El fiscal general de California, Rob Bonta, informó sobre la sentencia contra la cadena minorista de almacenes Curacao por incumplimiento al código de seguros del estado que afectó principalmente a clientes hispanos.
La Corte Superior de Los Ángeles impuso a Curacao, una cadena con 10 ubicaciones en el sur de California, y su dueño Ron Azarkman una multa de cerca de ocho millones de dólares.
«La ilícita práctica de negocios por Curacao fue dirigida, penetrante, y mostró indiferencia hacia las leyes de protección al consumidor del estado y hacia los consumidores», dijo Bonta en un comunicado.
Por su parte, Curacao anunció en un comunicado que iba a apelar la decisión y se mostró complacida de que la corte «desestimó la causa principal del caso contra Curacao, que era sobre la supuesta venta ilícita de protección crediticia».
La compañía también enfrentaba acusaciones por Curacao Credit Shield, un programa de protección crediticia similar a los que ofrecen los bancos y compañías de tarjetas de crédito, pero la corte no encontró violaciones en este producto.
Por otro lado la empresa señaló que ha tomado varias medidas para asegurarse de educar a los clientes sobre temas financieros para que tengan una «experiencia impecable» a través de un nuevo portal en inglés y en español.
Precisó que las «transgresiones técnicas del código de seguro» que estipuló la Corte están relacionadas con «un producto separado que la compañía ya no ofrece y que era administrado por una aseguradora independiente».
Esta no es la primera vez que la cadena de tiendas enfrenta una acusación de la Fiscalía General de California.
En marzo de 2021, Curacao llegó a un acuerdo por 10.5 millones para resolver una demanda por múltiples acusaciones de que la cadena engañó y se benefició ilegalmente de su base de clientes mayoritariamente latinos e inmigrantes ilegales.
El acuerdo alivió las deudas de los consumidores que fueron perjudicados por la conducta de Curacao. También incluyó una condonación adicional de deudas para los clientes que todavía le están pagando a Curacao por juicios ilegales de reclamos menores.
«Entre la decisión de hoy y el acuerdo de 2021, Curacao y sus dueños finalmente están siendo obligados a rendir cuentas por enriquecerse a expensas de la base de clientes inmigrantes con bajos ingresos e hispanoparlantes», recalcó Bonta.
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