La Corte Suprema levantó el viernes las restricciones a la comunicación de la administración Biden con las empresas de redes sociales, mientras sigue en curso una demanda en la que se alega que una serie de funcionarios federales de alto nivel obligaron a las empresas de redes sociales a censurar la libertad de expresión.
La sentencia suspendió una medida cautelar dictada en respuesta a como dos tribunales inferiores consideraron una «campaña coordinada» de altos funcionarios de la administración Biden para censurar opiniones desfavorables expresadas en plataformas de redes sociales.
La Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Luisiana emitió originalmente una medida cautelar el 4 de julio, y la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Quinto Circuito confirmó posteriormente su fallo por unanimidad el 3 de octubre.
La Corte Suprema tomó la decisión de levantar las restricciones con 4-3 votos y también se ocupará del caso.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch disintieron de la decisión de la mayoría de conceder la solicitud de suspensión.
En su voto discrepante, el juez Alito expresó su preocupación por la censura gubernamental de la expresión privada y la posibilidad de que «tácticas de mano dura» influyan en la presentación de opiniones en la era de las redes sociales.
«En este momento de la historia de nuestro país, me temo que lo que ha hecho la corte será visto por algunos como dar luz verde al gobierno para utilizar tácticas de mano dura para sesgar la presentación de puntos de vista en el medio que domina cada vez más la difusión de noticias. Eso es muy lamentable», escribió el juez Alito.
La suspensión seguirá en vigor hasta que la Corte Suprema dicte una sentencia definitiva. Esto podría ocurrir a fines de la primavera de 2024, señaló el juez Alito en su opinión discrepante.
«La censura gubernamental de la expresión privada es antitética a nuestra forma democrática de gobierno y, por lo tanto, la decisión de hoy es altamente perturbadora», escribió el juez Alito.
«Campaña coordinada» de censura
La «campaña coordinada» en el centro de la histórica batalla legal supuestamente implicó a funcionarios de la Casa Blanca, el director general de Salud Pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el FBI y una de las principales agencias de ciberseguridad de Estados Unidos.
Los tribunales inferiores les prohibieron «coaccionar» o «controlar activamente» las decisiones de las empresas de medios sociales sobre el contenido publicado en sus plataformas.
El caso se originó a raíz de las alegaciones de Missouri y Luisiana, junto con varias partes privadas, de que las empresas de redes sociales más populares estaban bloqueando a usuarios
que las empresas de redes sociales populares estaban bloqueando a los usuarios o degradando las publicaciones con puntos de vista desfavorables sobre diversos temas controvertidos.
Estos temas incluyeron la teoría sobre la filtración de laboratorio de COVID-19, los bloqueos durante la pandemia, los efectos secundarios de las vacunas, el fraude electoral y la historia del laptop Hunter Biden.
Su demanda sostiene que los funcionarios del gobierno federal eran responsables de «coaccionar, amenazar y presionar» a las plataformas de redes sociales para que practicaran la censura.
La corte inferior falló a favor de estos reclamos y emitió una medida cautelar, que una corte de apelaciones confirmó.
La Corte de Apelaciones confirmó la decisión de la corte de distrito, calificando los hechos de «campaña coordinada» organizada por funcionarios federales, poniendo en peligro los posteos en virtud de la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses.
Un panel unánime de tres jueces confirmó las conclusiones principales de una corte de distrito de que “varios funcionarios, a saber, la Casa Blanca, el director general de Salud, los CDC y el FBI, probablemente obligaron o alentaron significativamente a las plataformas de redes sociales a moderar el contenido, haciendo que esas decisiones como decisiones estatales. Al hacerlo, los funcionarios probablemente violaron la Primera enmienda”.
La medida cautelar prohibió a los funcionarios de la administración Biden obligar a las plataformas de redes sociales a censurar contenido y controlar sus esfuerzos de moderación de contenido.
En su solicitud de suspensión, la administración Biden argumentó que la medida cautelar podría impedir que el presidente Joe Biden y altos funcionarios «hablen con el público sobre asuntos de interés público».
Por su parte, la Corte Suprema aclaró en su fallo que el propio presidente Biden no está sujeto a la medida cautelar, y que la orden judicial solo se aplica cuando el gobierno cruza la línea y comienza a coaccionar o controlar el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión por parte de otros.
La Corte Suprema aceptó la solicitud de suspensión de la administración Biden, aunque el fallo indica que el gobierno federal no logró establecer una demostración clara de daño irreparable.
«En lugar de proporcionar pruebas concretas de que ‘el daño es inminente’, el Gobierno ofrece una serie de declaraciones hipotéticas que un funcionario encubierto podría querer hacer en el futuro y que, en su opinión, podrían limitarse», escribió el juez Alito. «Pero las hipótesis son solo eso: especulaciones de que el Gobierno ‘podría sufrir un daño irreparable en algún momento en el futuro’, no pruebas concretas».
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