La Corte Suprema bloqueó el jueves la orden de la Administración Biden sobre la vacuna contra el COVID-19 para las empresas privadas, pero se negó a intervenir contra otra norma que exige que los trabajadores de la salud se vacunen.
En un fallo de 6 a 3, los jueces detuvieron la orden para todos los empleadores privados con 100 o más trabajadores, dictaminando que los estados y las empresas que impugnaron la norma probablemente tendrían éxito.
Los funcionarios del gobierno de Biden habían argumentado que la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de 1970 les daba la autoridad para imponer la orden, pero la mayoría de los jueces no estuvieron de acuerdo.
«Es probable que los demandantes tengan éxito sobre el fondo de su litigio de que el secretario carecía de autoridad para imponer la orden. Las agencias administrativas son seres de estatuto. Por lo tanto, solo poseen la autoridad que el Congreso ha proporcionado. El secretario ha ordenado a 84 millones de estadounidenses que obtengan la vacuna COVID-19 o se sometan a pruebas médicas semanales pagadas por ellos. Esto no es un ‘ejercicio cotidiano del poder federal’. En cambio, es una intromisión significativa en las vidas —y la salud-—de un gran número de empleados», escribió la mayoría en una opinión dividida.
El fallo fue emitido por los jueces John Roberts y Samuel Alito, designados por George W. Bush; Clarence Thomas, designado por George H. W. Bush; y los jueces Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, todos ellos designados por Trump.
Los jueces Breyer, designado por Clinton, y Sonia Sotomayor y Elena Kagan, ambas designadas por Obama, disintieron.
Escribieron en su desacuerdo que la ley en cuestión no limitaba los poderes del secretario de salud.
La mayoría «impone un límite que no tiene cabida en la ley», afirmaron.
«No es así», replicó la mayoría. «Es el texto de la Ley Orgánica de la agencia el que deja claro repetidamente que la OSHA está encargada de regular los riesgos ‘laborales’ y la seguridad y salud de los ‘empleados'».
La procuradora general Elizabeth Prelogar no discutió en un escrito que la OSHA se limita a regular los «peligros relacionados con el trabajo», sino que alegó que el riesgo de contraer el COVID-19 se califica como tal peligro.
«No podemos estar de acuerdo. Aunque el COVID-19 es un riesgo que se da en muchos lugares de trabajo, no es un peligro laboral en la mayoría. El COVID-19 puede propagarse, y de hecho lo hace, en el hogar, en las escuelas, durante los eventos deportivos y en cualquier otro lugar donde se reúna la gente. Ese tipo de riesgo universal no es diferente de los peligros cotidianos a los que todos enfrentan por la delincuencia, la contaminación del aire o cualquier número de enfermedades transmisibles. Permitir que la OSHA regule los peligros de la vida cotidiana —simplemente porque la mayoría de los estadounidenses tienen trabajos y se enfrentan a esos mismos riesgos mientras trabajan— ampliaría significativamente la autoridad reguladora de la OSHA sin una clara autorización del Congreso», dijo la mayoría.
El fallo significa que la orden está bloqueada mientras el caso vuelve al Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EE. UU., que anuló una suspensión que había sido impuesta por otro tribunal de apelaciones.
También el jueves, los jueces optaron por conceder la petición del gobierno de Biden de levantar las órdenes de los tribunales inferiores que bloqueaban su orden de vacunación para los trabajadores de la salud, que no contiene una opción de someterse a pruebas.
El Congreso concedió al secretario de Sanidad la facultad de promulgar, como condición para la participación de un centro sanitario en Medicare y Medicaid, los requisitos que «considere necesarios en interés de la salud y la seguridad de las personas que reciben servicios en la institución», dijo la mayoría.
Aunque nunca antes se había impuesto un requisito de vacunación, «estamos de acuerdo con el gobierno en que la norma del secretario entra dentro de las facultades que el Congreso le ha conferido», añadieron.
Los jueces afirmaron falsamente que vacunarse contra el COVID-19 «reduciría sustancialmente la probabilidad de que los trabajadores sanitarios contrajeran el virus y lo transmitieran a sus pacientes», lo que no concuerda con los estudios y datos del mundo real sobre el efecto de la vacunación contra la variante ómicron del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
«La norma, por tanto, encaja perfectamente en el lenguaje del estatuto. Después de todo, garantizar que los proveedores tomen medidas para evitar la transmisión de un virus peligroso a sus pacientes es coherente con el principio fundamental de la profesión médica: primero, no hacer daño. Sería ‘lo más opuesto a una administración eficiente y eficaz que un centro que se supone que debe curar a la gente la enfermara con COVID-19′», dijeron.
En el fallo de 5-4 Roberts y Kavanaugh se unieron al trío de jueces designados por los demócratas, mientras que Thomas ofreció un disentimiento al que se unieron Alito, Gorsuch y Barrett.
Thomas dijo que el gobierno no había presentado un caso sólido que probablemente tuviera éxito en el caso, argumentando que la administración no estableció que la Ley de Medicare o cualquier otra ley le da la autoridad para imponer una orden de vacuna para que las instalaciones participen en Medicare o Medicaid.
«Estos casos no son sobre la eficacia o la importancia de las vacunas COVID-19. Son solo acerca de si el CMS tiene la autoridad legal para obligar a los trabajadores de la salud, coaccionando a sus empleadores, a someterse a un procedimiento médico que no quieren y no pueden deshacer. Debido a que el gobierno no ha demostrado de forma contundente que el Congreso haya otorgado a los CMS esa amplia autoridad, yo denegaría las suspensiones pendientes de apelación. Disiento respetuosamente», dijo Thomas.
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