El 20 de septiembre, un juez federal bloqueó temporalmente una ley de Tennessee que prohíbe a los adultos ayudar a menores a abortar sin permiso paterno.
La ley, capítulo 1032, establece que es ilegal que un adulto “reclute, acoja o transporte intencionadamente” a una niña o adolescente embarazada dentro del estado con el fin de practicarle un aborto sin el consentimiento de los padres o tutores de la menor. Los adultos que cometan “tráfico de menores con fines abortivos” en virtud de la ley serán responsables de un delito menor de clase A, que requiere una condena de casi un año de cárcel.
La ley fue aprobada por los legisladores y firmada por el gobernador de Tennessee, Bill Lee, a principios de este año y entró en vigor el 1 de julio.
La representante demócrata de Tennessee Aftyn Behn y la abogada Rachel Welty demandaron a las autoridades estatales por esta ley, alegando que viola la Primera Enmienda. Welty ayuda regularmente a menores a abortar, según la demanda, mientras que Behn se ha ofrecido a transportar a menores a otros estados para que aborten.
La juez de distrito, Aleta Trauger, dijo que dictaba una orden judicial preliminar contra la ley en parte debido a una disposición que prohíbe el reclutamiento de menores para abortos “independientemente del lugar donde se vaya a practicar el aborto”.
“Si Tennessee hubiera optado por limitar esa prohibición a los abortos practicados ilegalmente en Tennessee, entonces esa promulgación habría estado probablemente dentro de la tradición de las prohibiciones”, dijo la juez en la decisión del 20 de septiembre. Pero la forma en que está estructurada la ley significa que Tennessee “ha optado por ilegalizar determinadas comunicaciones realizadas para promover abortos que, de hecho, son totalmente legales”, añadió.
En Tennessee, los abortos son ilegales salvo en situaciones que cumplan una de varias excepciones. Sin embargo, dado que Tennessee forma parte de Estados Unidos, las autoridades deben aceptar que otros estados permitan abortos legales y no pueden tipificar como delito el hecho de que la gente comunique que viaja fuera del estado para hacerse un aborto, según el juez.
La medida cautelar seguirá en vigor mientras el caso siga su curso.
Los funcionarios estatales defendieron la ley. A medida que la ley fue debatida, aprobada y defendida, diferentes funcionarios y legisladores ofrecieron diversas definiciones de la palabra “reclutar”.
“Sin embargo, independientemente de lo que signifique ‘reclutar’ a una persona para que se someta a un aborto legal, dicho reclutamiento implicaría intrínsecamente un discurso protegido por la Primera Enmienda, lo que significa que la disposición sobre reclutamiento está sujeta a las restricciones ordinarias que impone la Primera Enmienda”, dijo Trauger. “Dado que la disposición incumple esas restricciones de múltiples maneras, la corte prohibirá su aplicación y no desestimará las demandas de los demandantes”.
En un comunicado, Behn dijo que el fallo “es una victoria monumental para la libertad de expresión y la lucha por el derecho al aborto”.
“[El tribunal] ha afirmado nuestro derecho a hablar abiertamente sobre las opciones de aborto sin temor a repercusiones legales”, dijo.
Welty dijo que el fallo protege la relación abogado-cliente y “salvaguarda la libertad de expresión de los abogados de todo el país para hablar abierta y honestamente sobre el aborto”.
El representante estatal Jason Zachary, un republicano que ayudó a elaborar el estatuto, dijo que el fallo era incorrecto.
“La ley en cuestión es sobre los derechos de los padres, y punto”, dijo en un post en las redes sociales. “El lenguaje prohíbe que un adulto que no sea el padre/tutor de una menor facilite un aborto para esa menor sin el consentimiento de los padres. Esto es de sentido común”.
Zachary dijo que confía en que el fiscal general de Tennessee acabe teniendo éxito contra la demanda.
Con información de Associated Press
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