Una demanda presentada en Misuri en la que se acusa al Partido Comunista Chino (PCCh) de acaparar mascarillas y otros equipos de protección durante la crisis del COVID-19 ha sido autorizada por los jueces federales.
El ex fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, presentó la demanda en 2020 alegando que la actuación de las autoridades chinas provocó graves efectos y muertes en su estado. Sin embargo, un tribunal desestimó el caso en 2022 porque la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras prohíbe demandar a una entidad soberana extranjera ante los tribunales estadounidenses. El panel del Tribunal de Apelaciones del Octavo Distrito de Estados Unidos confirmó esa decisión en un fallo reciente del 10 de enero, pero con una diferencia clave.
En esta fase, el tribunal federal de apelaciones ha dictaminado que Misuri sólo puede seguir adelante con una reclamación de su acción legal contra el PCCh: la alegación de que China acaparó equipos de protección personal mientras el resto del mundo desconocía la existencia de la enfermedad. El juez del tribunal de apelaciones David Stras dijo: «La teoría general de Misuri es que China se aprovechó de la ignorancia del mundo sobre la COVID-19».
«Una forma de hacerlo fue manipulando el mercado mundial de equipos de protección personal. Misuri aún debe probarlo, pero ha alegado lo suficiente para permitir que la demanda prosiga más allá de una desestimación jurisdiccional sobre los alegatos», añadió el juez Stras.
Sin embargo, el juez jefe Lavenski Smith no estuvo de acuerdo, escribiendo en su opinión que toda la demanda debería ser desestimada inmediatamente en virtud de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera.
«La inmunidad de los Estados extranjeros en virtud de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, aunque no es impenetrable, es bastante sólida y más fuerte que la alegada en este caso», dijo.
«Ciertamente, no es lo suficientemente fuerte como para justificar una intervención judicial en un terreno bien poblado de sustanciales preocupaciones políticas y diplomáticas».
Al mismo tiempo, el actual fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, aplaudió la decisión en un comunicado posteado el 10 de enero en X, antes Twitter, y reveló que su estado está listo para volver a los tribunales.
«El Octavo Circuito ha fallado a favor de Misuri en nuestra demanda contra la China comunista por el daño que causó a los estadounidenses durante el COVID-19», dijo. «Nos dirigimos de nuevo a los tribunales para buscar remedios».
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechaza la demanda
Los abogados de la Sociedad China de Derecho Internacional Privado han presentado escritos defendiendo a China contra la demanda. Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, había tachado de «muy absurdos» los esfuerzos legales y dijo que no tenían «ninguna base fáctica y legal en absoluto».
Según los documentos judiciales, la demanda de Misuri argumenta que el PCCh es el culpable de la rápida propagación internacional del COVID-19 por negligencia en su Instituto de Virología de Wuhan y participó en una campaña para evitar que otros países se enteraran de su existencia.
«Mientras tanto, el gobierno chino compró mascarillas (y otros tipos de equipos de protección personal). Acapararlas permitió a China vender mascarillas de menor calidad a medida que se extendía el brote», dicen los documentos judiciales.
«Estas acciones costaron al estado miles de vidas y ‘decenas de miles de millones’ de dólares en daños económicos. Misuri busca ahora responsabilizar a varias entidades chinas».
Hasta ahora, ninguno de los nueve acusados, entre los que se encuentran el PCCh, la Comisión Nacional de Salud de la República Popular China y el Instituto de Virología de Wuhan, ha comparecido para responder a los cargos y es muy poco probable que lo hagan. Su ausencia provocó que se declarara un incumplimiento, lo que a su vez provocó que se desestimaran la mayoría de las alegaciones de la demanda debido a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.
Se ha revelado que las autoridades chinas eran conscientes de la transmisión de persona a persona en Wuhan al menos a mediados de diciembre de 2020. El régimen no reconoció este hecho hasta el 20 de enero del año siguiente, después de que alrededor de 5 millones de personas hubieran abandonado Wuhan rumbo al extranjero.
El 23 de enero, funcionarios del PCCh implementaron las primeras medidas de contención y cuarentena para Wuhan y la provincia de Hubei. La demanda de Misuri encabeza las acciones entre el coro de críticas a la respuesta del PCCh al brote del virus.
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