Un juez de Michigan decidirá pronto si se puede denegar a Ross Barranco, de 73 años, la donación de un riñón porque no quiere recibir la vacuna contra el COVID-19.
«No le veo la lógica», declaró Barranco en una entrevista con The Epoch Times. «Todo el mundo sabe que un procedimiento de trasplante de órganos requiere la supresión casi completa del sistema inmunitario del receptor para que el cuerpo no lo rechace».
«Entonces, ¿por qué necesito vacunarme contra el COVID antes de la operación?».
Cuando se le preguntó si creía que la vacuna supondría alguna diferencia en su pronóstico, respondió: «Sí, la vacuna puede matarme».
«Para poder optar a un trasplante, mis dos riñones tienen que funcionar al 20% o menos. ¿Y si la vacuna destruye la función restante antes de la operación? Si lo hace, estoy acabado».
«La vacuna no aporta absolutamente nada beneficioso a un paciente de trasplante», afirma.
Dada la actual capacidad para hacer pruebas por COVID-19, sigue sin estar claro por qué los pacientes de trasplante no pueden someterse a la prueba de COVID-19 antes de la operación. Un resultado negativo podría permitir la intervención.
Tampoco está claro por qué, dados los datos que demuestran que numerosas personas totalmente vacunadas han contraído el COVID-19 en múltiples ocasiones, algunos hospitales siguen considerando la vacuna como una inmunización.
El equipo jurídico de Barranco hizo referencia a una encuesta realizada en 2021 en 200 centros de trasplante de todo el país.
De los 140 que respondieron a la encuesta, solo la mitad exigía a los candidatos a trasplante la vacuna contra el COVID-19.
«La vacuna difícilmente puede considerarse médicamente necesaria si la mitad de los centros de trasplantes que respondieron no la exigen», dijo Deborah Catalono, del Liberty Counsel, investigadora que sigue las políticas de trasplantes de los hospitales y abogada familiarizada con muchos casos similares al de Barranco y Shier.
Liberty Counsel es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de la libertad religiosa y los valores cristianos.
Dejando a un lado las cuestiones médicas y de seguridad, Barranco, católico romano, rechazó la vacuna por motivos religiosos.
Afirmó que su fe y su conciencia no le permiten recibir una vacuna que está convencido de que se desarrolló utilizando partes del cuerpo de bebés abortados y que contiene tejido fetal entre sus ingredientes.
Vacunarse o no vacunarse
El 1 de febrero de 2022, Barranco recibió lo que él percibió como un «ultimátum» del Sistema de Salud de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.
«Hay una lista activa y una lista de espera para pacientes que esperan un trasplante. En aquel momento, yo estaba en la lista de espera.
«Fue entonces cuando el hospital me dio tres meses para ponerme tres vacunas contra el COVID o me retirarían de la lista», explica Barranco.
«Me negué y me sacaron. Fue entonces cuando me puse en contacto con un abogado».
Mary Clare Fischer, representante de relaciones públicas del Centro de Trasplantes Sanitarios de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, expuso la postura del hospital en un correo electrónico enviado a The Epoch Times.
«[Nuestra] política pretende proteger a los receptores de trasplantes de las complicaciones de la infección por COVID-19, que ha tenido efectos devastadores en nuestra población de pacientes.
Los receptores de trasplantes de órganos sólidos inmunodeprimidos presentan uno de los mayores riesgos de enfermedad grave o muerte por infección por COVID-19».
«Actualmente, todos los casi 1000 pacientes adultos activos en nuestra lista de espera están vacunados contra la infección por COVID-19».
«Como ocurre con todas las políticas y procesos de nuestro Centro de Trasplantes, esta política es un paso fundamental en la colaboración con nuestros pacientes para maximizar la seguridad de nuestros receptores de trasplantes y ofrecerles la mejor oportunidad de recuperar su salud y calidad de vida a través del don del trasplante», afirmó.
Fischer declaró que el centro de trasplantes es uno de un «número significativo» de hospitales estadounidenses que exigen la vacuna contra el COVID-19 a los pacientes adultos de trasplantes de corazón, pulmón, hígado, páncreas y riñón que figuran en sus listas activas.
La política del Hospital de la Universidad de Michigan exime a los pacientes en estado crítico que no tengan tiempo de completar el protocolo de vacunación en tres fases, así como a los pacientes con alergias previas a las vacunas.
¿Por qué no Katie?
Katie Shier, codemandante de Barranco en el caso, es una mujer de 35 años no vacunada, madre de cinco hijos y candidata a un trasplante de corazón.
Se mantiene con vida gracias a un dispositivo de asistencia ventricular que ha desarrollado una infección, según el abogado de los demandantes, David Peters, del Pacific Justice Institute.
El Instituto de Justicia del Pacífico es una organización de defensa jurídica sin ánimo de lucro especializada en la defensa de la libertad religiosa, los derechos de los padres y otras libertades civiles.
El Instituto representa gratuitamente a Shier y Barranco.
Shier, católica romana, se opone a recibir la vacuna contra el COVID-19 por motivos religiosos.
El 29 de junio de 2021, Shier fue incluida en la lista de espera de trasplantes.
La política de vacunación obligatoria adoptada posteriormente por el Hospital de la Universidad de Michigan le impide ahora someterse al trasplante de corazón necesario para salvar su vida.
Peters declaró a The Epoch Times que, debido al bajo funcionamiento del corazón de Shier, en cualquier momento podría entrar en «peligro inminente o inmediato y ser trasladada de urgencia al hospital» y quizá reunir los requisitos para un trasplante en virtud de la exención de vacunación del hospital para enfermos graves.
«Lamentablemente, parece que es algo que el tribunal tendrá que ordenar. Tenemos preparadas mociones de urgencia», declaró Peters.
Shier declaró a The Epoch Times en una entrevista telefónica el 27 de enero de 2023: «He estado tan ocupada que no he tenido mucho tiempo para pensar en mi situación».
«Está en manos de Dios. Lo único que quiero es hacer la voluntad de Dios. Después de mucho rezar, el Señor me guio para que no cediera y presentara la demanda».
«Estoy luchando por tres cosas».
«Creo que es un error obligar a alguien a aplicarse una vacuna peligrosa, por lo que quiero que se ponga fin a los mandatos».
«Y, lo que es más importante, no quiero aplicarme ninguna vacuna o medicamento que haya sido contaminado por el aborto».
«Dos de las principales empresas farmacéuticas que fabrican la vacuna la desarrollaron a partir de la línea celular fetal HEK-293».
«Se sabe que algunas vacunas contienen tejido fetal, y algunas pruebas se realizan en fetos aún vivos sin anestesia», alegó.
«Estoy luchando por el derecho de las personas a rechazar cualquier vacuna que esté asociada con el aborto», añadió.
Peters declaró a The Epoch Times que algunas personas malinterpretan el caso como una demanda por negligencia médica contra el Hospital de la Universidad de Michigan.
«No se trata de mala praxis. Se trata del derecho a un proceso justo».
«Tanto Ross como Katie consideran que el UMH es uno de los mejores hospitales del mundo.
«Por eso, Katie no quiere ir a otro sitio. Quiere que su nuevo corazón venga del UMH».
Barranco dijo a The Epoch Times que consultó otro centro de trasplantes, pero que prefiere el UMH.
Un calvario de «montaña rusa»
Barranco, ingeniero geólogo petrolero desde hace 46 seis años, ha luchado durante décadas contra la hipertensión y la diabetes, las causas, según él, de su disfunción renal.
En septiembre de 2020, le dijeron que empezara a investigar los distintos tipos de diálisis.
«Empecé a hablar con la U de M en 2021».
«Finalmente, me llamaron para un examen en persona. Descubrieron que mis dos riñones no funcionaban bien».
«Los médicos no quieren eliminar un riñón que funciona parcialmente mientras todavía está contribuyendo, por lo que el plan era agregar un tercer riñón».
«Pronto me aprobaron para estar en su lista de espera», dijo Barranco.
Sus esperanzas de alivio se desplomaron cuando un análisis de sangre reveló que había contraído una enfermedad autoinmune que atacaba sus pulmones y riñones.
El trasplante se suspendió y Barranco tuvo que someterse a quimioterapia.
La quimioterapia funcionó y se recuperó.
«Eso ocurrió antes de que pudiera empezar la diálisis.
«Mi plan siempre ha sido saltarme la diálisis si podía, porque cuando falla, como siempre acaba ocurriendo, es el final del camino», afirma.
Tras su recuperación, las esperanzas de Barranco volvieron a dispararse cuando el Hospital de la Universidad de Michigan lo incluyó oficialmente en su lista de pacientes activos.
Preocupación por los demás
Cuando sus riñones empezaron a mejorar asombrosamente como respuesta a algunos cambios en su estilo de vida, Barranco pidió al hospital que lo volvieran a poner en la lista de espera, «para que otras personas con una necesidad más inmediata de un trasplante pudieran ocupar mi lugar en la lista activa», dijo.
También insistió, en contra de la recomendación del hospital, en esperar a un donante cadáver en lugar de a un donante vivo.
«Pensaba que un donante vivo solo tendría un riñón bueno. Podría morir en la mesa de operaciones o por complicaciones posoperatorias. Es una operación arriesgada».
«O, ¿qué pasaría si más adelante en la vida el donante vivo desarrollara hipertensión o diabetes con un solo riñón?».
«Ahí estaría yo, bien, pero la persona que me ayudó estaría sufriendo. ¿Qué pasaría con él o ella?», dice Barranco.
Barranco declaró a The Epoch Times que su objetivo es que no haya más mandatos de vacunación contra el COVID-19, «para que los futuros pacientes no tengan que pasar por lo que yo he pasado».
¿Política o medicina?
El presidente Joe Biden emitió una orden a través de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional en noviembre de 2021 que eventualmente resultaría en la negación de trasplantes de órganos a pacientes no vacunados como Barranco y Shier.
A finales de enero de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió por un estrecho margen que se mantuviera la orden federal que obligaba a vacunar contra el COVID-19 a los trabajadores sanitarios y a quienes estuvieran profesionalmente relacionados con ellos.
Justo antes de esa decisión, el 13 de enero de 2022, la Corte Suprema anuló la Norma Temporal de Emergencia de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ordenada por Biden que obligaba a los empleadores privados con más de 100 empleados a exigir que sus trabajadores recibieran las vacunas contra el COVID-19.
Fue en febrero cuando Barranco recibió la notificación del Hospital de la Universidad de Michigan de que tenía tres meses para ponerse las tres vacunas o quedaría totalmente descalificado para un trasplante de riñón.
«Hicimos todo lo posible, y el hospital cambió las reglas a la mitad del proceso. Nos sacaron de la lista activa».
«Para personas como Katie Shier y yo, el mensaje era claro: vacunarse o morir», afirma Barranco.
La demanda
En mayo de 2022, abogados del Pacific Justice Institute y del Liberty Counsel presentaron una demanda ante el Tribunal de Reclamaciones de Michigan.
Pidieron al juez Brock A. Swartzle que ordenara a la Junta de Regentes de la Universidad de Michigan y al hospital que restituyeran a sus clientes, Barranco y Shier, a la lista de trasplantes, junto con «todas las demás personas en situación similar».
La denegación por parte del hospital de servicios médicos a los demandantes y su supuesta negativa a considerar su solicitud de exención religiosa son los motivos citados para el desagravio declaratorio.
Los abogados de Barranco y Shier también solicitan una indemnización monetaria y compensatoria por la «grave angustia mental y emocional» que sufrieron sus clientes en el proceso.
En la demanda se alega que los demandados violaron el derecho de los demandantes a rechazar medicamentos o tratamientos, así como sus derechos al debido proceso, a la privacidad, a la integridad y autonomía corporales y al libre ejercicio de su libertad religiosa.
El caso de los demandantes se basa en la «Cláusula de Ejercicio» de la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., y su aplicación a los estados por la Decimocuarta Enmienda.
Sus alegatos también citan la Constitución de Michigan, que dice en parte: «Los derechos, privilegios y capacidades civiles y políticos de ninguna persona se verán disminuidos o ampliados a causa de sus creencias religiosas».
Los abogados de los demandantes también hacen referencia a la Ley de Derechos Civiles de Michigan, que prohíbe la denegación de alojamiento público por motivos religiosos.
La Ley define «lugar de alojamiento público» como «una empresa, o un centro educativo, de comida, entretenimiento, recreo, salud o transporte, o institución de cualquier tipo, con o sin licencia, cuyos bienes, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas o alojamientos se extienden, ofrecen, venden o ponen a disposición del público».
La demanda alega además que la aplicación por parte del hospital de la política de vacunación obligatoria se hizo bajo presión del gobierno federal y no se basa en las necesidades médicas de los demandantes.
Peters declaró a The Epoch Times: «La orden de Biden prohibió de hecho a los hospitales ejercer su propio juicio médico independiente en favor de las agencias federales».
Los consejos de administración de los grandes hospitales de investigación son muy conscientes de dónde procede la mayor parte del dinero de sus subvenciones, añadió Peters.
«También se ha presionado a los gobiernos estatales para que amenacen a los profesionales médicos con la revocación de sus licencias por incumplimiento».
«Los hospitales y los médicos tienen que volver a utilizar su propio criterio médico independiente basado en lo que es mejor para cada paciente», añadió.
Al momento de la publicación de este artículo, el caso seguía pendiente en el Tribunal de Reclamaciones de Michigan.
Una decisión de vida o muerte
«Al retirar a los demandantes de la lista activa de espera para trasplantes, el Sistema de Salud de la Universidad de Michigan y la Junta de Trasplantes tomaron una decisión de vida o muerte sin el consentimiento de los demandantes y suprimieron un derecho existente sin ningún tipo de garantías procesales», dice la demanda.
Los demandantes también sostienen que no existen estudios demostrables, revisados por expertos, ni justificación médica para retirarlos de la lista de espera de trasplantes.
«No existe ninguna investigación que demuestre que las vacunas sean necesarias o beneficiosas para los pacientes de trasplantes», dice la demanda.
La demanda también alega que el Sistema de Salud de la Universidad de Michigan nunca se reunió con los demandantes para tratar de hacer ajustes razonables a su excepción religiosa, como exige la ley.
La Universidad quiere que se desestime el caso
En una petición de resolución sumaria, los abogados del hospital universitario solicitaron al juez Swartzle que desestimara el caso de Barranco y Shier.
La universidad alega la inmunidad soberana, el derecho preferente federal y la incapacidad de los demandantes para presentar una demanda como motivos para desestimar el caso.
Según legaldictionary.net, la inmunidad soberana «se refiere a que un órgano rector, como el gobierno de EE. UU., es inmune a demandas civiles o procesos penales. … nadie puede demandar al gobierno sin su consentimiento. [Esto] procede del derecho consuetudinario británico, que estableció la idea de que el Rey es inmune a las acusaciones de delitos».
La inmunidad soberana solo se aplica al gobierno federal y a los gobiernos estatales, con pocas excepciones.
El derecho preferente federal es la doctrina jurídica que sostiene que las leyes federales están por encima de las estatales y tienen prioridad sobre ellas.
Dado que el Sistema de Salud de la Universidad de Michigan afirma que su programa de trasplantes se rige por las leyes federales de trasplantes, sostiene que no puede ser demandado por supuestas violaciones de la Constitución de Michigan o de las leyes estatales de derechos civiles, y que cualquier acción legal tendría que presentarse ante un tribunal federal.
Peters declaró a The Epoch Times que si el caso es desestimado por el Tribunal de Reclamaciones de Michigan, está dispuesto a llevarlo ante los tribunales federales, y hasta la Corte Suprema, si es necesario.
Otras opciones
«Si yo fuera un paciente en lista de espera para un trasplante de órganos, no querría pasar por un litigio. Es posible que los pacientes en fase cuatro no tengan tiempo de hacerlo», afirma Catalono, coordinador principal de litigios de Liberty Counsel.
«Hay alternativas a una demanda. Hay otros lugares a los que los pacientes pueden acudir para un trasplante».
Catalono dijo a The Epoch Times que en los últimos 14 meses, Liberty Counsel ha recibido 73 solicitudes de asistencia legal de candidatos a trasplante no vacunados de todo el país a los que se les ha denegado el procedimiento vital que necesitan.
«En nuestra estrategia previa al litigio, primero enviamos a un hospital una carta de demanda, que es sobre todo informativa. Esto suele dar lugar a una serie de comunicaciones en las que les informamos sobre los últimos avances de la ciencia médica y la legislación en materia de trasplantes y vacunaciones obligatorias», explica Catalono.
«La comunidad médica ha sido durante demasiado tiempo deferente con los protocolos de los CDC», añadió. «Como resultado de nuestros esfuerzos educativos, ahora estamos viendo pacientes desactivados reactivados sin pasar por un litigio”.
Catalono afirmó que la ciencia está cambiando rápidamente y que están surgiendo datos nuevos y claros de estudios acreditados sobre aspectos como las pruebas por COVID-19, las pruebas de anticuerpos y la inmunidad natural.
«Sugerimos a los hospitales que realicen más evaluaciones individuales de los pacientes que tengan en cuenta estos aspectos», dijo. «A veces nos encontramos recordando a los sistemas sanitarios que cumplan sus propias políticas sobre derechos del paciente, consentimiento informado y respeto».
Hospitales que aceptan exenciones religiosas
Tennessee, por ley estatal, ha prohibido la discriminación por motivos de vacunación, y Texas lo ha hecho por orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott.
Junto con Texas y Tennessee, Florida y Luisiana han surgido como puntos de destino para pacientes no vacunados de otros estados que buscan trasplantes de órganos, según Catalono.
Los investigadores de Liberty Counsel han recopilado una lista de hospitales de casi una docena de estados que, en su opinión, no tienen ningún requisito de vacunación o que han concedido exenciones religiosas a los receptores de trasplantes.
«Alrededor del 30 por ciento de los 73 solicitantes de asistencia legal de Liberty Counsel nunca han necesitado una carta de demanda. En lugar de ello, los pacientes viajaron a los estados de aceptación para obtener trasplantes», dijo Catalono.
«Estamos descubriendo que más pacientes no vacunados están recibiendo los trasplantes necesarios sin una demanda que con una».
«Hay esperanza. Hay una opción. Se pueden hacer cosas. Hay lugares a los que los pacientes pueden acudir».
La presión pública y la oración ayudan
Parte del éxito que los abogados de las fundaciones legales están teniendo en nombre de los candidatos a trasplantes de todo el país se atribuye a una ciudadanía informada y activa.
«Los valientes objetores religiosos son los responsables de que los mandatos de vacunación no hayan tenido éxito y de que los pacientes vuelvan a tener la sartén por el mango», dijo Catalono.
Barranco dijo a The Epoch Times que sentía que su caso había sido ayudado por los 24 partidarios que este mes condujeron 70 millas para asistir a su primera audiencia en un tribunal de Lansing.
Un grupo de ciudadanos llamado Guardians of Freedom Michigan (GOFM) llevó a cabo una vigilia de oración en el edificio antes de que comenzaran los procedimientos.
«El juez se fijó en ellos. No solo reconoció su presencia en la sala, sino que se desvivió por explicarles las cosas», afirmó.
La cofundadora de GOFM, Joie Vawter, de Walled Lake, que encabezó la vigilia de oración, declaró a The Epoch Times: «Apoyamos el caso que Ross y Katie tienen contra el Hospital de la Universidad de Michigan por negarles sus trasplantes vitales porque [ellos] han elegido rechazar las vacunas experimentales contra el COVID», y añadió: «La exención religiosa… es ante todo un derecho inalienable otorgado por Dios [y está] protegido constitucionalmente».
El complejo médico-industrial
Illona Rugg, activista del GOFM y simpatizante de Barranco, cuyo marido fue despedido tras 23 años de servicio como bombero de Ann Arbor por negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19, declaró: «Me molesta ver cómo cincelan nuestra libertad. La gente tiene que levantarse contra la tiranía».
«Nuestras propias vidas son rehenes del complejo médico-industrial».
Como se reportó anteriormente, los hospitales afirman que siguen las recomendaciones establecidas por la Sociedad Americana de Trasplantes y la Red Unida para la Compartición de Órganos.
Ambas organizaciones cuentan con el gigante farmacéutico Sanofi como uno de sus patrocinadores corporativos.
Sanofi se ha asociado con Pfizer y Johnson & Johnson para producir la vacuna contra el COVID-19.
Merck CSL Behring, que se asoció con AstraZeneca para producir la vacuna contra el COVID-19, y Novartis, que se asoció con Pfizer, también son empresas patrocinadoras de la Sociedad Americana de Trasplantes.
La Red Unida para la Compartición de Órganos recibe el 10% de su financiación de otro promotor activo de la vacuna contra el COVID-19: el gobierno federal.
Con información de Alice Giordano.
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