La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Elena Kagan, bloqueó temporalmente la citación del Comité del 6 de enero que buscaba registros telefónicos pertenecientes a la presidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelly Ward, mientras el alto tribunal considera su apelación de emergencia.
La citación del Comité del 6 de enero había pedido a la compañía telefónica de Ward, T-Mobile, que presentara los registros de llamadas y mensajes de texto de Ward desde noviembre de 2020 hasta enero de 2021.
La decisión de Kagan del miércoles concede una solicitud de emergencia que Ward y su marido presentaron previamente para evitar que sus registros telefónicos fueran entregados al comité del 6 de enero, después de que un tribunal de apelación inferior, la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 9º Circuito, votara 2-1 denegando su solicitud.
Kagan dio plazo al comité del 6 de enero hasta el viernes por la noche para responder a la presentación de Ward ante la Corte Suprema.
Ward argumentó que sus derechos de la Primera Enmienda serían cuestionados si el comité descubría con quién había hablado tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.
Ella y su marido estaban entre los 11 residentes republicanos de Arizona que formaban parte de una lista alternativa de electores del expresidente Donald Trump. El grupo emitió votos alternativos del Colegio Electoral que mostraban que Trump había ganado en Arizona, después de que el estado certificó la elección a favor del presidente Joe Biden. En ese momento, Ward dijo que los electores creen que «representan los votos legalmente emitidos» en Arizona.
Otros seis estados también emitieron votos alternativos para Trump tras las elecciones de noviembre de 2020: Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada y Nuevo México.
La citación del comité del 6 de enero busca registros telefónicos como parte de su investigación sobre el papel de Ward como electora alternativa.
En los documentos judiciales del miércoles, los Wards calificaron la investigación del 6 de enero como una investigación con motivaciones políticas que tiene «profundas implicaciones precedentes» para el derecho constitucional de una persona a la libre asociación política.
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