La Corte Suprema dijo el 28 de febrero que escucharía el argumento oral sobre las afirmaciones de Trump de que es inmune a la persecución penal en su juicio en Washington.
Los alegatos orales están programados para la semana del 22 de abril y probablemente incluirán preguntas de amplio alcance sobre la Constitución, su historia y cómo se aplican los precedentes legales anteriores a las acciones de Trump el 6 de enero.
Trump pide a la corte que confirme la idea de que la Constitución le otorga inmunidad de responsabilidad penal, al menos hasta que el Congreso lo impugne y condene. Argumenta que, dado que el Congreso ya lo juzgó y absolvió por presunta incitación a la insurrección el 6 de enero, el procesamiento de Jack Smith viola el principio de doble incriminación.
No está claro hasta qué punto la corte se adentrará en los detalles de las actividades de Trump el 6 de enero, pero los jueces acordaron abordar la cuestión: «Si un expresidente goza de inmunidad presidencial frente a procesos penales por conductas que presuntamente implican actos oficiales durante su mandato y, en caso afirmativo, en qué medida».
Alrededor del caso de Trump hay muchas preguntas, entre ellas si los juicios del Congreso pueden sustituir o adelantarse a los procesos federales, si la falta de inmunidad penal obstaculizaría la toma de decisiones de futuros presidentes, cuánta autoridad tienen los tribunales para revisar las acciones de los presidentes y qué se engloba dentro de los actos «oficiales» de un presidente.
La imputación de Smith acusa a Trump de intentar cometer fraude contra Estados Unidos, mientras que Trump sostiene que las acciones descritas en la imputación entraban dentro de sus funciones oficiales como presidente. Una de las principales cuestiones que probablemente examinará la Corte Suprema es qué constituye el «perímetro exterior», en palabras de Nixon contra Fitzgerald, del cargo presidencial.
Históricamente, la corte ha sostenido que los presidentes gozan de inmunidad de responsabilidad civil por acciones que caen dentro del perímetro exterior de sus funciones oficiales. Es probable que el argumento y la decisión final se estudien durante años, ya que abordan un área del derecho relativamente poco probada que podría influir en unas elecciones presidenciales muy polémicas.
Smith pidió a la corte que no concediera la solicitud de Trump de suspender los procedimientos de las cortes inferiores y dijo que los argumentos legales del expresidente eran peligrosos para la separación de poderes de la nación. «Su reclamación de inmunidad está especialmente en desacuerdo con nuestro sistema de gobierno tal y como se aplica a este proceso, en el que un expresidente está acusado de conducta criminal con la intención de anular los resultados de unas elecciones para perpetuarse en el cargo, en violación del Artículo II», decía el escrito de Smith.
Algunos académicos se han opuesto a Trump argumentando que el impeachment y el enjuiciamiento penal tienen dos propósitos diferentes. Además, dijeron, un proceso de impeachment no excluye el enjuiciamiento en la corte.
Al detener los procedimientos de las cortes inferiores, los jueces han echado por tierra el calendario de Smith para procesar a Trump. Smith había solicitado previamente a la Corte Suprema que acelerara el proceso de apelación de la inmunidad presidencial de Trump, pero los jueces optaron por dejar que la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington se pronunciara primero sobre la cuestión.
Más recientemente, Smith instó a la corte a rechazar la apelación de Trump o a volver a poner rápidamente en marcha el juicio con un argumento oral en marzo. «[E]l interés público en un juicio rápido está en su cenit cuando, como aquí, un expresidente es acusado de conspirar para subvertir el proceso electoral para poder permanecer en el cargo», dijo.
La credibilidad del poder judicial también está en juego, según argumentaron 22 estados en un amicus curiae presentado ante la corte. Smith ha negado haber impulsado un enjuiciamiento politizado, pero los estados argumentaron que el prestigio del DOJ estaba «empañado» a los ojos de los estadounidenses, así como que «al consentir la precipitación del juicio, las cortes inferiores no han hecho sino amplificar la percepción de incorrección».
Smith ni siquiera puede presentar la acusación en Washington, según un informe amicus curiae del ex fiscal general Edwin Meese, dos profesores de Derecho y el grupo de defensa Citizens United. El escrito argumentaba que sólo el Congreso podía crear la oficina del abogado especial y que «el fiscal general no puede ex nihilo [de la nada] crear oficinas a su antojo».
Otros exfuncionarios del gobierno, incluidos los que sirvieron en administraciones republicanas, se opusieron al recurso de Trump y sugirieron que la distinción entre funciones oficiales y no oficiales era irrelevante cuando se habían cometido delitos penales.
«La preservación de la presidencia diseñada por el Artículo II requiere el rechazo de la inmunidad judicial para un presidente que participe en violaciones de los estatutos penales federales para alterar los resultados declarados de las elecciones presidenciales, ya sea que esa conducta consista en actos como candidato, actos oficiales, o ambos», decía su escrito.
Trump, por su parte, ha advertido que se producirían «ciclos destructivos de recriminación» si se decidiera que la interpretación de Smith sobre la inmunidad presidencial es correcta. Smith replicó que el sistema judicial cuenta con salvaguardias para evitar procesos abusivos contra personas como Trump.
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