La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) convocó para el próximo viernes una audiencia para examinar el indulto que la Justicia peruana otorgó al expresidente Alberto Fujimori, y además pidió al Estado abstenerse de ejecutar la liberación del político.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, emitió este miércoles una resolución, ante un pedido de medidas provisionales, en la que convoca a los representantes de las víctimas, del Estado de Perú y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública para el 1 de abril.
En la resolución, la Corte también decidió «requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales».
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que actúa como representante de las víctimas en los procesos ante la CorteIDH, había adelantado horas antes algunos detalles de esta resolución del tribunal continental.
Perú se mantiene a la expectativa de la liberación del expresidente Fujimori (1990-2000), de 83 años, mientras que su defensa intenta acelerar el trámite judicial que le permitirá abandonar la cárcel gracias a un indulto humanitario otorgado por el Tribunal Constitucional.
Fujimori fue condenado por la Justicia peruana en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
La Corte Interamericana también condenó a Perú en 2001 por el caso Barrios Altos y en 2006 por el de La Cantuta, y ordenó al Estado castigar a los responsables.
El gobierno del presidente Pedro Castillo anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar revertir el indulto, dado que ese tribunal le pidió al Estado peruano sancionar los delitos por los cuales fue sentenciado el exmandatario hace 13 años.
Tras conocerse la decisión del alto tribunal constitucional peruano, la Justicia ordenó el impedimento de salida del país durante 18 meses a Fujimori para que acuda a las citaciones por el caso que aún se le sigue de Pativilca, una matanza de seis personas perpetrada en 1992.
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