La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el 25 de enero dos sentencias de cortes inferiores que permitieron a Texas posponer temporalmente la mayoría de los abortos en medio de la pandemia del virus del PCCh. Sin embargo la orden no tiene consecuencias inmediatas, pues el estado ya levantó sus restricciones al aborto.
El caso fue presentado por Planned Parenthood Center for Choice, que quería que el máximo tribunal del país revisara las sentencias. El grupo argumentó (pdf) que, aunque el gobernador de Texas, Greg Abbott, había restablecido los abortos en el estado, las dos decisiones del Tribunal del Quinto Circuito que fallaron a favor del estado seguirían aplicándose como precedentes en futuros casos.
Los proveedores de aborto argumentaron además que las acciones de Abbott pueden haber hecho que el caso sea discutible, pero que no debería «retener el beneficio» de una decisión judicial favorable haciéndola «irrevisable por sus propias acciones».
El máximo tribunal accedió (pdf) a la petición de Planned Parenthood de revisar el caso y anuló las decisiones del tribunal de apelación sin dar una razón ni abordar el fondo del asunto. La orden también devuelve el caso al Quinto Circuito con instrucciones de desestimar el caso por considerarlo dudoso.
El caso en cuestión está relacionado con una orden ejecutiva (pdf), firmada por Abbot el 22 de marzo de 2020, que ordena a todos los profesionales y centros sanitarios autorizados que pospongan cualquier procedimiento médico innecesario en un intento de preservar los suministros médicos tan necesarios durante el brote epidémico de COVID-19, la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Los procedimientos médicos innecesarios se definen como «todas las cirugías y procedimientos que no son inmediatos, médicamente necesarios para corregir una condición médica grave o para preservar la vida de un paciente que sin la realización inmediata de la cirugía o procedimiento estaría en riesgo de consecuencias médicas adversas graves o la muerte, según lo determinado por el médico del paciente», dice la orden ejecutiva.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también indicó en su momento que los abortos estaban cubiertos por la orden, excepto cuando la vida o la salud de la mujer estuvieran en peligro. El estado argumentó que la orden era necesaria en un esfuerzo por conservar el espacio hospitalario y el equipo de protección personal para los pacientes que tienen el virus.
El incumplimiento de la norma se castiga con hasta 180 días de cárcel, una multa de hasta 1000 dólares o ambas cosas, estipula la orden. La orden ejecutiva debía expirar el 21 de abril del año pasado.
Los proveedores de servicios de aborto demandaron entonces al estado para impugnar la orden y convencieron al juez del tribunal de distrito para que concediera una orden de restricción temporal. Paxton apeló entonces la decisión ante el Quinto Circuito, que falló por 2-1 a favor de levantar la decisión del tribunal inferior, permitiendo a Texas aplicar su orden en su totalidad.
Horas después de la decisión del Quinto Circuito, los proveedores de servicios de aborto volvieron al tribunal de distrito para solicitar una orden de restricción temporal más estricta con el fin de permitir que se realicen abortos médicos y de procedimiento en algunas situaciones.
El Quinto Circuito emitió una segunda decisión que revocaba parte de esa orden de restricción temporal, pero permitía que se realizaran algunos abortos, como los médicos.
Una semana después, Abbott emitió otra orden ejecutiva que permitía reanudar los abortos.
La oficina del fiscal general de Texas argumentó posteriormente que anular las sentencias del Quinto Circuito sería «inútil» porque ese tribunal ya había aplicado varias veces los dos precedentes creados en los casos de Abbott.
Además, a Planned Parenthood le preocupaba que un precedente de la Corte Suprema de 1905, el caso Jacobson contra la Commonwealth de Massachusetts, no se aplicara adecuadamente en los casos Abbott, dijo Texas. El caso Jacobson analizó si el poder policial de un estado permitía a los funcionarios promulgar reglamentos razonables para proteger la salud y la seguridad públicas.
Texas argumentó que desde los dos casos Abbott, el Quinto Circuito aplicó el precedente Jacobson en otros casos al margen de las decisiones Abbott, lo que significa que anular la decisión «no lograría nada».
«Los peticionarios seguirán estando obligados por esta en cualquier pleito futuro, a menos y hasta que el tribunal en pleno o este Tribunal decidan lo contrario», dijo Texas en su escrito (pdf).
Un abogado de la oficina del fiscal general de Texas no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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