La Corte Superior del Condado de Los Ángeles publicó el 30 de octubre los datos iniciales del recién introducido sistema de libertad con fianza cero del condado, diciendo que hasta ahora ha tenido éxito y no ha dado lugar a una disminución de la seguridad pública —contrarrestando las preocupaciones planteadas por algunos funcionarios de la ciudad y otros miembros de la comunidad.
El nuevo régimen de fianza —que entró en vigor el 1 de octubre, permite la puesta en libertad sin fianza de los detenidos por delitos leves o no violentos, como robos de vehículos, robos con allanamiento de morada, robos de bienes de cualquier valor, hurtos en comercios y tiendas, posesión de bienes robados, falsificación y venta de drogas.
Este nuevo sistema está funcionando exactamente como estaba previsto —la inmensa mayoría de las personas que, según el magistrado, suponen un riesgo importante para la seguridad pública y de las víctimas, o un riesgo significativo de fuga, son retenidos temporalmente en prisión antes de la comparecencia, mientras que la gran mayoría de los que suponen un riesgo escaso para la seguridad pública o de las víctimas y es probable que vuelvan a comparecer ante una corte son puestos en libertad con condiciones no económicas», dijo en una declaración la presidenta de los jueces, Samantha P. Jessner.
Según los datos, menos del 3% de las personas fichadas como sospechosas de un delito volvieron a ser detenidas y fichadas de nuevo en el período de tres semanas analizado.
La jueza Jessner añadió que el nuevo sistema es más justo.
«Con el anterior sistema de fianzas, estas mismas personas de alto riesgo podían comprar su excarcelación si tenían acceso a dinero, y las personas de bajo riesgo permanecían en la cárcel durante días, semanas, meses o incluso años si no tenían acceso a dinero para comprar su excarcelación», indicó la jueza.
La Corte Superior de Los Angeles Stanley Mosk Courthouse se muestra en Los Angeles Hills, California, el 2 de marzo de 2004. (Frazer Harrison/Getty Images)
Nueva normativa
En virtud de la nueva normativa, las personas detenidas como sospechosas de delitos no violentos o no graves suelen ser citadas y puestas en libertad en el lugar de los hechos o fichadas y posteriormente puestas en libertad en una comisaría de policía o alguacil, con la orden de comparecer ante un tribunal para la lectura de cargos una vez que se presenten cargos formales contra ellas.
Sin embargo, las personas detenidas que se considere que representan un mayor riesgo para la seguridad pública o un posible riesgo de fuga serían llevados ante un juez de primera instancia, quien luego decidiría si el individuo debe permanecer bajo custodia hasta el procesamiento o ser liberado bajo condiciones no financieras, como monitoreo electrónico. .
Una vez acusado y habiendo comparecido ante la corte para la lectura de cargos, un juez podría modificar o revocar las condiciones de libertad del acusado.
Según el informe, entre las 5113 anotaciones registradas este mes, el 40 por ciento correspondió a delitos que caían dentro del ámbito del sistema de fianza convencional, mientras que el 27 por ciento se sometió a una revisión judicial.
Durante la pandemia de COVID-19, el condado inició un sistema de libertad bajo fianza para evitar el hacinamiento en las cárceles. Sin embargo, en respuesta a una demanda, un juez de Los Ángeles emitió en mayo una medida cautelar, esencialmente restableciendo el sistema, ordenando el fin de la fianza en efectivo por parte de la policía de Los Ángeles y los departamentos del sheriff. Aparte de la demanda, la Corte Superior del condado de Los Ángeles, por su parte, emitió un nuevo calendario de fianzas durante el verano, reflejando la política de fianza sin efectivo, que ahora está en vigor.
Un fiador espera afuera del Centro de Recepción de Reclusos del Departamento del Sheriff en Los Ángeles el 30 de enero de 2015. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)
Oposición
La controvertida política ha enfrentado críticas de las fuerzas del orden y funcionarios locales por preocupaciones sobre su potencial enfoque suave con el crimen.
«Nosotros pedimos a la corte que no libere a personas que representen riesgos para la seguridad de la comunidad, incluidos aquellos con casos repetidos de delitos graves anteriores», dijo el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, en un comunicado emitido antes de la implementación de la política.
Además, el Sr. Moore dijo que la política de fianza cero puede socavar la capacidad de las fuerzas del orden para combatir el crimen de manera efectiva.
«Las fuerzas policiales se oponen a la lista de delitos de ‘registro y liberación’ porque ese enfoque ofrece poca o ninguna disuasión a aquellos involucrados en una variedad de delitos penales graves», agregó el jefe de policía.
Algunas personas también expresaron su preocupación sobre si los datos iniciales publicados son una evaluación precisa.
“Tres semanas ni siquiera es tiempo suficiente para determinar si un plan para todo el condado realmente está funcionando”, escribió en X el 31 de octubre Jonathan Hatami, fiscal adjunto del condado de Los Ángeles.
La normativa también tendría un impacto negativo en la policía, “ya con poco personal y fondos insuficientes”, añadió el Sr. Hatami.
El número de agentes en el Departamento de Policía de Los Ángeles ha caído por debajo de los 9000, un mínimo histórico, según un informe del departamento de agosto.
A principios de este mes, el Sr. Hatami también dijo que la política podría afectar directamente la seguridad del público en general y provocar el cierre de empresas debido al aumento de los delitos minoristas.
“La fianza cero no tiene ningún sentido para mí ni para la mayoría de la gente (…) No tiene sentido para los dueños de negocios, no tiene sentido para nuestra economía, no tiene sentido para la seguridad pública”, dijo l fiscal en una entrevista reciente con California Insider de EpochTV. «Este tipo de políticas están impactando a todos».
Más de dos docenas de ciudades en todo el condado de Los Ángeles, incluida la más reciente Torrance, presentaron una demanda el mes pasado en un intento de detener el nuevo sistema.
Las ciudades que actualmente forman parte de la demanda incluyen Arcadia, Artesia, Azusa, Baldwin Park, Beverly Hills, Cerritos, Covina, Downey, Duarte, Glendora, Industry, Irwindale, La Mirada, La Verne, Lakewood, Lancaster, Manhattan Beach, Norwalk, Palmdale. , Paramount, Rosemead, San Dimas, Santa Clarita, Santa Fe Springs, Santa Mónica, Torrance, Vernon, West Covina y Whittier.
La demanda fue transferida del condado de Los Ángeles a la Corte Superior del condado de Orange, de acuerdo a la información dada. Aún está pendiente la fecha de la audiencia.
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