Corte Suprema bloquea elecciones para la Comisión de Servicios Públicos de Georgia

El alto tribunal da la razón al juez de distrito que consideró que el actual método de elección discrimina a los votantes negros

Por Matthew Vadum
20 de agosto de 2022 11:34 AM Actualizado: 20 de agosto de 2022 11:34 AM

El 19 de agosto, la Corte Suprema emitió una orden de emergencia para bloquear las próximas elecciones de la Comisión de Servicios Públicos de Georgia, confirmando una sentencia de un tribunal inferior que consideraba que las normas electorales vigentes discriminaban a los votantes negros.

La orden es inusual porque en los últimos años la Corte Suprema se ha mostrado generalmente reacia a ponerse del lado de los votantes frente a los funcionarios estatales en disputas sobre normas electorales, especialmente cuando se le ha pedido que actúe en una situación de emergencia.

La Comisión de Servicios Públicos (PSC, por sus siglas en inglés) del estado regula las empresas de electricidad, gas natural y telecomunicaciones. Cinco comisionados son elegidos. Desde 1906, los comisionados han sido elegidos por todo el estado de forma generalizada.

Las elecciones para dos de los cinco cargos están previstas para el 8 de noviembre. Si el conflicto legal no se resuelve pronto, esas elecciones podrían no celebrarse.

El 5 de agosto, el juez Steven D. Grimberg, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia, emitió una sentencia de 64 páginas (pdf) en la que determinaba que las elecciones generales en todo el estado para la PSC eran discriminatorias desde el punto de vista racial, ya que este método de elección «diluye ilegalmente los votos de los ciudadanos negros en virtud de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto de 1965″.

El sistema «debe cambiar», añadió Grimberg, que fue nominado por el expresidente Donald Trump. La impugnación de las elecciones de la PSC fue presentada por votantes de Georgia, uno de los cuales, Richard Rose, es presidente de la sección de Atlanta de la NAACP.

La Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto «prohíbe las prácticas o procedimientos de votación que discriminan por motivos de raza, color o pertenencia a uno de los grupos lingüísticos minoritarios identificados» en el estatuto, según un resumen del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

«La mayoría de los casos que han surgido en virtud de la Sección 2 desde su promulgación se referían a impugnaciones de las estrategias de elecciones generales, pero la prohibición de la sección contra la discriminación en el voto se aplica en todo el país a cualquier norma, práctica o procedimiento de votación que tenga como resultado la denegación o la restricción del derecho de cualquier ciudadano a votar por motivos de raza, color o pertenencia a un grupo lingüístico minoritario».

«Pruebas convincentes»

En su decisión, Grimberg escribió que en el juicio un experto presentó «pruebas altamente persuasivas y convincentes de la polarización racial en las elecciones de la PSC».

«En cada una de las seis elecciones generales y de segunda vuelta más recientes para comisionados de la PSC, los votantes negros apoyaron al mismo candidato en un porcentaje superior al 94%. A pesar de esta fuerte cohesión, el candidato preferido por los negros perdió en todas las elecciones a pesar de que el candidato preferido por los negros pasó a una segunda vuelta en dos de esas elecciones».

La orden de la Corte Suprema (pdf) en el caso, se produjo el viernes a mediodía, revoca una decisión del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EE. UU., con sede en Atlanta, que habría permitido que las elecciones siguieran adelante. El alto tribunal consideró que el tribunal de circuito aplicó indebidamente la ley y le ordenó «reconsiderar si una suspensión en espera de la apelación es apropiada, sujeta a un criterio sólido equitativo».

El caso de la Corte Suprema es Rose contra Raffensperger, expediente judicial 22A136. La solicitud de anulación de la suspensión del tribunal de apelación que permitía el desarrollo de las elecciones fue presentada al juez Clarence Thomas, que supervisa el 11º Circuito. Thomas la remitió al pleno de la Corte Suprema, que emitió la orden. Ningún magistrado disintió de la orden sin firmar.


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