La Corte Suprema dictaminó esta mañana que el gobierno federal puede deportar a extranjeros ilegales, incluidos aquellos que buscan asilo, rápidamente y con una revisión judicial limitada.
El fallo 7-2 fue una victoria para el presidente Donald Trump en materia de inmigración, su tema político característico, y podría afectar a miles de posibles inmigrantes presentes actualmente en Estados Unidos. Los argumentos orales tuvieron lugar el 2 de marzo.
El caso, conocido como ‘Departamento de Seguridad Nacional (DHS) v. Thuraissigiam’, tuvo un dictamen escrito por el juez Samuel Alito. La jueza Sonia Sotomayor tuvo una opinión disidente al dictamen, a la que se unió la jueza Elena Kagan.
La mayoría de las solicitudes de asilo «finalmente fracasan, y algunas son fraudulentas», escribió Alito para el tribunal.
En 1996, cuando el Congreso promulgó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes (IIRIRA, por sus siglas en inglés), se elaboró un sistema para eliminar las solicitudes de asilo sin mérito y expulsar rápidamente a los extranjeros que hacen dichas solicitudes.
«El Congreso consideró que detener a todos los solicitantes de asilo, hasta que se complete el proceso de expulsión supondría una carga inaceptable para nuestro sistema de inmigración y que liberarlos supondría un riesgo indebido de que no se presenten a los procedimientos de expulsión».
El estatuto imponía restricciones al modelo de respuesta para las revisiones que los solicitantes de asilo pedían en referencia a la legalidad de sus detenciones, pero, después de que se rechazara la afirmación del ciudadano de Sri Lanka Vijayakumar Thuraissigiam de que tenía un temor creíble de ser perseguido en su patria, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó por unanimidad un fallo de un tribunal inferior y determinó que tenía derecho a impugnar su detención en un tribunal federal.
Pero el Congreso tiene derecho a acelerar el proceso de expulsión y, de acuerdo con los precedentes de la Corte Suprema, las disposiciones que limitan la revisión de la detención en la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes no entran en conflicto con la Constitución, escribió Alito al revocar la decisión dictada por el Noveno Circuito.
El caso se remonta a 2017, cuando Thuraissigiam, de una etnia tamil, un grupo que ha sido perseguido en Sri Lanka, fue arrestado a 25 yardas (22 metros) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, en San Ysidro, California, después de ingresar ilegalmente al país. Su caso fue procesado bajo el sistema de eliminación acelerada, en lugar del sistema de expulsión tradicional, que es más lento.
Mientras intentaba demostrar que tenía un temor creíble de persecución en su tierra natal, Thuraissigiam afirmó que había sido detenido y golpeado en 2007 por oficiales del ejército de Sri Lanka, por apoyar a un candidato político tamil y que, en 2014, funcionarios del gobierno lo secuestraron y lo torturaron. Un oficial de asilo de EE.UU., un oficial de supervisión de asilo y un juez de inmigración rechazaron su solicitud de asilo, y el archivo fue enviado al DHS para la deportación del hombre.
La jueza Sotomayor criticó a sus compañeros jueces en su disenso, diciendo que ignoraban los precedentes legales vinculantes.
«La mayoría declara que la denegación de solicitudes de asilo, por parte del Poder Ejecutivo en los procedimientos de expulsión acelerada, será funcionalmente irreconocible a través del recurso de hábeas corpus, sin importar si la denegación es arbitraria o irracional o contraria a la ley vigente. Esa determinación ignora más de un siglo de la práctica de este Tribunal».
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