La Corte Suprema acordó el 30 de septiembre acelerar la evaluación a la apelación, de la administración Trump, contra un fallo que emitió un tribunal inferior prohibiéndole al gobierno que excluya a los extranjeros ilegales del conteo del censo 2020.
La administración quiere mantener a los ilegales fuera del censo, que determinará cómo se asignan los escaños del Congreso y los dólares federales.
La ley federal establece que el secretario de Comercio debe enviar el recuento del censo al presidente antes del 31 de diciembre y que, a su vez, el presidente debe enviar al Congreso las cifras para la asignación de escaños en la Cámara, antes del 10 de enero. Por otra parte, un juez federal en California ha extendido ese primer plazo hasta el 30 de abril, una orden que la administración Trump también está combatiendo en los tribunales.
Pero un panel federal de tres jueces, en el Distrito Sur de Nueva York, concluyó el 10 de septiembre que el Congreso nunca otorgó al presidente la autoridad para excluir a los extranjeros ilegales del censo.
«Mi administración no apoyará que se dé representación en el Congreso a los extranjeros que ingresan o permanecen en el país ilegalmente», dijo el presidente Donald Trump en un comunicado dado a conocer en julio.
Los estados, los gobiernos locales y los grupos de interés presentaron una demanda para evitar que el plan avanzara. Argumentaron que Trump estaba intentando interferir con el conteo y evitar que las áreas de tendencia demócrata, con grandes poblaciones de extranjeros ilegales, obtuvieran escaños en el Congreso.
Después de que el panel federal actuó, el gobierno solicitó «que la Corte anote la jurisdicción probable o revoque sumariamente la sentencia» del panel, en documentos presentados ante el tribunal superior en el caso citado como Trump v. Nueva York.
Un grupo de litigantes que se oponen al plan recibieron una orden para que presenten un escrito a la Corte Suprema, antes del 7 de octubre, explicando su posición. Entre los litigantes están los estados de Nueva York, Colorado, Connecticut, Pensilvania y Maryland, junto con la Conferencia de Alcaldes de EE.UU., la Coalición de Inmigración de Nueva York y el Comité Antidiscriminación Árabe Estadounidense. La administración Trump solicitó que los argumentos orales se escuchen en noviembre o diciembre.
Este no es el primer caso relacionado con el censo que llega a la Corte Suprema en la era Trump.
El 27 de junio de 2019, en un caso del Departamento de Comercio contra Nueva York, el tribunal rechazó con una votación de 5-4 la justificación de la administración para preguntar a las personas en el Censo de 2020 si eran ciudadanos estadounidenses, a pesar de que la pregunta se había hecho muchas veces antes, en el recuento decenal del Censo.
Respaldado por los cuatro jueces liberales, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, rechazó la afirmación del secretario de Comercio, Wilbur Ross, de que la pregunta sobre la ciudadanía era necesaria para recopilar datos para ayudar a hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales, y escribió que la justificación «parece haber sido inventada».
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