición a las mascarillas y los cierres por COVID-19; la oposición a la teoría de la filtración del laboratorio de COVID-19; la oposición a la validez de las elecciones de 2020; la oposición a las políticas del presidente Biden; las declaraciones de que la historia del laptop de Hunter Biden era cierta; y la oposición a las políticas de los funcionarios del Gobierno en el poder. Todas fueron suprimidas», escribió el juez Doughty.
La medida cautelar del Sr. Doughty puso en marcha una serie de acciones por parte de ambos equipos legales, con el último fallo del Quinto Circuito siendo el siguiente capítulo de una saga de censura que probablemente verá unos cuantos giros y vueltas más antes de su resolución final.
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