Una Corte federal de apelaciones dictaminó el miércoles que la administración Trump puede retener fondos a los estados que no ayudan con las políticas federales de inmigración, otorgando a la administración Trump una victoria en el caso relacionado con las ciudades santuario.
Una juez de tres paneles de la Corte de Apelaciones, del Segundo Circuito de EEUU, revocó una decisión de un tribunal inferior que ordenaba al Departamento de Justicia (DOJ) liberar los fondos mantenidos bajo la política del departamento. El tribunal inferior dictaminó que el departamento carecía de la autoridad para imponer varias condiciones relacionadas con la inmigración en un programa de subvención federal, conocido como el Programa de Subvención de Asistencia Judicial de Edward Byrne Memorial (o el Byrne JAG).
El programa de subvenciones Byrne JAG, administrado por la Oficina de Asistencia Judicial (BJA), se creó para proporcionar fondos del gobierno estatal y local para apoyar una serie de iniciativas que incluyen la aplicación de la ley, los enjuiciamientos, los tribunales, la prevención, la educación, y otras áreas relacionadas.
En el año fiscal de 2018, había USD 269 millones disponibles bajo el programa, según BJA (pdf).
En 2017, el entonces Fiscal General, Jeff Sessions, tomó medidas contundentes en contra de las llamadas ciudades santuario, jurisdicciones que protegen a los extranjeros ilegales de los agentes federales de inmigración. El departamento impuso tres condiciones en el programa de subvenciones que los solicitantes estatales y municipales tenían que cumplir.
Las condiciones requerían que los estados y las ciudades eliminaran cualquier restricción en la comunicación entre las agencias y funcionarios estatales y locales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); dar acceso al DHS a los centros de detención para entrevistar a los reclusos sobre su estado migratorio; y dar aviso al DHS cuando un extranjero buscado esté programado para ser liberado de un centro de detención.
Siete estados, incluidos Nueva York y Nueva Jersey, demandaron al departamento en 2018 pidiendo un desagravio por mandato judicial de las tres condiciones. El tribunal de distrito dio un veredicto a favor de los estados, impidiendo que el departamento imponga sus condiciones a los demandantes y ordenándole que libere los fondos para ellos.
En apelación al Segundo Circuito, los jueces revocaron la decisión, dictaminando que el «lenguaje claro de los estatutos relevantes autoriza al Fiscal General a imponer las condiciones impugnadas».
«No podemos estar de acuerdo en que se deba prohibir al gobierno federal que imponga las condiciones impugnadas sobre las subvenciones federales aquí en cuestión», escribió en el dictamen (pdf) la juez Reena Raggi, nombrada por el presidente George W. Bush. “Estas condiciones ayudan al gobierno federal a hacer cumplir las leyes y políticas nacionales de inmigración respaldadas por las sucesivas administraciones demócratas y republicanas. Pero más allá del punto de autorización, se aseguran de que los solicitantes cumplan con los requisitos de subvención legales y particulares impuestos por el Congreso y sujetos a la supervisión del Fiscal General».
«Tampoco podemos estar de acuerdo con el tribunal de distrito en que las condiciones impugnadas interfieran inadmisiblemente en los poderes reservados a los Estados», dijo el juez.
El fallo del 2º Circuito va en contra de las sentencias de otros tres tribunales de apelaciones, el 9º Circuito, el 7º Circuito y el 3º Circuito, que han confirmado los mandatos que bloquean la aplicación de algunas o todas las condiciones del DOJ.
El portavoz del Departamento de Justicia dijo en un comunicado, enviado a The Epoch Times, que la decisión «reconoce legítimamente la autoridad legal del Fiscal General para garantizar que los beneficiarios de subvenciones del Departamento de Justicia no estén frustrando al mismo tiempo las prioridades federales de aplicación de la ley».
“Las condiciones de la subvención, aquí, requieren que los estados y ciudades, que reciben subvenciones del Departamento de Justicia, compartan información sobre delincuentes bajo custodia. El gobierno federal utiliza esta información para hacer cumplir las leyes nacionales de inmigración, políticas respaldadas por sucesivas administraciones demócratas y republicanas. Todos los estadounidenses se beneficiarán de una mayor seguridad pública ya que esta Administración puede implementar sus políticas legales de inmigración y seguridad pública. Si bien el fallo de hoy es una gran victoria para los estadounidenses, su alcance total no se realizará hasta que se suspendan las prácticas de otorgar medidas cautelares a nivel nacional, y las medidas cautelares asociativas, ya que ciertas ciudades, que son partes en este fallo pueden, sin embargo, usar las decisiones de otros tribunales para evadir estas condiciones legales», dijo el portavoz.
The Epoch Times contactó a las oficinas de los fiscales generales del estado. El fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir S. Grewal, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a The Epoch Times que estaba decepcionado por el fallo.
«Aunque la decisión de la corte de hoy no tiene un impacto inmediato, no obstante, estamos decepcionados por el fallo», dijo Grewal. “El Departamento de Justicia retiene, como rehenes, a millones de dólares en subvenciones de las cuales nuestros socios estatales y locales de aplicación de la ley dependen para llevar a cabo su misión de seguridad pública. Es desafortunado que el gobierno federal haya decidido armar el proceso de financiación de subvenciones federales para llevar a cabo la agenda anti-inmigrante del presidente, pero confío en que finalmente prevaleceremos en los tribunales».
Mientras tanto, un portavoz de la oficina del fiscal general de Rhode Island dijo a The Epoch Times, en una declaración por correo electrónico, que estaban «revisando la decisión de hoy junto con nuestros homólogos estatales para decidir los próximos pasos».
Charlotte Cuthbertson contribuyó a este informe.
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