Un tribunal federal de apelaciones confirmó el lunes la decisión de un tribunal de primera instancia de bloquear una norma de la administración Trump que requiere que los solicitantes de asilo primero busquen protección en los países por los que pasaron camino a la frontera entre Estados Unidos y México.
El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito determinó que la norma conocida como «norma de tránsito de terceros países» era ilegal en virtud de una ley federal conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) cuando se emitió la norma en julio de 2019. La corte dijo que la norma era ilegal porque era incompatible con la ley de inmigración, ya que «prácticamente no hace nada para garantizar que un tercer país sea una opción segura» y que se promulgó de manera «arbitraria y caprichosa» (pdf). El caso se cita como East Bay Sanctuary Covenant v. Barr.
El fallo del Noveno Circuito es un segundo golpe a la política de la administración Trump en menos de una semana luego de que un tribunal de distrito en Washington bloqueara la aplicación de la norma en un caso separado con el argumento de que fue «promulgada ilegalmente».
La norma tiene como objetivo reducir la cantidad de solicitudes de asilo sin mérito que ejercen una presión abrumadora sobre el sistema de inmigración de Estados Unidos. Funciona bajo la premisa de que los solicitantes de asilo que huyen de sus países de origen por temor a la persecución o a la tortura por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política, primero deben buscar protección en el primer país seguro al que llegan.
Luego de que se emitiera la norma, un grupo de organizaciones sin fines de lucro que representan a los solicitantes de asilo (los demandantes) demandaron a la administración Trump, buscando una orden judicial en contra de la norma. Ellos argumentaron que era inválida porque era inconsistente con las leyes de inmigración en las que el gobierno dijo que se basaba, que era arbitrario y caprichoso, y que la norma fue adoptada sin cumplir con los requisitos de la APA de comentarios y notificación.
El tribunal de distrito falló a favor de los demandantes en los tres y otorgó a los grupos una orden judicial preliminar a nivel nacional en julio del año pasado. Esto provocó una apelación al Noveno Circuito, que dictaminó limitar el mandato a California y Arizona, los dos estados fronterizos que se encuentran dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito.
Aproximadamente un mes después, el tribunal de distrito restableció el mandato nacional emitido anteriormente luego de considerar pruebas adicionales. El caso finalmente llegó a la Corte Suprema, que dictaminó suspender la orden judicial en espera de una decisión del Noveno Circuito o una petición de la administración Trump para pedirle a la Corte Suprema que revise el caso.
El Noveno Circuito falló a favor de los demandantes por los dos primeros motivos, pero no decidió si la norma era inválida sin cumplir con el requisito de comentarios y notificación. El tribunal también dictaminó que los demandantes sufrirían daños irreparables y que un requerimiento judicial es de interés público.
«El tribunal reconoció el grave peligro que enfrentan los solicitantes de asilo y bloqueó el intento de la administración Trump de poner fin a las protecciones de asilo promulgadas por el Congreso», dijo Lee Gelernt, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que abogó por los demandantes, en un comunicado.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La semana pasada, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia anuló la norma de tránsito de terceros países, argumentando que la regla era ilegal porque la administración Trump no cumplió con los requisitos de comentarios y notificación de la APA y no había brindado una justificación suficiente para no cumplir con esos requisitos.
Ambas decisiones representan un revés para la administración Trump y el presidente Donald Trump, quien ha tomado una línea dura contra la inmigración ilegal en la frontera sur, aunque la decisión del lunes no tiene un efecto práctico ya que la norma ya había sido bloqueada por el tribunal de distrito.
Estados Unidos se enfrentó a una afluencia de solicitudes de asilo en los últimos años, ya que los grupos de tráfico de personas y los migrantes económicos se han aprovechado de las lagunas legales en un sistema tenso.
La administración dice que el número de casos remitidos al Departamento de Justicia para procedimientos ante un juez de inmigración se había más que triplicado entre el 2013 y 2018, pero solo una pequeña minoría de estas personas finalmente recibe asilo.
El Departamento dijo que la norma de tránsito de terceros países busca frenar la afluencia de solicitantes de asilo «identificando de manera más eficiente a los extranjeros que están haciendo mal uso del sistema de asilo para ingresar y permanecer en los Estados Unidos en lugar de buscar legítimamente protección urgente contra la persecución o la tortura». La norma tiene como objetivo disuadir a los extranjeros cuyas reclamaciones carecen de mérito y permitir a los Estados Unidos priorizar las reclamaciones de otros que no tienen otras opciones. Contiene tres excepciones limitadas, incluso para las personas que pueden demostrar que han sido «víctimas de una forma grave de tráfico de personas».
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