La Corte Suprema revisará una disputa entre un hombre de Michigan y oficiales de policía por uso excesivo de fuerza en un caso erróneo de identidad.
El caso se origina de un incidente de 2014 en el que dos agentes encubiertos de la policía confundieron la identidad de un estudiante universitario, James King, con un fugitivo que cometió allanamiento de morada. Los oficiales —el detective del Departamento de Policía de Grand Rapids, Todd Allen, y el agente del FBI Douglas Brownback— fueron asignados a trabajar como miembros de un grupo de trabajo de la policía estatal y federal que estaba buscando al sospechoso.
King, que se ajustaba a la descripción general del sospechoso, fue detenido por los dos oficiales vestidos de civil, quienes llevaban sus insignias en los cordones mientras caminaban cerca de una estación de servicio en Grand Rapids. King no pudo proporcionar ninguna identificación. Cuando los dos oficiales comenzaron a buscar en su cuerpo y le quitaron la billetera, King pensó que lo estaban asaltando y escapó.
Los oficiales luego persiguieron al estudiante y finalmente, se produjo una pelea. King alega que Allen lo asfixió hasta que lo hizo perder el conocimiento durante varios segundos. Mientras tanto, el Departamento de Justicia dijo que King luchó contra los oficiales y se resistió violentamente el arresto, incluso mordió a Allen en el brazo. Para obligar a King a soltar su brazo, Allen comenzó a golpear al estudiante en la cabeza y la cara. El arresto fue captado en video por transeúntes que llamaron a la policía.
Más tarde, King fue acusado y absuelto por resistirse al arresto y agredir a los oficiales. Luego demandó a los dos oficiales por violar sus derechos constitucionales, incluida una búsqueda y confiscación infundada. También demandó al gobierno federal en virtud del Acta Federal de Reclamaciones por Daños (FTCA), que renuncia a la inmunidad soberana de los Estados Unidos en ciertos tipos de demandas en las que una entidad del gobierno federal y empleados federales que, mientras actúan dentro del alcance de su empleo, han causado lesiones.
El principal obstáculo, en este caso, es que los oficiales estaban trabajando en un grupo de trabajo policial estatal y federal. Una persona que demanda a agentes de la ley estatales o locales por uso excesivo de la fuerza demandaría según la Sección 1983 del Código de los Estados Unidos (sección 1983). Mientras tanto, al demandar a los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, una persona podría intentar presentar un reclamo de Bivens, que otorga a los ciudadanos privados el derecho implícito de demandar a un funcionario federal, actuando bajo la autoridad federal, que haya violado la Constitución por daños. La doctrina surgió del caso de la Corte Suprema de 1971 Bivens v. Seis Agentes con Nombre Desconocido. King demandó a los oficiales, uno local y otro federal, bajo ambas opciones.
El tribunal de distrito desestimó todos los reclamos de King, incluido su caso del FTCA contra el gobierno federal. El tribunal determinó que King no había mostrado suficientes hechos para demostrar que las acciones de los oficiales podrían respaldar la “responsabilidad [legal] con el reclamante de acuerdo con la ley del lugar donde ocurrió el acto u omisión”. El tribunal también determinó que Allen estaba actuando como un oficial federal, por lo tanto, lo que solo desencadenaría un reclamo de Bivens. Sin embargo, el tribunal posteriormente desestimó ese reclamo también.
King luego apeló las decisiones contra los dos oficiales en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 6to Circuito, pero decidió retirar su reclamo del FTCA contra el gobierno federal.
Antes del 6to Circuito, los oficiales argumentaron que el despido del tribunal de distrito del caso FTCA contra el gobierno federal desencadenó una disposición bajo el FTCA, que impide que un demandante presente nuevas demandas contra el empleado del gobierno que involucra los mismos hechos de un caso después se ha emitido un fallo sobre el reclamo FTCA.
El 6to Circuito rechazó el argumento de los oficiales de que el reclamo de Bivens de King sería bloqueado debido a la sentencia sobre el reclamo del FTCA. El tribunal de circuito también sostuvo que los oficiales no tenían derecho a inmunidad calificada, una doctrina legal que aísla a los funcionarios del gobierno de ser demandados por acciones realizadas dentro de su capacidad oficial, y devolvió el caso para proceder con el reclamo de Bivens de King.
El Departamento de Justicia apeló el caso ante la Corte Suprema. King también apeló a la corte superior pidiéndoles que revisen si los oficiales que están en las fuerzas conjuntas estatales y federales podrían ser demandados bajo la sección 1983 también.
La Corte Suprema acordó escuchar la solicitud del gobierno (pdf) el lunes pero negó la apelación cruzada de King (pdf).
El Instituto para la Justicia (IJ), que representa a King y caracterizó los argumentos del gobierno como un «juego fantasma», dijo en un comunicado después de la decisión de la corte superior, que «afirmar eso simplemente presentando un reclamo del FTCA es como pisar un cable que destruye su demandas constitucionales».
«Esperamos que el Tribunal rechace la solicitud del gobierno de otra forma de proteger a los oficiales de la responsabilidad constitucional», dijo el abogado de IJ Patrick Jaicomo. «Debido a que los miembros de las fuerzas conjuntas federales y estatales tienen poder bajo las leyes estatales y federales, deberían ser más responsables, y no menos, cuando usan ese poder para violar la Constitución».
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a nuestra solicitud de comentarios.
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