La Corte Suprema anunció el 26 de julio que atenderá varios casos de alto perfil en otoño, incluyendo un desafío a las regulaciones federales sobre las llamadas armas fantasma y una demanda de accionistas contra la empresa de tecnología Nvidia.
La corte se encuentra actualmente en su receso de verano y reanudará la audiencia de los argumentos orales el primer lunes de octubre.
Caso de armas
El caso de armas, Garland vs. VanDerStok, tiene audiencia el 8 de octubre, informó la corte.
«Armas fantasma» es un término peyorativo utilizado por los defensores del control de armas para describir un arma de fuego de fabricación casera que no tienen un número de serie, y por lo tanto, no pueden ser rastreadas por las fuerzas del orden.
Aunque algunos estados regulan las armas caseras, los grupos de control de armas llevan años intentando prohibir o regular las armas caseras a nivel federal, pero no han conseguido convencer al Congreso de Estados Unidos para que actúe.
El presidente Joe Biden afirmó que las pistolas de fabricación privada, que a menudo se fabrican con kits de armas, son las «armas preferidas por muchos delincuentes».
La norma sobre «armazón o receptor» del gobierno federal data de abril de 2022. Esta obliga a las personas que ensamblan armas de fuego caseras a añadirles números de serie. La norma también obliga a comprobar los antecedentes de los consumidores que compran a distribuidores los kits de montaje de armas. El gobierno argumenta que las piezas de armas que se envían son, no obstante, armas sujetas a las leyes existentes.
Caso Nvidia
El caso conocido como Nvidia Corp. vs. E. Ohman J:or Fonder AB tendrá audiencia el 13 de noviembre.
La eventual decisión de la Corte en el caso podría hacer más difícil para los accionistas presentar demandas por fraude de valores.
El caso se produce después de que Nvidia acordara en mayo de 2022 pagar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) 5.5 millones de dólares para resolver las acusaciones civiles de que la compañía no divulgó adecuadamente el efecto de la minería de criptodivisas en sus operaciones de juego. En dos trimestres del año fiscal 2018, la compañía no reveló que la minería de criptomonedas era un «elemento significativo» del crecimiento de sus ingresos por ventas de chips fabricados para juegos, declaró la SEC.
Con sede en Santa Clara, California, Nvidia es una empresa de alta tecnología conocida por sus procesadores gráficos comúnmente utilizados en el desarrollo de inteligencia artificial. E. Ohman J:or Fonder AB es una empresa de gestión de inversiones de Estocolmo.
Los inversionistas demandaron a Nvidia alegando que la compañía tergiversó cuán dependiente era de los ingresos de la volátil minería de criptodivisas antes de un revés del mercado en 2018. La compañía argumenta que la demanda legal presentada en su contra carece de suficiente especificidad para seguir adelante.
Una corte inferior reactivó la demanda colectiva en contra de la compañía, propuesta por accionistas de California y la firma sueca. Los demandantes alegaron que Nvidia y altos cargos de la empresa violaron la Ley Federal de Mercado de Valores de 1934 al hacer declaraciones que restaban importancia al hecho de que gran parte del crecimiento de los ingresos de la empresa procedía de transacciones relacionadas con criptomonedas.
Esas omisiones indujeron a error a los participantes en el mercado que querían entender el efecto de la minería de criptomonedas en el negocio de la empresa, argumentaron los demandantes.
Caso del corredor de la muerte
La Corte Suprema dijo que escuchará los argumentos orales en la apelación del condenado a muerte de Oklahoma, Richard Eugene Glossip, el 9 de octubre.
El caso es inusual porque el estado admitió que cometió errores en el caso y anunció su apoyo a la apelación.
La Corte Suprema bloqueó previamente la ejecución del Sr. Glossip en mayo de 2023.
El Sr. Glossip fue condenado por asesinar a su jefe, Barry Van Treese, en 1997 mientras trabajaba como gerente de un motel en Oklahoma City.
El empleado del motel Justin Sneed, que también fue condenado por el asesinato, se libró de la pena de muerte y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional como parte de un acuerdo en el que aceptó testificar contra su compañero de trabajo.
En el momento del asesinato, el Sr. Sneed, que entonces tenía 19 años, era un adicto a la metanfetamina al que el Sr. Glossip había contratado para realizar trabajos de mantenimiento. Desde entonces, el Sr. Sneed indicó que deseaba retractarse de su testimonio.
El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, descubrió que los fiscales habían ocultado material a la defensa.
Estos elementos, denominados colectivamente «Caja 8», revelaron que al Sr. Sneed, el testigo estrella de la acusación, se le permitió presentar un falso testimonio sin revelar que un psiquiatra le había recetado litio para un trastorno psiquiátrico grave, dijo el Sr. Drummond en una declaración.
Él recomendó la anulación de la condena por asesinato del Sr. Glossip y la devolución del caso a una corte inferior.
A pesar de ello, la Corte de Apelaciones Criminales de Oklahoma falló en contra del Sr. Glossip en abril de 2023, diciendo que después de dos juicios, cinco apelaciones y dos indultos, el Sr. Glossip se había quedado sin opciones legales.
«El Sr. Glossip no tiene derecho a una reparación posterior a la condena ni a una suspensión de la ejecución», declaró la corte estatal de apelaciones.
La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma denegó la solicitud de clemencia de Glossip en una audiencia celebrada ese mismo mes.
Caso de recopilación de datos de Facebook
La Corte Suprema declaró que el caso Facebook Inc. vs. Amalgamated Bank se verá el 6 de noviembre.
Según una demanda de accionistas, la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., engañó a los inversores en relación con una controversia por recopilación de datos en la que estaba implicada la consultora política Cambridge Analytica. El eventual fallo de la Corte Suprema en el caso podría tener un efecto en las normas de divulgación corporativa en el futuro.
El caso se refiere a una demanda colectiva privada relacionada con fraude de valores derivada de la «adquisición ilícita y el uso indebido de datos de usuarios de Facebook» por parte de Cambridge Analytica, con sede en el Reino Unido y ya desaparecida, dijo Facebook en una presentación judicial.
Meta acordó en diciembre de 2022 pagar 725 millones de dólares para resolver un procedimiento de demanda colectiva que decía que la compañía permitió a terceros, incluido Cambridge Analytica, acceder a la información personal de 87 millones de usuarios. El incidente se hizo público en 2018.
Cambridge Analytica trabajó en 2016 para la exitosa campaña presidencial del entonces candidato Donald Trump, y tuvo acceso a datos personales de millones de cuentas de Facebook con el fin de segmentar y crear perfiles de votantes. Los titulares de las cuentas no dieron su consentimiento y sus datos fueron recopilados mediante una app.
El escándalo dio lugar a investigaciones gubernamentales y el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, fue llamado a declarar ante el Congreso.
Los inversionistas dicen que la compañía hinchó los precios de las acciones al no revelar adecuadamente que los datos de los usuarios serían utilizados indebidamente. Ellos afirman que la controversia contribuyó a dos caídas de precios en 2018 que llevaron a la empresa a perder más de 200,000 millones de dólares de capitalización bursátil.
Caso de pago de horas extras
La Corte Suprema también dijo que escuchará el 5 de noviembre un caso sobre los estándares de evidencia para los empleadores que intentan demostrar que sus trabajadores no deberían calificar para el pago de horas extras y otras protecciones legales proporcionadas por las leyes salariales de Estados Unidos.
El caso es E.M.D. Sales Inc. vs. Carrera.
La Ley federal de Normas Razonables de Trabajo (FLSA), que ampara a más de 140 millones de trabajadores, garantiza como elegibles a los empleados que reúnen los requisitos de un salario mínimo y el pago de horas extraordinarias, pero también contiene 34 exenciones de esos mandatos. Por ejemplo, los empresarios no tienen que pagar horas extraordinarias a los ejecutivos, los trabajadores agrícolas o los vendedores externos.
La cuestión jurídica en este caso es si los empresarios deben demostrar la aplicabilidad de una exención de la FLSA mediante una preponderancia de las pruebas, como sostienen seis cortes federales de apelación, o mediante la norma más estricta de pruebas claras y convincentes, como sostiene únicamente la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Cuarto Circuito.
La preponderancia de las pruebas es el criterio normal de prueba en los pleitos civiles. Requiere que una parte demuestre que algo es más probable que no.
E.M.D. Sales distribuye alimentos asiáticos, caribeños y latinoamericanos a tiendas de comestibles de la capital del país y sus alrededores. Tres representantes de ventas demandaron a la empresa, alegando que debían cobrar las horas extraordinarias porque trabajaban habitualmente 60 horas semanales.
Pero la empresa argumentó en la corte federal de distrito que eran vendedores externos que no cumplían los requisitos legales para cobrar las horas extraordinarias, que normalmente comienzan a partir de las 40 horas. Dado que su principal función consistía en vender y que generalmente trabajaban fuera de las oficinas de la empresa, estaban exentos del requisito de pago de horas extraordinarias de la FLSA, según la empresa.
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