Un tribunal federal dictaminó el jueves que es inconstitucional prohibir que los estadounidenses acusados de violencia doméstica posean armas de fuego, incluso si están sujetos a órdenes de restricción.
Aplicando la lógica que la Corte Suprema de EE.UU. presentó el verano pasado al decidir un caso histórico de la Segunda Enmienda, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de EE.UU. acordó unánimemente que la prohibición federal de poseer un arma de fuego mientras se está sujeto a una orden de restricción de violencia doméstica ya no debe ser considerado constitucional.
En el fallo de junio de 2022, el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, estableció un nuevo estándar que deben seguir los tribunales inferiores. Primero, el tribunal debe determinar si el “texto sin formato” de la Segunda Enmienda cubre la conducta de un individuo. Si es así, entonces esa conducta está presuntamente protegida, y el gobierno debe demostrar que su ley es “consistente con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de esta nación”.
Este enfoque de dos pasos forma la base de una demanda de Zackey Rahimi, un hombre de Texas acusado por un gran jurado federal por poseer un rifle y una pistola mientras estaba bajo una orden de protección civil a la que había sido sometido tras agredir supuestamente a su exnovia. Dicha orden le prohibía expresamente poseer cualquier arma de fuego.
Involucrado en 5 tiroteos
Según los documentos judiciales, Rahimi había estado involucrado en cinco tiroteos desde que firmó el acuerdo, incluido un tiroteo en la casa de alguien que acababa de comprarle narcóticos. Después de estar involucrado en un accidente automovilístico, le disparó al otro conductor y huyó de la escena, solo para regresar y dispararle al auto del agredido. También disparó su arma al aire después de que la tarjeta de crédito de su amigo fuera rechazada en un restaurante.
“Rahimi, aunque no es un ciudadano modelo, es parte de la comunidad política con derecho a las garantías de la Segunda Enmienda, en igualdad de condiciones”, argumentaron los jueces del tribunal de apelación.
Entonces surge la pregunta de si existe algún «análogo histórico bien establecido y representativo» durante los primeros años republicanos a una prohibición moderna de armas de fuego para alguien bajo una orden de restricción de violencia doméstica.
Los análogos provistos por el Departamento de Justicia de EE.UU. incluyeron leyes históricas diseñadas para desarmar a «personas peligrosas» como los nativos americanos y los esclavos; leyes de “ir armado” que les quitaron las armas a las personas que se pensaba que representaban una amenaza debido a su aparente falta de lealtad al estado; así como leyes de “garantía” que permitían a las personas “exigir la garantía de la paz” contra alguien a quien tenían “motivos justificados para temer”, lo que podría resultar en que a esa persona se le prohibiera portar un arma en público o poseer armas en absoluto.
Los jueces no encontraron convincente ninguno de los análogos y dijeron que estas leyes no cuentan como análogos o no son consistentes con «la tradición histórica de regulación de armas de fuego de esta nación».
«A través de esa lente, llegamos a la conclusión de que la prohibición [de la ley federal] sobre la posesión de armas de fuego es un ‘valor atípico que nuestros antepasados nunca habrían aceptado’. Por lo tanto, el estatuto es inconstitucional y la condena de Rahimi en virtud de ese estatuto debe anularse», declaró el tribunal.
El juez Cory Wilson, designado por Trump, escribió la opinión de la corte (pdf). A él se unieron los jueces Edith Jones, designado por Reagan; y James Ho, designado por Trump.
En su opinión concurrente separada, Ho argumentó que los dos ideales -el papel fundamental del gobierno en la protección de los ciudadanos contra la violencia y el derecho individual a poseer y portar armas- son «totalmente compatibles entre sí» a los ojos de los fundadores de la nación.
«Cuando el gobierno detiene y, por tanto, desarma a un miembro de nuestra comunidad, debe hacerlo de forma coherente con las protecciones fundamentales que nuestra Constitución ofrece a los acusados de un delito», escribió. «Por ejemplo, el gobierno puede detener a delincuentes peligrosos, no sólo después de la condena, sino también antes del juicio”.
“Nuestros Fundadores imaginaron una nación en la que tanto los ciudadanos como los soberanos desempeñen un papel importante en la protección de los inocentes contra los delincuentes violentos. Nuestra decisión de hoy es consistente con esa visión”.
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