Una corte de El Salvador escuchó este martes la declaración de tres nuevos testigos de la masacre de 1000 civiles en la remota localidad de El Mozote y sitios aledaños en 1981, como parte del proceso que enfrenta más de una docena de militares retirados por crímenes de lesa humanidad, según informó a los medios uno los abogados de las víctimas.
Esta es la primera audiencia que se da en este caso, por el que el Estado salvadoreño recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2012, en más de un año.
David Morales, abogado de la querella y parte de la organización humanitaria Cristosal, indicó que declararon una mujer y dos hombres, quienes «perdieron a familiares directos» a manos de un comando elite del Ejército salvadoreño.
«Sus testimonios han sido claros y contundentes reafirmando la masacre y la responsabilidad de la Fuerza Armada, y los graves daños que estas personas y sus familias sufrieron», sostuvo Morales.
Agregó que con estas declaraciones «se estaría fortaleciendo la prueba testimonial en el caso», que se reabrió tras más de dos décadas de pausa por una amnistía, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló en 2016.
Indicó que las declaraciones se dieron bajo la legislación de 1973, pero que la juez de la causa, Mirtala Portillo, permitió el espacio para que «los testigos pudieran rendir su declaración y realizó preguntas pertinentes».
El inicio de esta diligencia se vio frenado el lunes a raíz de que la defensa del general retirado y ex ministro de la Defensa Guillermo García presentó un recurso en el que solicitaba que el imputado estuviera presente, a pesar que se encuentra hospitalizado y con custodia policial por otro caso.
Morales indicó que la juzgadora rechazó la solicitud de García, quien es procesado también por el asesinato de 4 periodistas holandeses en 1982 en una emboscada.
La pausa de más de un año en las audiencias en el caso se dio luego de la polémica destitución del juez Jorge Guzmán por un decreto de la Asamblea Legislativa que cesó a juzgadores mayores de 60 años. Guzmán había pedido a la Fiscalía que determinara si el presidente Nayib Bukele cometió algún delito al bloquear una serie de inspecciones judiciales a los archivos de la Fuerza Armada en 2020.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.
La masacre tuvo lugar durante la guerra interna (1980-1992), que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
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