La Corte Suprema votó 6-3 el 30 de junio para anular el controvertido plan del presidente Joe Biden de condonar parcialmente los préstamos estudiantiles.
Los seis jueces conservadores votaron a favor de invalidar el programa en un caso muy seguido, mientras que los tres jueces liberales votaron a favor de mantenerlo.
Biden dio a conocer el plan en agosto de 2022, en una medida que los críticos tacharon de intento constitucionalmente dudoso de ayudar a los demócratas en las elecciones al Congreso de noviembre de 2022. La Oficina Presupuestaria del Congreso dijo que el plan podría costar unos 400,000 millones de dólares, pero la Wharton School estima que el precio podría superar el billón de dólares.
El 28 de febrero, la Corte Suprema escuchó dos casos relacionados con el programa, Biden contra Nebraska (expediente 22-506) y el Departamento de Educación contra Brown (expediente 22-535), uno tras otro.
El recurso Biden contra Nebraska se origina en una demanda que Arkansas, Iowa, Kansas, Misuri, Nebraska y Carolina del Sur interpusieron contra el gobierno federal.
El otro recurso surge de una demanda presentada por dos prestatarios que afirman que el departamento les negó indebidamente la oportunidad de participar en el proceso de comentarios públicos y que habrían instado a la agencia a proporcionar una mayor reducción de la deuda.
En Biden contra Nebraska, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria del tribunal (pdf).
«El año pasado, el secretario de Educación estableció el primer programa integral de condonación de préstamos estudiantiles, invocando la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes de 2003 (Ley HEROES) como autoridad para hacerlo».
«El plan del secretario canceló aproximadamente 430,000 millones de dólares de saldos de préstamos federales a estudiantes, borrando por completo las deudas de 20 millones de prestatarios y reduciendo la cantidad media adeudada por los otros 23 millones de 29,400 a 13,600 dólares. … Seis Estados demandaron, argumentando que la Ley HEROES no autoriza el plan de cancelación de préstamos. Estamos de acuerdo».
En el otro caso, Departamento de Educación contra Brown, el juez Samuel Alito redactó la decisión unánime del tribunal (pdf) que desestimó la demanda de los dos prestatarios por falta de legitimación.
El programa de condonación de préstamos se justificó por referencia a las dos emergencias que la Administración Trump declaró en marzo de 2020 para combatir el virus del COVID-19. La emergencia nacional y la emergencia de salud pública permitieron a las agencias federales ejercer amplios poderes en la gestión de la respuesta pandémica del gobierno, pero el 11 de mayo Biden puso fin a esas emergencias.
El gobierno de Biden suspendió por separado los pagos e intereses de los préstamos estudiantiles durante la reciente pandemia, con un coste estimado de 100,000 millones de dólares, pero luego afirmó el año pasado que la pandemia le otorgaba autoridad de emergencia en virtud de la ley para proceder a la condonación parcial de los préstamos.
Al parecer, unos 26 millones de personas solicitaron acogerse al programa antes de que los tribunales lo bloquearan el año pasado. De ese total, se dice que se aprobaron 16 millones antes de que el gobierno dejara de aceptar solicitudes.
El Departamento de Educación de EE. UU. afirma que tiene autoridad, en virtud de la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes de 2003 (Ley HEROES, por sus siglas en inglés), para seguir adelante con la condonación de la deuda con carácter de emergencia, lo que anularía hasta 20,000 dólares de capital del préstamo para 40 millones de prestatarios.
Pero los legisladores implicados en la aprobación de la Ley HEROES han dicho que se promulgó tras los atentados terroristas del 11-S para proporcionar alivio en los préstamos estudiantiles a los miembros del servicio militar y a sus familias, no para cancelar deudas en masa.
La versión original de la ley, de 2001, permitía al departamento conceder la condonación de la deuda como consecuencia de una «emergencia nacional» relacionada con un «atentado terrorista», pero la versión de 2003 eliminó el calificativo de «atentado terrorista».
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