La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará el martes dos demandas que analizarán la cuestión de si los funcionarios públicos pueden bloquear a los ciudadanos de sus cuentas en las redes sociales y si tales acciones constituyen una violación de los derechos de la Primera enmienda.
Los dos casos, de California y Michigan, giran en torno a la cuestión de los funcionarios públicos que bloquearon a ciudadanos que hicieron comentarios críticos en páginas de redes sociales que son de su propiedad. Ambos casos han dado lugar a decisiones opuestas de las cortes inferiores. En California, una corte de apelaciones dictaminó que los funcionarios públicos violaron los derechos de la Primera enmienda de los ciudadanos al bloquearlos. Pero una corte de apelaciones de Michigan dictaminó que el funcionario del caso no era culpable.
La administración Biden se ha puesto del lado de los funcionarios públicos. El Departamento de Justicia (DOJ) pidió a la corte que respete la distinción entre la vida personal y pública de los funcionarios. En relación con los dos casos, el departamento señaló que el gobierno ni posee ni controla las cuentas oficiales implicadas en las demandas.
En una entrevista con CBS News, Katie Fallow, asesora principal del Instituto Knight de la Primera Enmienda, señaló que una cuestión clave subyacente a los casos es si los funcionarios públicos «pueden discriminar a las personas en función de su punto de vista, bloqueándolas o eliminando sus comentarios» mientras utilizan sus cuentas en las redes sociales.
«El impacto de estos casos es muy real porque afectará tanto a la libertad de expresión como a la esfera pública y a la capacidad de participar en la democracia», afirmó la Sra. Follow.
El Instituto Knight había presentado anteriormente un caso similar contra el expresidente Donald Trump por bloquear usuarios en Twitter, que ahora se llama X.
Aunque una corte federal de apelaciones había considerado inconstitucional la acción del presidente Trump, la Corte Suprema no encontró ningún error en la decisión del expresidente y desestimó el caso después de que dejara la Casa Blanca.
El caso de California
El primer caso involucra a dos funcionarios públicos de California de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Poway: la actual vicepresidenta Michelle O’Connor-Ratcliff y el exmiembro de la junta T.J. Zane.
Mientras se postulaban para las elecciones a finales de 2014, ambos crearon páginas públicas en Facebook. En algún momento antes de 2017, Ratcliff también creó una página pública de Twitter. Luego de ser elegidos, ambos utilizaron estas cuentas de redes sociales para brindar detalles sobre las actividades de la junta.
Dos padres, Christopher y Kimberly Garnier, que tenían hijos inscritos en el distrito escolar, respondieron múltiples veces a las publicaciones de los funcionarios en las redes sociales. Ratcliff y Zane finalmente bloquearon a los Garnier en sus páginas de Facebook. Ratcliff también bloqueó a Christopher en su página de Twitter.
Los Garnier presentaron una demanda, alegando que los funcionarios violaron sus derechos de expresión de la Primera enmienda al bloquearlos, que caracterizaron como foros públicos.
El asunto llegó a una corte de distrito federal, donde los funcionarios argumentaron que el distrito escolar no participó en la creación o el mantenimiento de sus páginas de redes sociales y que estas cuentas fueron creadas por ellos a título personal para apoyar y promover sus actividades políticas. Sin embargo, la corte de distrito no avaló estos argumentos.
La corte indicó que los funcionarios públicos “cubrían” sus páginas con “los adornos” de sus cargos y con frecuencia se comunicaban con el público sobre “acontecimientos que surgían de su estatus oficial”, incluidos asuntos que solo podían discutir “debido a su condición de funcionarios”.
Como tal, la corte de distrito sostuvo que la acción de bloquear a los Garnier en las páginas de redes sociales equivalía a una violación de sus derechos de la Primera enmienda.
El asunto llegó ala Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, que confirmó el fallo de la corte de distrito. La Corte Suprema opinará ahora sobre el asunto.
Tanto los funcionarios como los Garniers han presentado sus argumentos relacionados con el caso. Los funcionarios argumentaron que “la operación de una página de redes sociales por parte de un funcionario público no es una acción estatal cuando no cumplió ningún deber estatal ni depende de ninguna autoridad estatal”.
“Tratar la página personal de un funcionario en las redes sociales como un foro público es particularmente absurdo porque el mandato de ese funcionario eventualmente terminará. En ese momento, las personas que han sido bloqueadas de la página no tienen ningún reclamo viable”, dijeron los funcionarios en un documento.
Ellos además advirtieron que si la corte permitiera que se mantuviera el fallo del Noveno Circuito, “el resultado no será que los funcionarios públicos a través del país se sientan obligados a exponer sus páginas personales en las redes sociales a las degradaciones de los oponentes políticos y los trolls abusivos. En lugar de más discurso, el resultado sería peor discurso, menos discurso o incluso ningún discurso”.
En su presentación, los Garnier señalaron que la pregunta en este caso es si los funcionarios estaban haciendo su trabajo como miembros del PUSD cuando operaban las páginas de redes sociales y comunicaban asuntos relacionados con la junta.
“Ellos lo estaban haciendo”, dice el documento. “Entonces su decisión de bloquear a los Garnier de ese mecanismo fue, por lo tanto, una acción estatal”.
El caso de Michigan
El segundo caso se desencadenó después de que James Freed, administrador de la ciudad de Port Huron, Michigan, borrara los comentarios del ciudadano Kevin Lindke de su página de Facebook. Los comentarios de Lindke criticaron el manejo de Freed de la pandemia de COVID-19. Freed también bloqueó la entrada de Lindke a la página.
La página de Facebook era el perfil personal del Sr. Freed que él convirtió en una página pública. Después de convertirse en administrador de la ciudad en 2014, Freed actualizó la página para reflejar su título.
Consternado por la eliminación de sus comentarios, el Sr. Lindke demandó al Sr. Freed en una corte federal, argumentando una violación de sus derechos de la Primera enmienda. Una corte de distrito federal falló a favor del Sr. Freed y la cuestión pasó a la corte de apelaciones.
Al dar su opinión, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos se puso del lado del Sr. Freed, afirmando que su actividad en Facebook “no fue una acción estatal”.
“La página no deriva de los deberes de su cargo ni depende de su autoridad estatal. En resumen, el Sr. Freed operaba su página de Facebook a título personal, no a título oficial”, dice la opinión de la corte.
“James Freed no transformó su página personal de Facebook en una acción oficial al publicar sobre su trabajo. En cambio, su página sigue siendo personal”.
Tras la decisión, el Sr. Lindke se dirigió a la Corte Suprema. Él sostiene que el Sr. Freed diseñó su página de Facebook para que pareciera un medio gubernamental y utilizó la cuenta para llevar a cabo responsabilidades públicas.
La Corte Suprema analizará ambos casos el martes y aclarará cuál es la situación de la ley estadounidense en términos de la relación entre el gobierno y las plataformas en línea.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
