Una corte federal de apelaciones bloqueó la entrada en vigor en cuatro estados de las protecciones ampliadas del Título IX del gobierno federal basadas en la «identidad de género», lo que supone una victoria para quienes sostienen que las nuevas normas erosionan la protección de las mujeres al permitir, por ejemplo, el acceso a los vestuarios de mujeres a varones biológicos que se identifican como mujeres.
El 22 de agosto, en una decisión dividida (2-1), la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de EE. UU., con sede en Atlanta, concedió una moción para una medida cautelar pendiente de apelación, escribiendo en su opinión que los demandantes mostraban una gran probabilidad de ganar en cuanto al fondo, un daño potencialmente irreparable y que la medida cautelar se ajustaba al interés público.
«Es muy probable que la nueva normativa del Departamento que define la discriminación ‘por razón de sexo’ para incluir la ‘identidad de género’ sea contraria a la ley y ‘exceda la autoridad legal'», escribieron los jueces al bloquear la aplicación de las normas revisadas del Título IX en Alabama, Georgia, Florida y Carolina del Sur.
La decisión se produce en una demanda presentada por los cuatro estados, junto con Independent Women’s Law Center, Parents Defending Education y Speech First. Los demandantes impugnaron una norma final anunciada por el Departamento de Educación (DOE, por sus siglas en inglés) el 19 de abril, que ampliaba la ley del Título IX, de hace décadas, que prohíbe la discriminación sexual en las escuelas, para incluir ahora la orientación sexual y la «identidad de género».
Los cambios, que no llegan a prohibir a los centros que impidan a los atletas varones que se identifiquen como mujeres competir contra mujeres, debían entrar en vigor el 1 de agosto. Los centros que se negaran a cumplir la normativa se arriesgaban a perder fondos federales esenciales y a ser demandados.
La reforma del Título IX otorgaba a los varones biológicos que se identificaran como mujeres el derecho a utilizar los baños y vestuarios femeninos y a afiliarse a organizaciones exclusivamente femeninas, al mismo tiempo que interpretaba que el «acoso» incluía el uso de pronombres que se ajustaran al sexo biológico de la persona y no a la identidad de género elegida.
Las revisiones del DOE al Título IX provocaron una reacción violenta, con más de una docena de estados demandando para bloquearlo y aconsejando a las escuelas que ignoren las disposiciones transgénero de las nuevas reglas.
Al oponerse a las diversas demandas que impugnan las disposiciones renovadas del Título IX, el DOE ha argumentado que la ampliación de la definición de discriminación por razón de sexo para incluir la identidad de género es una aplicación directa de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en un caso conocido como Bostock vs Clayton County.
En ese caso, el alto tribunal dictaminó por 6-3 que despedir a personas por su orientación sexual o su condición de transexuales infringía las prohibiciones de discriminación en la contratación estipuladas en el Título VII, la ley federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en el lugar de trabajo.
Sin embargo, el 11º Circuito rechazó este razonamiento, argumentando que el DOE no puede basarse en Bostock como precedente en su defensa contra la impugnación del Título IX por parte de los estados porque el texto específico del Título VII «tiene una relevancia mínima» en casos que implican una ley diferente y un contexto fáctico distinto.
La corte de apelaciones también consideró que las revisiones del Título IX pueden violar la Primera Enmienda porque la nueva definición de «discriminación» de la norma parece excesivamente amplia y podría dar lugar a políticas potencialmente restrictivas de la defensa política y otras formas de expresión protegida, por lo que es probable que sea inconstitucional.
El 11º Circuito también estuvo de acuerdo con el argumento de los demandantes de que sufrirían un perjuicio irreparable si la norma entrara en vigor debido a los importantes costes de cumplimiento, los conflictos con las leyes estatales y las posibles violaciones de los derechos de libertad de expresión. La corte de apelaciones también consideró que el interés público y el equilibrio de equidades favorecen a los demandantes, ya que el mantenimiento del statu quo evita la aplicación de una norma potencialmente inconstitucional, mientras que la nueva norma impone cargas posiblemente innecesarias.
En su voto particular, el juez Charles Wilson argumentó que los demandantes no habían fundamentado adecuadamente su alegación de daño irreparable y que la mayoría se había equivocado al conceder una medida cautelar pendiente de apelación, que, según él, es un «recurso extraordinario» que requiere una mayor carga de la prueba.
«Reescritura radical»
El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, elogió la decisión en una declaración pública en la plataforma de redes sociales X.
«Estoy muy contento de anunciar la decisión del Undécimo Circuito, que ha aceptado nuestra moción para detener este intento de la Administración Biden-Harris de convertir el Título IX de una ley que protege a las mujeres en una ley que permitiría a los hombres entrar en los vestuarios femeninos», dijo Marshall. «Ahora, siete cortes de distrito, tres cortes de apelación y los nueve jueces de la Corte Suprema han sostenido que esta reformulación radical del Título IX es probablemente ilegal. Seguiremos librando la buena batalla por los niños en edad escolar de Alabama».
May Mailman, directora del Independent Women’s Law Center, dijo en un comunicado que el fallo del 11º Circuito es «otro recordatorio a la Administración Biden-Harris de que el Congreso hace las leyes, no su ejército de burócratas».
El DOE no respondió a una petición de The Epoch Times para comentar la decisión antes de la hora de publicación. Sin embargo, cuando se le preguntó a mediados de junio sobre una orden judicial similar de una corte de distrito de Kentucky que bloqueaba la aplicación de las normas ampliadas del Título IX en seis estados, un portavoz del DOE dijo a The Epoch Times que el departamento revisaría la decisión y que mantiene las normas revisadas del Título IX.
«El Título IX garantiza que ninguna persona sufra discriminación por razón de sexo en un entorno educativo financiado con fondos federales. El Departamento elaboró la normativa final del Título IX siguiendo un riguroso proceso para hacer realidad la garantía estatutaria del Título IX. El Departamento se atiene a las normas finales del Título IX publicadas en abril de 2024, y seguiremos luchando por todos los estudiantes», dijo el DOE en ese momento.
Con la decisión del 11º Circuito del 22 de agosto, las órdenes judiciales han puesto en pausa la nueva norma en 26 estados: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
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