Una corte federal de apelaciones anuló el 14 de agosto las denegaciones de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE. UU. a las pequeñas refinerías que solicitaban exenciones a un programa de combustibles renovables, al considerar que la agencia interpretó erróneamente la ley que establece cómo tramitar las solicitudes de exención.
El tratamiento dado por la agencia, o la EPA, a las solicitudes de exención «fue contrario a la ley y arbitrario y caprichoso», declaró en su sentencia un panel unánime de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia.
La EPA no respondió a la solicitud de comentarios.
El Congreso ordenó a la agencia, como parte de las actualizaciones de la Ley de Aire Limpio, que pusiera en marcha un programa de Normativa sobre Combustibles Renovables. El programa exige a las refinerías de petróleo que añadan etanol y otros combustibles renovables al suministro energético del país mezclándolos con la gasolina o comprando créditos.
La ley decía que las pequeñas refinerías sujetas a dificultades económicas desproporcionadas si se les exigía cumplir el programa podían solicitar a la EPA exenciones de los requisitos del programa.
Durante años, la EPA, basándose en un estudio del Departamento de Energía de EE. UU. según el cual las pequeñas refinerías tienen obstáculos singulares que podrían hacer que el cumplimiento fuera más costoso que el de las empresas más grandes, concedió exenciones a muchas pequeñas refinerías. Pero en 2022 denegó decenas de peticiones, incluidas 31 que había concedido inicialmente, y rechazó todas las solicitudes restantes.
La EPA citó una decisión de la Corte de Apelación del 10º Circuito de EE. UU., que dijo en una sentencia que la EPA estaba considerando erróneamente las dificultades económicas más allá de las causadas por el cumplimiento del programa de combustibles y que la agencia debería estar estudiando si las refinerías podrían recuperar el coste de cumplir el programa repercutiendo los costes a los clientes.
La Corte Suprema de EE. UU., sin embargo, anuló parcialmente la sentencia del 10º Circuito, y esa corte de apelación, en respuesta, anuló toda su decisión.
En los escritos presentados ante el Circuito del Distrito de Columbia, la EPA siguió citando la sentencia, pero «esa sentencia no es ley ni en este circuito ni en el Décimo Circuito, donde ya ha sido anulada», dijo la corte en su nueva decisión.
La corte afirmó que la tramitación por la EPA de las solicitudes de exención por dificultades económicas iba más allá de la Ley de Aire Limpio (CAA, por sus siglas en inglés), porque el Congreso escribió que las pequeñas refinerías podían demostrar cualquier dificultad económica, no solo las dificultades basadas en el cumplimiento de los requisitos del programa de combustibles renovables.
«La definición de la EPA de dificultades económicas desproporcionadas es incoherente con el significado llano de la exención por dificultades económicas y contradice otras disposiciones de la CAA», declaró el grupo de expertos. «Las acciones de denegación se centraron exclusivamente en los costes de cumplimiento en lugar de en las dificultades económicas, pasaron por alto la directiva de la CAA de considerar ‘otros factores económicos’ e introdujeron un requisito de causalidad excesivamente estricto».
La misma corte dijo anteriormente que la EPA tiene amplia discreción para considerar una serie de factores a la hora de decidir si concede o deniega las peticiones, pero esa discreción no significa que la EPA pueda restringir el significado de dificultad económica de forma incompatible con la ley, dijo el panel.
Las denegaciones de la EPA también fueron arbitrarias y caprichosas, en parte porque la EPA nunca aportó pruebas de su afirmación de que los costes de los créditos del programa se repercuten inmediatamente en los clientes de las refinerías, según la sentencia.
El grupo, formado por jueces del Circuito de EE. UU., anuló las denegaciones y devolvió los casos a la EPA.
El panel también retomó las impugnaciones a la EPA, tras emitir denegaciones a 31 pequeñas refinerías previamente aprobadas, permitiendo a las refinerías evitar algunos de los requisitos del programa durante determinados años.
La asociación comercial Growth Energy afirmó que la EPA carecía de autoridad para emprender la acción, pero la asociación no demostró legitimación, según el panel.
Sinclair Wyoming Refining Company, por su parte, alegó que la EPA no explicó adecuadamente por qué no le amplió la elusión, pero los jueces dijeron que la EPA sí proporcionó detalles sobre la exclusión. Y se rechazó una impugnación de Wynnewood Refining Company, que figuraba entre las refinerías a las que se había concedido la elusión, porque la EPA nunca actuó en respuesta a una solicitud que Wynnewood había formulado.
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