El 4 de noviembre, la Corte Suprema decidió que atenderá un caso de gerrymandering racial de Luisiana.
El «gerrymandering» es la manipulación de los límites de los distritos electorales para favorecer a un partido o a una circunscripción en particular.
El caso no se atenderá a tiempo para las elecciones del Congreso y presidenciales del 5 de noviembre.
En realidad, se trata de dos casos —Louisiana vs. Callais y Robinson vs. Callais— que la corte ordenó que se resuelvan juntos.
La nueva decisión de la corte llegó en forma de una orden sin firma y sin comentarios. Ningún juez disintió.
El 15 de mayo, la corte votó a favor de ordenar a Luisiana que utilizara en las elecciones de este año un mapa del Congreso que crea un segundo distrito de mayoría negra en el estado. Tres jueces disintieron.
Los opositores al plan de redistribución de distritos dijeron que discrimina a los votantes que no son negros, pero la secretaria de Estado republicana de Luisiana, Nancy Landry, dijo que no seguir adelante con el mapa tan cerca de las elecciones de este año causaría un «caos».
La orden de la Corte Suprema había suspendido una orden del 30 de abril emitida por un panel de jueces federales en el Distrito Oeste de Louisiana, que determinó que el mapa no podía ser utilizado en las próximas elecciones.
La disputa tiene su origen en un plan de redistribución de distritos aprobado por la Asamblea Legislativa del Estado de Luisiana, controlada por los republicanos, que fue bloqueado por la jueza Shelly Dick, de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Luisiana. La jueza Dick dictaminó en junio de 2022 que el mapa, que preveía un distrito con mayoría negra en el Congreso, discriminaba a los votantes negros, que constituyen casi un tercio de la población del estado.
La jueza ordenó entonces la creación de un segundo distrito de mayoría negra para cumplir con la Sección 2 de la Ley federal del Derecho al Voto. La Sección 2 prohíbe las prácticas o procedimientos de votación que discriminen por motivos de raza, color o pertenencia a un grupo minoritario lingüístico importante.
En noviembre de 2023, la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Quinto Circuito ordenó a la Legislatura que apruebe el nuevo mapa antes del 15 de enero. La corte de circuito dictaminó que si la Legislatura no cumplía el plazo, la corte de distrito podría seguir adelante con un juicio en un esfuerzo por finalizar el mapa antes de las elecciones de 2024.
El nuevo mapa aprobado por la Legislatura presenta dos distritos de mayoría negra. El plan de redistribución de distritos fue criticado por un grupo de votantes de Luisiana que se describieron a sí mismos como «no afroamericanos». Ellos dijeron que el mapa «incurría en una segregación racial explícita de los votantes».
El 30 de abril, por un voto de 2-1, un panel de jueces federales del Distrito Oeste de Luisiana dio la razón a los votantes no negros, declarando que el mapa electoral con dos distritos de mayoría negra era una manipulación racial inconstitucional que perjudicaba a los votantes no negros.
Dicho tribunal, fijó el 3 de junio como fecha límite para que la Asamblea Legislativa revisara el mapa y, en caso contrario, redactaría su propio mapa. El Estado pidió a la Corte que suspendiera la medida cautelar en espera de la apelación, pero se negó a hacerlo.
El 10 de mayo, los abogados del Estado presentaron un recurso de urgencia ante el más alto tribunal del país para que suspenda la decisión del panel.
El estado invocó el llamado principio Purcell, que sostiene que las cortes federales normalmente no deben prohibir las leyes electorales estatales en vísperas de unas elecciones. Este principio surgió de la sentencia de la Corte Suprema de 2006 en el caso Purcell vs. González.
Se espera que los jueces vean el caso de Luisiana a principios de año.
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