Un tribunal federal de apelaciones limitó temporalmente el martes la prohibición casi total del aborto en Idaho durante los procedimientos legales en curso que implican una impugnación del gobierno de Biden.
El mes pasado, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco, había permitido al estado aplicar su prohibición.
Sin embargo, el tribunal ha optado ahora por oír el caso «en banc», o con un panel completo de jueces. Esta decisión ha detenido temporalmente la aplicación de la prohibición del aborto en casos de emergencia médica.
«Con el voto de la mayoría de los jueces en activo no recusados, se ordena que este asunto se vuelva a tratar en banc», decía la orden.
En agosto del año pasado, la Administración Biden demandó a Idaho, argumentando que la prohibición del estado contradecía la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA, por sus siglas en inglés), una ley federal que obliga a los hospitales a «estabilizar» a los pacientes que se enfrentan a condiciones médicas de emergencia.
La administración sostenía que la EMTALA podría hacer necesarios abortos más allá de los cubiertos por la excepción limitada de Idaho, diseñada para salvar la vida de la madre.
El juez de distrito estadounidense James Wesley Hendrix estuvo de acuerdo y emitió una orden que impedía la aplicación de la ley en los casos en que el aborto fuera necesario para evitar un «grave peligro» para la salud de la paciente o el riesgo de un «grave deterioro de las funciones corporales».
Sin embargo, un panel de tres jueces revocó esta decisión el mes pasado, afirmando que no existía un conflicto inherente entre la prohibición del aborto en Idaho y la EMTALA, haciendo hincapié en que la EMTALA «no establece normas de atención ni ordena específicamente que se ofrezcan determinados procedimientos, como el aborto».
El panel también señaló que cualquier conflicto potencial había sido resuelto por acciones posteriores en el estado, incluyendo aclaraciones legislativas y de la Corte Suprema del estado sobre la ley.
Los tres jueces del panel del mes pasado fueron nombrados por el expresidente Donald Trump, republicano. El 9º Circuito está formado actualmente por 28 jueces activos, de los que 15 han sido nombrados por presidentes demócratas y 13 por republicanos.
Sin embargo, el panel de 11 jueces que reconsiderará el caso será seleccionado al azar, lo que añade un elemento de imprevisibilidad a los procedimientos.
La postura provida de Idaho
La prohibición de Idaho de 2020 en cuestión era una ley «desencadenante» que dependía de que la Corte Suprema revocara el caso Roe contra Wade, la histórica decisión que legalizó el aborto en todo el país.
La ley incluye una excepción muy estrecha, que lo hace ilegal excepto cuando se considera que el aborto es necesario para evitar la muerte de la madre.
En enero, la Corte Suprema de Idaho confirmó la prohibición casi total del aborto en el estado en respuesta a una demanda de Planned Parenthood, señalando que el procedimiento no es un derecho inalienable según las tradiciones del estado.
En abril, el gobernador de Idaho, el republicano Brad Little, promulgó una ley que tipifica como delito que un adulto ayude a una menor a abortar sin el consentimiento de sus padres, incluso si el procedimiento para interrumpir el embarazo se realiza fuera del estado.
La nueva ley, el Proyecto de Ley 242 de la Cámara de Representantes, entró en vigor en junio, y estableció formalmente un nuevo delito llamado «tráfico de abortos».
«Con la revocación de Roe contra Wade por la Corte Suprema de EE. UU. el verano pasado, el derecho y el deber de establecer una política legal sobre el aborto volvieron por fin a nuestro proceso democrático estatal», escribió el Sr. Little en una carta a los legisladores de Idaho, declarando que había firmado la legislación.
El proyecto de ley establece que no es una «defensa afirmativa» ante un proceso en virtud de la nueva ley que la acusada alegue que el aborto se llevó a cabo en otro estado distinto de Idaho, ni que las píldoras abortivas se obtuvieron de un proveedor de otro estado.
Por tanto, la ley ilegaliza que un adulto ayude a una menor a cruzar las fronteras estatales para abortar sin el consentimiento de sus padres. Denominado «tráfico de abortos», tal delito se castiga con penas de dos a cinco años de prisión.
Los grupos provida aclamaron la ley, destacando que los proveedores de abortos habían estado atrayendo a mujeres a través de las fronteras estatales para realizar los procedimientos.
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