La Corte Suprema aceptó el 4 de noviembre escuchar una disputa sobre si una tribu indígena posee el derecho de extraer agua del río Colorado.
El caso enfrenta a la Nación Navajo, una gran reserva india que comprende territorios en Arizona, Nuevo México y Utah, contra los estados de Arizona, Nevada, Colorado, el Distrito Metropolitano del Agua del Sur de California y el Departamento del Interior de Estados Unidos.
Hace cien años, un pacto interestatal definió los derechos sobre el agua del río Colorado. La tribu, asentada en la árida zona occidental de Estados Unidos, afirma que necesita acceder al río porque muchos de sus miembros dependen de pozos para obtener agua, y en 2003, demandó un acceso a la sección principal del río y desde entonces ha seguido litigando.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 9º Circuito dictaminó en febrero que la tribu podría seguir adelante con su demanda.
La Nación Navajo instó a la Corte Suprema en un escrito (pdf) a no aceptar una apelación que presentaron los gobiernos estatal y federal y del distrito de aguas.
La tribu dijo que el 9º Circuito estaba en lo cierto al sostener que debía permitirse a la tribu proseguir con su demanda «de que Estados Unidos le debe a la Nación [Navajo] un deber fiduciario de evaluar, proteger y preservar los derechos de agua de la Nación». La Corte Suprema no necesita involucrarse en el caso porque la conclusión de la corte de circuito «no entra en conflicto con ninguna decisión de esta Corte o de cualquier otra corte de apelaciones».
El gobierno de Biden no estuvo de acuerdo y dijo que el 9º Circuito se equivocó al «encontrar la existencia de un deber judicialmente exigible».
«Nada en las supuestas fuentes que la corte de apelaciones citadas impone ningún deber específico y afirmativo al gobierno federal en nombre de la Nación Navajo con respecto al agua del Río Colorado o de la cuenca en general, y mucho menos un deber de realizar el tipo de investigación de amplio alcance que la Nación Navajo busca», argumentó la Procuradora General de los Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, en los documentos de la corte (pdf).
«La decisión de la corte de apelaciones entra en conflicto con los precedentes de esta Corte y con las decisiones de otras cortes de apelaciones. Y si se permite que se mantenga, la decisión de más abajo socavará el papel del Congreso en la ‘implementación de la política nacional con respecto a las tribus indígenas’ (…) a la vez que impone un régimen de supervisión judicial general de la relación de Estados Unidos con las tribus indígenas», escribió Prelogar, citando la sentencia de la Corte Suprema de 2011 en U.S. vs. Jicarilla Apache Nation.
Los estados, que también están alineados en contra de la Nación Navajo en este caso, argumentaron que si el fallo del 9º Circuito se mantiene, obstaculizará su capacidad de acceso al agua cuando las restricciones por la sequía la hagan escasa.
El caso consta actualmente de dos causas consolidadas: Arizona vs. la Nación Navajo, expediente judicial 21-1484, y Departamento del Interior vs. la Nación Navajo, expediente judicial 22-51. La corte no proporcionó ninguna razón por la que concedió las peticiones. Al menos cuatro jueces tienen que votar a favor de una audiencia para que el caso proceda. Todavía no se ha fijado una fecha para los argumentos orales.
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