Corte Federal de Pensilvania anula las restricciones de armas para menores de 21 años

Por Zachary Stieber
19 de enero de 2024 3:09 PM Actualizado: 19 de enero de 2024 3:09 PM

La prohibición de Pensilvania de que los adultos menores de 21 años porten armas en público viola la Constitución de Estados Unidos, dictaminó una corte federal el 18 de enero.

La Segunda Enmienda de la Constitución, que dice que «el pueblo» tiene derecho a «poseer y portar armas», se aplica a todos los adultos, dijo un panel de la Corte de Circuito de Apelaciones de EE.UU. para el Tercer Circuito en una decisión dividida.

«Las palabras ‘el pueblo’ de la Segunda Enmienda abarcan presumiblemente a todos los estadounidenses adultos, incluidos los jóvenes de 18 a 20 años, y no conocemos ninguna ley de la época fundacional que apoye el desarme de las personas de ese grupo de edad», escribió el juez Kent Jordan de parte de la mayoría.

En 2022, en una decisión de la Corte Suprema de EE.UU., el máximo tribunal del país consideró que las restricciones a las armas deben ser «coherentes con la tradición histórica de esta nación en materia de regulación de armas de fuego».

La ley de Pensilvania prohíbe llevar armas de forma oculta en público sin licencia. Los menores de 21 años no pueden solicitar un permiso.

Si bien a la mayoría de los adultos de Pensilvania generalmente se les permite portar armas abiertamente en público, solo aquellos que cumplían con ciertos criterios, como tener una licencia, pudieron hacerlo legalmente una vez que se declaró el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19.

Esas restricciones violaron los derechos constitucionales de los adultos menores de 21 años, argumentaron los demandantes en una acción judicial presentada en 2020.

El juez de distrito estadounidense William Stickman IV falló en contra de ellos en 2021, diciendo que, según las pautas descritas en una decisión de la Corte Suprema de 2008, las restricciones eran “de larga data” y “presuntamente legales” y, por lo tanto, estaban “fuera del alcance de la Segunda Enmienda”.

La Coalición de Política de Armas de Fuego y los demás demandantes apelaron, argumentando que el fallo era incorrecto. Cuando la Corte Suprema emitió su fallo de 2022, los demandantes notificaron a la corte de apelaciones. El fallo de 2022 estableció que el derecho de los adultos a portar armas en público “está directamente protegido por la Segunda Enmienda” y Pensilvania “no ha asumido la carga de demostrar que las restricciones del Estado en cuanto a los jóvenes de 18 a 20 años son análogas a cualquier restricción histórica”, dijeron los demandantes.

Los funcionarios de Pensilvania argumentaron que las regulaciones aún quedaban fuera del alcance de la Constitución, en parte porque los adultos de entre 18 y 20 años no eran parte del “pueblo”.

El juez Jordan, en el nuevo fallo, dijo que eso no es cierto.

“Los jóvenes de 18 a 20 años se encuentran, al igual que otros subconjuntos del público estadounidense, presumiblemente entre ‘las personas’ a quienes se extienden los derechos de la Segunda Enmienda”, escribió el juez.

Eso significa que los funcionarios de Pensilvania tendrían que haber identificado leyes históricas que limitaran los derechos de la población a portar armas, y no lo hicieron, añadió el juez. De hecho, una ley aprobada por el Congreso poco después de que se ratificara la Segunda Enmienda exigía que todos los hombres se alistaran en una milicia cuando cumplieran 18 años. Por lo tanto, ellos estaban armados.

“Nosotros entendemos que se puede mantener un debate razonable sobre permitir que los adultos jóvenes estén armados, pero el tema que tenemos ante nosotros es limitado. Nuestra pregunta es si el comisionado ha podido demostrar que la evidencia de las regulaciones de la época fundacional respalda la restricción de Pensilvania a los derechos de la Segunda Enmienda de los jóvenes de 18 a 20 años, y la respuesta es no”, dijo el juez Jordan.

El juez de circuito estadounidense D. Brooks Smith se unió al juez Jordan. Ambos fueron designados por el expresidente George W. Bush, mientras que el juez Stickman fue designado por el expresidente Donald Trump.

El juez de circuito federal L. Felipe Restrepo, designado durante el gobierno del expresidente Barack Obama, expresó su desacuerdo.

“No hay duda de que existe un umbral de edad antes del cual no se aplica la protección de la Segunda Enmienda”, escribió el juez Restrepo, añadiendo más tarde que las consultas con varias fuentes le llevaron a creer que “el alcance del derecho, tal como se entendía durante la era de la Fundación, excluye a los menores de 21 años”.

La decisión de la corte revocó la sentencia anterior contra los demandantes.

Reacciones

La Coalición de Política de Armas de Fuego celebró el nuevo fallo.

«Nosotros celebramos la decisión del Tercer Circuito en este caso, que confirma que los adultos de 18 a 20 años tienen el mismo derecho a la autodefensa armada que cualquier otro adulto», dijo Cody J. Wisniewski, abogado de la coalición, en una declaración. “Si no fuera porque los adultos de 18 a 20 años tuvieran el poder de ejercer su derecho a defenderse a sí mismos, a sus seres queridos y a sus comunidades, nuestra nación no existiría. Sería una profunda perversión de la Constitución impedirles el mismo derecho hoy”.

«El fallo de hoy garantiza que estas personas tengan la capacidad de defenderse durante un estado de emergencia», añadió Adam Kraut, director ejecutivo de la Fundación de la Segunda Enmienda. La fundación también formaba parte de la demanda.

Entre los otros demandantes, está incluido Madison Lara, un adulto menor de 21 años que posee un rifle y una pistola. El Sr. Lara dijo que quiere poder llevarlos consigo para defensa propia. También está Logan Miller, otro residente afectado de Pensilvania que, según sus abogados, se ha abstenido de portar armas para evitar ser acusado de un delito grave.

La Policía Estatal de Pensilvania (PSP) fue la acusada en el caso.

“La PSP no tiene comentarios, ya que nuestros abogados todavía están revisando el fallo”, dijo un portavoz a The Epoch Times en un correo electrónico.

La oficina del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un demócrata, no respondió a la solicitud de comentarios.


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