El 12 de septiembre, una corte federal de apelaciones confirmó la ley de Colorado que prohíbe la «terapia de conversión» para menores, o terapia destinada a cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.
La Ley de Terapia de Conversión de Menores (MCTL, por sus siglas en inglés) permite a las autoridades revocar las licencias de los profesionales de la salud que hayan ofrecido terapia de conversión.
En la decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito de EE. UU., la jueza Veronica Rossman escribió para la mayoría que los estudios y otras pruebas ofrecidas por las autoridades de Colorado demuestran que la terapia es perjudicial para los menores, e incluso aumenta la posibilidad de intentos de suicidio.
«Por lo tanto, no tenemos ningún problema en concluir que la MCTL está racionalmente relacionada con el interés de Colorado en proteger a los pacientes menores de edad que buscan atención de salud mental de la obtención de modalidades terapéuticas ineficaces y perjudiciales», escribió Rossman.
La ley prohíbe «cualquier práctica o tratamiento» que «intente o pretenda cambiar la orientación sexual o la identidad de género de un individuo».
Kaley Chiles, consejera licenciada, dijo en una demanda que la ley viola los derechos de la Primera Enmienda de los consejeros y sus clientes.
Chiles trata de cumplir los deseos de sus clientes, incluido su deseo de «dar prioridad a sus valores religiosos y morales por encima de las atracciones, comportamientos o identidades sexuales no deseados de personas del mismo sexo», dice la demanda.
Chiles tiene derecho, en virtud de la Primera Enmienda, a ofrecer asesoramiento de acuerdo con sus creencias religiosas y las de sus clientes, y sus clientes tienen derecho, en virtud de la Primera Enmienda, a recibir asesoramiento libre de discriminación por parte de las autoridades de Colorado.
Un juez de distrito de EE. UU. en 2022 rechazó una solicitud para bloquear la ley mientras el caso sigue su curso, encontrando que Colorado tiene un interés legítimo en la prevención de la terapia de conversión y la regulación de los profesionales de la salud mental y que la ley sirve racionalmente a esos intereses.
La jueza Charlotte Sweeney dijo que la ley es neutral y no está sesgada contra las creencias religiosas porque se dirige a los modos de terapia, no a las creencias o afiliaciones religiosas de los terapeutas.
Rossman, la jueza de circuito, dijo el jueves que no detectaba ningún error en la decisión de Sweeney.
«La corte de distrito no abusó de su discreción al considerar que la Sra. Chiles no ha demostrado una probabilidad de éxito en cuanto al fondo de sus reclamaciones de libertad de expresión y libre ejercicio y, por extensión, al denegar su petición de una medida cautelar en relación con estas reclamaciones», escribió Rossman.
La jueza de circuito Nancy Moritz se unió al fallo.
El juez de circuito Harris Hartz, el otro juez del panel al que se asignó el caso, dijo en un voto disidente que la Primera Enmienda respalda a Chiles.
«La cuestión en este caso es si se debe reconocer una excepción a la libertad de expresión cuando los líderes de organizaciones profesionales nacionales declaran que cierto discurso es peligroso y exigen deferencia a sus puntos de vista por parte de todos los miembros de sus profesiones, independientemente de la relevancia o la fuerza de sus supuestas pruebas de apoyo», dijo. «Tal y como yo entiendo los precedentes de la Corte Suprema, la respuesta es claramente no».
Un abogado del estado que representa a los funcionarios de Colorado no respondió a una solicitud de comentarios.
El Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas fue uno de los grupos que celebraron la decisión.
El fallo «permite a Colorado seguir protegiendo a sus niños y adolescentes LGBTQ de los peligros de la terapia de conversión», dijo en un comunicado Chris Stoll, abogado del centro.
El asesor legal de Alliance Defending Freedom, Cody Barnett, que está ayudando a representar a Chiles, dijo en un comunicado que el fallo no era correcto.
«El asesoramiento es expresión, no conducta, y debe ser tratado como tal en virtud de la Primera Enmienda. El gobierno no tiene por qué censurar las conversaciones privadas entre clientes y asesores, ni debe utilizarse a un asesor como herramienta para imponer a sus clientes las opiniones sesgadas del gobierno», dijo Barnett. «Estudiaremos todas las opciones para detener el intento ilegal de los funcionarios de Colorado de prohibir el discurso de alguien simplemente porque no están de acuerdo con los puntos de vista expresados. Todos los estadounidenses deben poder hablar libremente y buscar la mejor ayuda posible que deseen».
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