California podrá seguir compartiendo información privada sobre los propietarios de armas con los investigadores después de que un tribunal de apelación estatal revocara la sentencia de un tribunal inferior en un dictamen emitido el 17 de noviembre.
Una nueva ley, que entró en vigor el 23 de septiembre de 2021, amplió el acceso a dicha información personal, permitiendo al estado compartir los datos con el Centro de Investigación de Violencia por Armas de Fuego de California en la Universidad de California, Davis.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) presentó una demanda de derechos civiles contra la ley en el tribunal federal de San Diego en octubre de 2022 en nombre de cinco propietarios de armas, entre ellos tres que vivían en el condado de San Diego.
En la demanda, los propietarios de armas afirmaron que ya estaban obligados a dar amplia información personal, incluyendo su nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, descripción física, ocupación y, a veces, su número de Seguro Social, para comprar armas de fuego bajo las leyes de control de armas fuertemente reguladas del estado.
Los demandantes también alegaron que habían facilitado esa información al Estado con la garantía de que se guardaría únicamente para fines policiales.
Una sentencia de la Corte Superior del Condado de San Diego bloqueó temporalmente la ley el pasado mes de octubre, sentencia que fue recurrida por el Estado.
La semana pasada, un Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito en Sacramento, compuesto por tres jueces, devolvió el caso al tribunal de primera instancia en San Diego diciendo que había abusado de su discreción al conceder una medida cautelar al no considerar el interés del estado en estudiar y prevenir la violencia armada antes de bloquear la ley.
La jueza asociada Julia C. Kelety ordenó al tribunal inferior que revocara su orden.
El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró la decisión el 20 de noviembre.
«La decisión del tribunal es una victoria en nuestros esfuerzos en curso para prevenir la violencia con armas», dijo Bonta en un comunicado de prensa. «El intercambio de información de AB 173 sirve al importante objetivo de permitir la investigación que apoya la formulación de políticas informadas destinadas a reducir y prevenir la violencia con armas de fuego».
Los abogados que representan a los demandantes no devolvieron la solicitud de comentarios.
Desde la década de 1950, la ley estatal obliga al Departamento de Justicia a recopilar registros de ventas de armas de fuego. Más recientemente, el estado también comenzó a recopilar datos sobre armas largas y municiones.
Desde al menos 1989, la Universidad de California-Davis ha utilizado los datos en estudios destinados a comprender la violencia con armas de fuego. En 2016, la Legislatura ordenó a los Regentes de la UC establecer un Centro de Investigación sobre la Violencia con Armas de Fuego para producir investigaciones sobre la violencia con armas de fuego y trabajar con los responsables políticos para identificar, implementar y evaluar políticas y programas de prevención, según la oficina de Bonta.
El centro de investigación publicó un estudio en marzo que examinaba las compras de armas en el estado afirmando que encontraron que los tiradores masivos y activos tenían patrones distintos de compra de armas en comparación con otros compradores legales.
«Los esfuerzos por desarrollar herramientas para predecir quién cometerá actos violentos no han cumplido las expectativas», dijo la primera autora del estudio, Liz Tomisch, analista de datos de investigación del Programa de Investigación sobre Prevención de la Violencia de UC Davis, que trabaja junto con el centro. «Estos nuevos hallazgos sobre los comportamientos de adquisición previos al ataque entre los tiradores en masa y activos sugieren historiales de compra que pueden merecer un mayor escrutinio para prevenir los tiroteos masivos».
Los investigadores utilizaron bases de datos disponibles públicamente para identificar a los tiradores activos y masivos de California que cometieron ataques entre 1985 y 2018. Un analista criminal del Departamento de Justicia de California cruzó referencias de informes de medios e historiales criminales y de transacciones para componer perfiles para cada tirador.
Utilizando los perfiles, los investigadores vincularon a los tiradores que atacaron entre 1996 y 2018 con la base de datos de registro de venta de distribuidores del DOJ. Utilizando los datos estatales de 22 tiradores activos y en masa, afirman que pudieron identificar a aquellos con un historial de transacciones autorizadas.
La base de datos ha recopilado información sobre todos los compradores y transacciones de armas de fuego autorizadas en el estado desde 1985, con datos detallados de las transacciones a partir de 1996.
El estudio concluyó que los tiradores que atacaron entre 1996 y 2018 compraron más armas cortas en el año anterior a su ataque, compraron su primera arma a una edad más avanzada y eran más propensos a tener un historial de compras denegadas, según la universidad.
Los investigadores también informaron que los tiradores activos entre 1985 y 2018 compraron con mayor frecuencia ilegalmente armas largas para usar durante el ataque que fueron compradas fuera del estado.
Hannah Laqueur, profesora asistente en el Departamento de Medicina de Emergencia de la universidad y autora principal del estudio, dijo que los hallazgos los ayudaron a informarse sobre los comportamientos de los tiradores masivos y activos.
«Futuras investigaciones podrían ayudar a determinar si los patrones de adquisición que caracterizan a los tiradores masivos y activos podrían utilizarse junto con otros indicadores de planificación previa al atentado para desencadenar una respuesta por parte de las fuerzas policiales y otros especialistas en intervención», afirmó Laqueur en una declaración sobre la investigación publicada el 17 de marzo.
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