La Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que una parte fundamental del programa estatal de vales escolares es inconstitucional, lo que paraliza un intento de ayudar a las familias con bajos ingresos a pagar la matrícula de los colegios privados.
La decisión de la corte por 3-2, emitida el 11 de septiembre, determinó que la Ley del Fondo Fiduciario de Becas Educativas (ESTF, por sus siglas en inglés) viola la Constitución del estado al destinar fondos públicos a instituciones educativas privadas.
«Hoy sostenemos que los peticionarios han demostrado que no existe una aplicación fáctica en la que sea constitucional que los fondos del ESTF se utilicen para la matrícula en instituciones educativas privadas», declaró la opinión mayoritaria.
Convertida en ley en marzo de 2023 por el gobernador Henry McMaster, la Ley ESTF permitía que hasta 5000 estudiantes recibieran becas de 6000 dólares para gastos educativos, incluida la matrícula en escuelas privadas. La sentencia pone fin a estas becas de inmediato, obligando a algunos estudiantes a reevaluar sus planes educativos a mitad de semestre.
La corte consideró que la Ley ESTF infringe el artículo XI, sección 4, de la Constitución de Carolina del Sur, que prohíbe el uso de fondos públicos en beneficio directo de escuelas privadas.
En la opinión mayoritaria, el juez Gary Hill se opuso a una disposición de la ley que permite pagos de becas ESTF para ‘matrícula y cuotas para un proveedor o curso de servicios educativos online no públicos aprobados. También prohibimos al Departamento desembolsar las becas ESTF para la matrícula y cuotas de proveedores de servicios educativos no públicos».
En una opinión disidente, el presidente de la Corte Suprema, John Kittredge, argumentó que la Ley ESTF proporciona un beneficio indirecto, y por tanto constitucional, a las escuelas privadas.
«Si bien se trata de fondos públicos», escribió, «los fondos no fluyen directamente del tesoro del Estado a las escuelas privadas … más bien, el programa ESTF da a los estudiantes y a sus padres el control, ya que sólo ellos eligen dónde gastar los fondos asignados».
«Estoy firmemente convencido de que la Ley ESTF proporciona un beneficio indirecto y es claramente constitucional», dijo Kittredge. Acusó a la mayoría de perturbar el proceso legislativo y perjudicar a los estudiantes que se beneficiaban del programa.
La sentencia se dictó en respuesta a una demanda presentada por seis padres de escuelas públicas, junto con la Conferencia Estatal de Carolina del Sur de la NAACP y la Asociación de Educación de Carolina del Sur (SCEA), en octubre de 2023. Los demandantes argumentaban que la ley era inconstitucional porque permitía el uso de fondos públicos en beneficio de escuelas privadas.
«Nuestras escuelas públicas ya carecen de recursos suficientes, por lo que no tiene sentido utilizar los vales escolares para dividir nuestros limitados fondos estatales entre las escuelas públicas y las escuelas privadas que no rinden cuentas», dijo Candace Eidson, una madre de las escuelas públicas del condado de Greenville y una de las demandantes en el caso, en el momento en que se presentó la demanda.
La presidenta de SCEA, Sherry East, añadió: «Nuestra constitución refleja el compromiso vinculante de que los recursos de nuestro estado deben utilizarse para financiar íntegramente nuestras escuelas públicas, que sirven a todos los estudiantes. [La Ley ESTF] es una clara violación de nuestra Constitución estatal. No puede quedar impune».
Los partidarios de la Ley ESTF, como la representante estatal April Cromer, republicana, se comprometieron a seguir abogando por la elección de escuela.
«El fallo de hoy de la Corte Suprema del SC es profundamente decepcionante. Esta decisión representa un revés para las familias de nuestro estado que merecen más opciones y oportunidades en lo que respecta a la educación de sus hijos», escribió en un posteo en X.
El gobernador de Carolina del Sur también expresó su frustración con el fallo, diciendo en un comunicado que la decisión de la corte «puede tener consecuencias devastadoras para miles de familias de bajos ingresos que dependían de estas becas para la inscripción de sus hijos en la escuela el mes pasado».
McMaster también advirtió que el fallo podría afectar a otros programas educativos financiados por el estado, incluyendo el jardín de infancia de 4 años y becas para estudiantes que asisten a colegios y universidades históricamente negros.
«Por estas razones, y más, vamos a solicitar a la corte que reconsidere rápidamente esta decisión, para que los niños de familias de bajos ingresos puedan tener la oportunidad de asistir a la escuela que mejor se adapte a sus necesidades», dijo el gobernador.
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