Una corte de apelaciones de Pensilvania denegó la petición para reanudar un caso de Pensilvania que cuestionaba los estatutos que prohíben a los adultos jóvenes portar armas de fuego para defensa propia y adquirir una licencia para portar un arma de fuego.
La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. se puso del lado de un grupo a favor de los derechos de las armas al negarse a reexaminar un caso en el que los oponentes del grupo pretendían restringir la capacidad de los adultos jóvenes para portar armas de fuego. El 27 de marzo, la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. emitió una sentencia en la que denegaba la petición de una nueva audiencia tras la victoria de un caso de la Fundación de la Segunda Enmienda en el que se habían impugnado leyes que prohibían a los adultos de entre 18 y 21 años, que cumplieran la ley, portar armas de fuego para la defensa propia y les impedían adquirir una licencia para portar armas de fuego debido a su edad.
La decisión de la corte de apelaciones de denegar la petición del demandado —el Comisionado de la Policía del Estado de Pensilvania— de volver a juzgar el caso significa que se basó en la opinión del Corte de Apelaciones de Estados Unidos de que la postura del demandado —que los tres jóvenes demandantes «no se encontraban entre ‘las personas’ a las que se aplica la Segunda Enmienda»— era errónea.
Al escribir para la mayoría, el Juez de Circuito Kent A. Jordan dijo en un fallo del 27 de marzo que «la petición de nueva audiencia por el panel y la Corte en banc, fue DENEGADA».
En banc es un término legal para cuando la totalidad de los jueces de una corte toma conocimiento de un caso en lugar de un pequeño panel de jueces seleccionados.
Al escribir su disenso de la opinión mayoritaria, el juez Luis Felipe Restrepo argumentó que en la época en que se redactaron las leyes, las legislaturas estaban autorizadas a «desarmar categóricamente a los grupos que razonablemente juzgaran que planteaban un riesgo particular de peligro y que el juicio actual y el juicio actual de Pensilvania, de que los jóvenes menores de 21 años plantean tal riesgo, está bien respaldada por pruebas».
«Una revisión de las fuentes históricas revela que el texto llano de la Segunda Enmienda no cubre la conducta de los apelantes porque se habría entendido durante la época de los Fundadores que los apelantes no son ‘parte del ‘pueblo’, al que protege la Segunda Enmienda», escribió en su conclusión. Además, el régimen legal impugnado aquí es «coherente con la tradición histórica de esta nación». Dado que el régimen legal de Pensilvania no viola la Segunda Enmienda de la Constitución, disiento respetuosamente».
Los demandantes en el caso eran Madison M. Lara, Sophia Knepley y Logan D. Miller.
El demandado era el entonces comisario de la Policía del Estado de Pensilvania, Robert Evanchick.
El Sr. Evanchick fue confirmado como Comisionado de la Policía Estatal de Pensilvania el 6 de junio de 2019.
Luego fue reemplazado por el coronel Christopher Paris en marzo de 2023.
Los antecedentes
A los tres demandantes se unieron en la demanda dos organizaciones nacionales de derechos de armas, la Second Amendment Foundation (SAF) y la Firearms Policy Coalition. Ambos grupos tienen al menos un miembro activo que es ciudadano estadounidense de entre 18 y 20 años y residente en Pensilvania que quiere llevar armas de fuego ocultas fuera de casa con fines legales.
En Pensilvania, solo los residentes mayores de 21 años pueden solicitar una licencia para portar un arma oculta, según aclara la Policía Estatal de Pensilvania.
Cualquiera que lleve un arma de fuego oculta fuera de su casa o lugar de trabajo «sin una licencia válida y legalmente expedida comete un delito grave de tercer grado».
Mediante la combinación de tres estatutos, §§ 6106, 6107 y 6109, la Mancomunidad de Pensilvania prohíbe efectivamente a los jóvenes de 18 a 20 años portar armas de fuego en lugares públicos durante un estado de emergencia.
El caso de Lara vs. Evanchick comenzó en octubre de 2020.
Los tres demandantes, que tenían entre 18 y 20 años en ese momento, demandaron al Sr. Evanchick para detener la aplicación de los estatutos porque querían portar armas de fuego ocultas fuera de sus hogares por razones legales, incluida la defensa propia.
Citando el caso de la Corte Suprema de EE. UU. de 2008 D.C. vs. Heller, los demandantes argumentaron que la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos «garantiza el derecho individual a poseer y portar» armas de fuego y «eleva por encima de cualquier otro interés el derecho de los ciudadanos respetuosos de la ley y responsables a usar armas en defensa del hogar y la casa».
El demandado presentó una moción de desestimación el 8 de enero de 2021, argumentando que los tres jóvenes demandantes no formaban parte del grupo denominado «el pueblo» en la Segunda Enmienda.
La Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Pensilvania estuvo de acuerdo, concediendo la moción del demandado el 16 de abril de 2021.
Los demandantes apelaron el 23 de abril de 2021, argumentando que los estatutos de la Mancomunidad violan la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: «Una Milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar Armas, no será infringido.»
El 29 de septiembre de 2021, los fiscales generales de 18 estados y el Distrito de Columbia presentaron un escrito de Amici Curiae en el que argumentaban que los estados tienen derecho a promulgar medidas de seguridad de las armas «para promover y proteger contra la violencia armada», y que la normativa estatal basada en la edad era coherente con las medidas que se estaban promulgando en otros estados, que fueron confirmadas por otros tribunales.
«La normativa de Pensilvania basada en la edad promueve la seguridad pública y previene la violencia con armas de fuego», argumentaron.
Los demandantes respondieron el 13 de octubre de 2021, pidiendo a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Tercer Circuito que «revoque la decisión de la Corte de distrito y la devuelva con instrucciones de dictar una medida cautelar que prohíba al Comisionado seguir aplicando la prohibición impugnada».
El Corte de Apelaciones de Estados Unidos dejó el caso en suspenso en enero de 2022, a la espera del resultado del caso New York State Rifle & Pistol Association Inc. vs. Bruen, en el que los residentes de Nueva York impugnaron el requisito de «causa justificada» del estado para quienes quisieran portar un arma de fuego fuera de su domicilio.
La Corte Suprema dictaminó que el requisito viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución al impedir que los ciudadanos respetuosos de la ley ejerzan su derecho, consagrado en la Segunda Enmienda, a poseer y portar armas en público para defensa propia.
Tras la sentencia del alto tribunal, la Corte de Apelaciones de EE. UU. ordenó que los abogados de ambas partes presentaran escritos adicionales para «abordar el impacto, si lo hubiera», de la sentencia de la Corte Suprema en el caso Bruen.
Tras unos cuantos intercambios jurídicos más, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos emitió su fallo el 18 de enero, en desacuerdo con la postura del Sr. Evanchick de que los demandantes no se encontraban «entre «las personas» a las que se aplica la Segunda Enmienda y que la historia y la tradición de la nación en materia de regulación de las armas de fuego respaldan el statu quo estatutario».
«Las palabras ‘el pueblo’ de la Segunda Enmienda abarcan presumiblemente a todos los estadounidenses adultos, incluidos los jóvenes de 18 a 20 años», decidió la corte, añadiendo que no había «ninguna ley de la época fundacional que apoye el desarme de ese grupo de edad».
Evanchick apeló el 24 de febrero.
La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. rechazó su apelación el 27 de marzo.
«Una bastante grande victoria»
En un comunicado de prensa posterior a la sentencia, el director ejecutivo de SAF, Adam Kraut, celebró la victoria.
«Nosotros llevamos más de tres años librando esta batalla», dijo Kraut, que también es residente en Pensilvania y abogado en ejercicio en el estado. «La decisión de la corte es un importante paso adelante para resolver este asunto».
El fundador y vicepresidente ejecutivo de SAF, Alan Gottlieb, se mostró de acuerdo: «Ha sido una victoria importante».
«Esto ha procedido por par de años», declaró el Sr. Gottlieb a The Epoch Times. «La corte de apelaciones falló a nuestro favor.
«El Tercer Circuito ha afirmado que la Segunda Enmienda se aplica a los jóvenes adultos y que 1791 es el marcador histórico para entender el derecho a poseer y portar armas», agregó. «Por último, la corte dijo que los jóvenes de 18 a 20 años pueden portar armas abiertamente durante un estado de emergencia en Pensilvania».
El Sr. Gottlieb dijo que la decisión tendrá «un impacto muy grande».
«Aunque fue el Tercer Circuito y realmente sólo se aplicará al Tercer Circuito, tiene un impacto en todos los AG que tienen leyes similares en sus estados que presentaron su amicus curiae. Es una bastante grande victoria», afirmó.
También señaló que se trata de una sentencia importante para la SAF, ya que se han presentado demandas similares en otros estados.
«Hace poco ganamos una en California», dijo el Sr. Gottlieb, citando el caso May vs. Bonta (pdf), en el que un juez federal dictó una medida cautelar para detener la aplicación de la ley estatal sobre «lugares sensibles».
El Sr. Gottlieb dijo que SAF también tiene retos similares en curso en Washington, Illinois, Virginia Occidental, Texas, Minnesota y algunos otros estados.
«Con el tiempo, uno de estos casos terminará ante la Corte Suprema», dijo, prediciendo que Lara vs. Evanchick «es el que podría llegar allí».
«Me siento muy animado desde la decisión Bruen de la Corte Suprema», indicó el Sr. Gottlieb. «Hemos obtenido decenas de victorias en instancias judiciales inferiores y, por supuesto, los estados azules no están muy contentos con ello, así que las están apelando cadena arriba. Espero que consigamos llevar uno de ellos ante la Corte Suprema para que pueda detener a algunas de las cortes inferiores que no han fallado a nuestro favor y reafirmar a las cortes que han fallado a nuestro favor. Esto aclararía la decisión Bruen para asegurar que la historia y el texto de la Segunda Enmienda se remontan a 1791, cuando se ratificó la Segunda Enmienda».
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